Como un mar de fondo que avanza a un ritmo inquietante, las cifras de desempleados a nivel regional aumentan en cada informe del INE, sin que se aprecie de las autoridades económicas una reacción contundente, a la altura de la preocupación que generan estos indicadores. Quizás la emergencia de los incendios estresó a los personeros de la seremi de Economía y demás reparticiones vinculadas al área productiva, al punto de no poder abocarse a resolver este problema, pero la Región requiere con urgencia que las autoridades salgan de su parálisis y propongan planes de acción concretos, antes que la cesantía y la informalidad laboral se instalen como fenómenos estructurales irreversibles.

Un desglose del documento elaborado por el INE para el periodo noviembre 2023-enero 2024, permite observar que el desempleo es particularmente preocupante en las comunas del Gran Valparaíso, donde escaló hasta el 10,5%, superando la "barrera psicológica" de los dos dígitos, en un periodo que históricamente ha sido muy dinámico en la creación de puestos de trabajo. Esto significa que, a contrapelo de todas las expectativas, en esos tres meses hubo 13 mil ocupados menos que igual trimestre del periodo anterior, cuando el ambiente económico todavía se encontraba dominado por la incertidumbre pos pandemia. ¿Qué pasará cuando el INE haga el informe de febrero, que debe tomar en cuenta el impacto del megaincendio? Y más allá de las medidas específicas para atender a las empresas afectadas por esta catástrofe, ¿qué tienen previstas las autoridades económicas para frenar o, al menos, ralentizar estos números tan preocupantes?

Con todo, la actual situación económica es sólo el reflejo de las actitudes y decisiones tomadas en el pasado, entre ellas la reticencia de los actuales alcaldes del Gran Valparaíso frente a casi cualquier gran proyecto de inversión en sus comunas. Revertir ahora el problema gatillado, en parte, por una mirada obsecada contra la iniciativa privada en casi cualquier ámbito va a requerir algo más que un simple cambio de actitud. Se necesitan acciones concretas, no simples señales, para que el sector privado vuelva a encontrar un ambiente propicio para la inversión y reactive el crecimiento que ahora todos echan de menos.

A Paola Cornejo y Nicole González, asistentes administrativas de Quilpué y de La Calera, respectivamente, quienes perdieron sus viviendas en el dantesco incendio registrado en Viña del Mar, en El Olivar y Villa Independencia, dedicamos fraternalmente nuestro aniversario institucional.

El 10 de marzo de 2001 se publicó en el diario oficial la Ley 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública. En una de las 19 páginas quedó plasmada la planta del personal y el sistema mixto de prestación de los servicios de defensa penal pública.

Ambas forman parte de nuestras raíces, identidad e historia. Paola se desempeña como funcionaria en la Defensoría Local de Quilpué y Nicole trabaja en una defensoría licitada de La Calera.

Ellas integran un equipo de personas que en este nuevo aniversario institucional ratifica el compromiso de cumplir a cabalidad nuestra misión: proporcionar defensa penal de alta calidad a todas las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, a través de un sistema mixto público-privado, velando por la dignidad y los derechos humanos de nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia a aquellos en situación de especial vulnerabilidad.

En medio de las ruinas de sus casas, luchan nuestras compañeras de labores. Lo hacen con el ímpetu de tener la convicción y voluntad de salir adelante. Esa energía y entrega es la que han demostrado en sus trabajos en la Defensoría Regional de Valparaíso para aportar desde sus roles a mejorar el acceso a la justicia de las personas que representamos en los tribunales de garantía y orales de la región.

Nuestro equipo está conformado por personas de diferentes edades, profesiones, género, creencias e ideas políticas, pero unidas en los valores de la misión y visión de la Defensoría Penal Pública. Juntos hemos logrado un estilo de hacer las cosas que dos veces no ha permitido ser elegidos como un servicio de excelencia, siempre orientado a brindar una atención de calidad y especializada a los usuarios desde la primera audiencia de control de detención y hasta la ejecución de la sanción o condena.

Nuestro lema sin defensa no hay justicia representa esperanza y justicia para miles de ciudadanos de nuestro país que se sienten confiados al alero de nuestro escudo protector de derechos y garantías.