Labor de las FF.AA. en la seguridad
Algunos parlamentarios oficialistas se han adherido a la idea de asignar a las Fuerzas Armadas un nuevo rol de resguardo público.
Una serie de homicidios ocurridos en distintas comunas del país repuso la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden público. Lo diferente de este caso es que algunas de las voces que piden mayor protagonismo de los efectivos armados provienen del Frente Amplio, alcaldes y parlamentarios, quienes al proponer la idea terminan por alinearse con el proyecto del gobierno sobre resguardo de infraestructura crítica -el que hasta hace poco rechazaban- y se alejan de esos días de estallido social y jornadas de campaña, cuando renegaban de cualquier rol militar en el mantenimiento de la seguridad entre la población civil. Como la ola delictual se repite con especial encarnizamiento en la Región de Valparaíso, donde llevamos siete homicidios en las últimas dos semanas, el diputado Tomás de Rementería (Ind. en bancada PS), apuesta a la implementación de nuevos mecanismos para reducir los niveles de criminalidad y para ello propone "la instauración de un sistema de infraestructura crítica, mediante el cual las FF.AA. puedan cuidar lugares clave, como el terminal de buses o la Feria Caupolicán, en Viña del Mar, o el Cardonal en Valparaíso". El senador Juan Ignacio Latorre (RD) agrega que "toda colaboración de las FF.AA. en zonas urbanas debe estar mediada por las reglas de uso de la fuerza". Sin embargo, no hay que perder de vista que la materialización de aquellas propuestas que buscan dar un rol permanente a las FF.AA. en el resguardo y seguridad de actividades públicas, implica una desnaturalización de su función como efectivos que entran en este tipo de responsabilidades solamente bajo condiciones extraordinarias, que requieren procedimientos formales en los cuales interviene más de un poder del Estado. Además, dichas acciones no tendrán el efecto deseado si no se dota a las policías de más y mejores recursos para realizar sus labores de control e investigación, así como si no se entrega al Ministerio Público los recursos necesarios para fortalecer la persecución penal de las bandas criminales que cometen los delitos de mayor impacto, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico y grupos extranjeros. Plantear esta idea como una medida aislada y de emergencia ante la falta de un plan integral más robusto contra la delincuencia revela el grado de improvisación que, lamentablemente, ha caracterizado las políticas implementadas por el oficialismo en este tema.