En un contexto adverso, marcado por las protestas levantadas por los damnificados de la zona cero para reclamar por la falta de soluciones a sus problemas de habitabilidad, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, presentará hoy al Comité de Ministras y Ministros para la Reconstrucción el plan definitivo para la rehabilitación de los barrios devastados en el megaincendio del 2 y 3 de febrero. La responsabilidad del comité, que también integran los secretarios de Estado del Interior y Seguridad Pública, Hacienda, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, y Agricultura, además del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, será dimensionar la magnitud de la tragedia y sancionar los mecanismos de financiamiento que permitirán recuperar la vida urbana de aquellas zonas que hoy están en el suelo.

Las expectativas son altísimas, porque lo que hoy sancione el comité va a determinar el trabajo de los próximos cinco años y el impacto de sus anuncios puede marcar la campaña municipal que está a pocos meses de comenzar. Tiene razón el ministro Carlos Montes cuando advierte que este proceso no puede sobrepolitizarse ni caer en las trampas de una disputa electoral, pero el Gobierno, sus autoridades regionales y las alcaldesas involucradas deben entender que este paradigma debe regir para todos los involucrados y no puede de ninguna manera clausurar el debate y la crítica pertinente cuando están en juego la efectividad y eficiencia del proceso de reconstrucción. Lo paradójico de todo esto es que el desafío del Gobierno no es emular o mejorar los procesos de reconstrucción aplicados por administraciones anteriores en otros eventos catastróficos, sino superar sus propias limitaciones técnicas, descoordinaciones y cambios de idea, para proponer un plan de trabajo capaz de construir algo parecido a un legado. Aunque se extenderá más allá de su administración, lo que se proponga hoy será recordado como el plan de Boric para el megaincendio de 2024.

La globalización es un fenómeno complejo, que afecta nuestras vidas de formas que a veces ni siquiera notamos. Junto a sus innumerables beneficios, también tenemos consecuencias negativas, contra las cuales es difícil luchar aislada o localmente. Sólo en el campo de la educación se plantean múltiples desafíos, ante la necesidad de formar ciudadanos capaces de desempeñarse en ambientes diversos, multiculturales, innovadores, sin perder de vista la dignidad humana, el respeto al otro/a y los derechos humanos.

En este contexto, las universidades públicas latinoamericanas, alejadas de las tendencias mercantilistas y competitivas que amenazan la misión y sentido de la educación superior, encontraron una respuesta para seguir haciendo aportes en favor de sus respectivas comunidades: los procesos de internacionalización, que les dan una oportunidad para priorizar una agenda común sobre nuestras problemáticas comunes. La cooperación sur-sur está posibilitando que se priorice la construcción de esa agenda común en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, a partir de un cambio de paradigma: pensar en lo local para actuar en lo macrorregional y global.

Por ejemplo, resulta muy significativa la experiencia de la Universidad de Playa Ancha, gracias a su participación en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), que renueva año a año una agenda de política universitaria que comparten 41 universidades de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El intercambio de estudiantes de pre y posgrado, la movilidad multilateral de académicos, las jornadas de jóvenes investigadores, el trabajo sostenido de sus comisiones permanentes, comités académicos y núcleos disciplinarios se ha venido potenciando con los avances tecnológicos y la virtualidad.

Hay que mencionar que, en la actualidad, la internacionalización también se produce en casa, con clases híbridas, virtuales y clases espejo o COIL (Collaborative Online International Learning), nuevos métodos de enseñanza remota e interactiva que amplían los horizontes de la solidaridad y el trabajo en equipo, donde profesores y estudiantes experimentan una educación colaborativa, con diálogos interculturales y espacios de participación sincrónica y asincrónica, en el marco de programas de estudio compartidos.

En este quehacer hay un sentido de integralidad que reactualiza el "Grito de Córdoba", el movimiento de reforma universitaria que nació en esa ciudad argentina en 1918 y tuvo alcance mundial. Parece necesaria una tercera reforma, que impulse la interdependencia entre docencia, investigación y la vinculación con las comunidades y los territorios. Así podremos enfrentarnos -juntos- a los devastadores efectos globales de pandemias, cambio climático, crisis hídrica, megaincendios y otros males que impactan con mayor fuerza a los sectores populares y profundizan las desigualdades.