Una tormenta política que arrastró hasta al Gobierno desató el senador del Partido Comunista Daniel Núñez, quien advirtió de un "quiebre brutal" de las confianzas en el Senado producto de la ruptura del acuerdo administrativo que había entre el oficialismo y parte de la oposición y que dibujó un nuevo escenario donde -a su juicio- las reformas que impulsa el Gobierno "corren riesgo". Por ello, llamó al Ejecutivo a "convocar a la presión de la ciudadanía" en favor de sus propuestas programáticas.

"Después de lo ocurrido, las reformas corren un riesgo enorme", alertó Núñez en CNN Chile. Y recordó que para el segundo periodo "a pesar de las enormes diferencias que tengo con él, voté a favor de Juan Antonio Coloma (UDI) para presidente del Senado. Ahora le correspondía al PPD y eso se incumplió".

En ese marco, "evidentemente la posibilidad de generar un debate, un diálogo para tomar acuerdos en otras materias es muy difícil. Yo creo que el Gobierno tiene que asumir ese desafío, tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque hoy día en el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal. Vamos a tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales. Esto es parte de la democracia. Y no me digan que soy violentista por decir que la gente tiene derecho a manifestar su opinión'".

Gobierno se desmarca

Ante el llamado desde su pacto original, que incluye al PC y el Frente Amplio, La Moneda optó por desmarcarse. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), aclaró que "al Gobierno no le compete, ni le corresponde en ningún caso convocar a ningún tipo de presión".

La autoridad aclaró que "al Gobierno lo que le corresponde es gobernar, y eso es lo que hacen el Presidente Gabriel Boric y su gabinete. Al Gobierno lo que lo motiva es convocar acuerdos. Los acuerdos son con la política y también con la ciudadanía. Los acuerdos requieren mayoría política, pero también requieren consenso social".

Enfatizó que "el Gobierno va a seguir trabajando en convocar grandes acuerdos que convoquen a la política, pero también convoquen a la ciudadanía".

Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respaldó los dichos de su senador pues "él ha expresado una mirada que tenemos los comunistas frente al desarrollo de las fuerzas que, en la política, ayudan a construir correlaciones favorables para reformaciones, para mejorar la vida".

Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) planteó que "dado que somos minoría política en el Parlamento, tenemos que disputar la mayoría social"; y mientras el Partido Socialista mostró opiniones contrapuestas, el PPD rechazó sus dichos a través del diputado Raúl Soto, quien dijo que Núñez "se equivoca" y llamó al Ejecutivo a "mejorar la gestión pública, recuperar la confianza, el diálogo y los acuerdos".

"Riesgo real"

Desde la oposición cuestionaron duramente al PC.

"Cuando estas movilizaciones las incentiva el PC, sabemos en lo que terminan; (ya) que celebra las movilizaciones violentas. Y eso es un riesgo real, objetivo. En este caso está asociado a imponer una política pública de una sola manera, y creo que eso está bastante cerca de lo que hace la dictadura", acusó la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y presidenciable de la UDI, reprochó que el planteamiento haya surgido de un parlamentario oficialista, "estando dentro de ese propio Gobierno. Nos ha costado tanto volver a estabilizar Chile después del estallido social, que no puedo creer nuevamente este tipo de irresponsabilidad. Una gran pena por Chile".

La Corte Suprema se manifestó abierta a una revisión del proceso de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial, en medio de la polémica generada por la posible injerencia del abogado Luis Hermosilla en decisiones de este tipo como las elecciones de Jean Pierre Matus en la Corte Suprema y Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago..

A través de una declaración pública, se recalcó que "la Constitución Política de la República contempla la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema, correspondiendo al Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación. En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento".

"Sin perjuicio de lo anterior, conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones. En torno a este punto, el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas", destacó el texto.

El documento continúa indicando que "en el mismo sentido, esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el Proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes".