Promulgada a comienzos del presente siglo, la Ley 20.019, que busca regular las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, prometía llevar al fútbol chileno hacia administraciones eficientes, control con fiscalizaciones externas y responsabilidad jurídica y financiera en los clubes.

Sin enjuiciar el derrotero que han seguido las instituciones, es posible constatar la entrada, con mayor o menos suerte, de actores privados, como alguna vez lo fue el fallecido ex Presidente Piñera en Colo Colo; el despersonalizado fondo de inversión que está detrás de la Universidad de Chile; el Grupo Pachuca de México en Everton; o el empresario Nicolás Ibáñez en Santiago Wanderers, cuya presencia terminó por distanciar a la barra, a los simpatizantes y a la ciudad del club caturro.

Después del estallido social y la pandemia, con un breve interregno encabezado por el abogado Rafael González Camus, el histórico empresario microbusero Reinaldo Sánchez volvió a tomar las riendas del club, tras su expulsión como socio por su presunta responsabilidad en la deficitaria gestión del club que presidió entre 1992 y 2001.

A su conocido estilo apatronado pero ejecutivo, se agregaba la historia de un humilde hombre de esfuerzo, ninguneado de la forma más clasista posible por Eduardo Bonvallet. Fue responsable de la última gran alegría real de los verdes, cual fue el título nacional de 2001, lo que incluso lo catapultaría a presidir la ANFP un año más tarde, ente en el cual tuvo la visión de crear, junto a Jorge Claro, el millonario Canal del Fútbol.

Por lo mismo, su regreso a Santiago Wanderers ilusionó a tantos. Sin embargo, el club se politizó más de la cuenta, con la inclusión en el directorio del propio González (hoy precandidato a alcalde de la ciudad por la extrema derecha) y del actual vicepresidente democratacristiano Gianni Rivera, quien renunció en los últimos días dejándole un mensaje no muy amistoso a su excolega.

Junto a ello, Sánchez debió hacer frente a la crisis del transporte público, instancia en la cual su empresa Viña Bus es apuntada con el dedo por las autoridades, entre ellas el diputado comunista Luis Cuello y el alcalde Jorge Sharp, quienes han desafiado al empresario cuando éste se ha quejado por la inseguridad que viven sus choferes y garitas. El parlamentario volvió a cruzarse esta semana con su hijo Andrés Sánchez.

Hace menos de un año habían robado a su nieto Matías. Ahora fue el turno del propio Reinaldo Sánchez en Reñaca Alto, al ser atacado por delincuentes que le propinaron un violento golpe en la cabeza, por lo que acabó internado de urgencia. Algunos meses atrás, el empresario también fue agredido en su vehículo tras un partido en Quillota, ciudad donde Wanderers suele ejercer de local al no tener llegada con la Delegación Presidencial Regional para usar el Estadio Elías Figueroa.

Con el club estacionado en la Primera B, la barra molesta, su empresa de buses severamente cuestionada, la clara animadversión de las autoridades de turno, su clara identificación política, y la galopante delincuencia, Reinaldo del Carmen Sánchez está hoy demasiado expuesto.

Las autoridades deben bajar un cambio en esta disputa. No sea cosa que terminemos lamentando no haber levantado las alarmas a tiempo.

A partir del 2009, se conmemora cada 31 de marzo el Día de las Regiones, efeméride que tiene por finalidad concientizar sobre la importancia de la descentralización regional. Curiosamente, ese mismo año se aprobaron dos reformas constitucionales que profundizaron el proceso de descentralización en sus dimensiones política y administrativa. Por un lado, se consagró la elección directa de los consejeros regionales -autoridades que antes eran nombradas por los concejales comunales-. Por otro lado, se habilitó la creación de un procedimiento para que el Presidente transfiera competencias a las regiones vía decreto supremo, en materias de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural.

A dos años de su inicio, el gobierno está inmerso en una situación incómoda, con un balance que deja mucho que desear. El déficit de gestión es notorio, y a ello se le suma una posición minoritaria en un Congreso que cada vez le será más hostil a medida que se acerca el calendario electoral. Ya es prácticamente un hecho que, en materia legislativa, el Presidente tendrá pocas cosas memorables que mostrar en comparación a sus antecesores; y, de paso, habrá muchas promesas incumplidas.

En este contexto, una agenda descentralizadora robusta es una vía interesante que le ofrece al Ejecutivo una válvula de escape, una posibilidad de proyectar algo así como un "legado regional". Para ello, no necesita de una gestión pública descollante cuyos resultados a veces se reflejan en un mediano plazo, ni tampoco de la articulación de mayorías parlamentarias. Como se dijo al inicio, el Mandatario tiene la posibilidad de transferir competencias a las regiones a través de decretos supremos, bypaseando al Congreso Nacional.

Ahora bien, la oportunidad del gobierno de tener un rol protagónico en este asunto se ve favorecida por una cuestión que, en nuestra región, debiera alarmarnos. Me refiero a la poca proactividad de los gobernadores regionales. Y es que las últimas reformas fueron pensadas justamente para que estos tomaran la iniciativa. De hecho, la Ley 21.074 permite a los gobiernos regionales solicitar formalmente atribuciones al nivel central, forzando un mecanismo para ello. Sin embargo, esta prerrogativa tiene un límite: debe utilizarse dentro de los dos primeros años de cada período presidencial. El plazo aludido terminó el 11 de marzo recién pasado, y contrario a lo pronosticado en la tramitación de las reformas aludidas, las regiones jamás utilizaron el mecanismo que la ley puso a su disposición; no pidieron formalmente ninguna competencia al nivel central. En cambio, estas apostaron al activismo a través de la Asociación de Gobernadores Regionales, utilizando una plataforma privada como caja de resonancia de las quejas contra el centralismo, replicando la inercia de siempre.

Así las cosas, todo avance en materia de descentralización vuelve a depender del impulso del gobierno central. Irónicamente, es esa misma inercia centralista la que le abre una posibilidad al Presidente Boric de dejar un legado regional que podría potenciarse si además logra aprobar el proyecto de ley "regiones más fuertes". Por cierto, no se parecerá ni de lejos a esa constitución plurinacional que soñó firmar y, con ello, dejar su nombre inscrito en las páginas de oro de la historia chilena. Pero, en días como el de hoy, seguramente muchos lo valoraríamos como un avance genuino en favor de la descentralización, lo que no es poco.

Qué duda cabe de la grave crisis de seguridad en que se encuentra inmerso el país y especialmente nuestra región. No por nada entre el 2022 y el 2024 ya se han cometido más de 1.800 homicidios en Chile. De ahí que las policías y las FF.AA. requieran herramientas legales claras y potentes para poder enfrentar las evidentes amenazas cuando son llamadas a cumplir dicha misión, las primeras de forma permanente, las segundas de modo excepcional.

El proyecto sobre reglas de uso de la fuerza (RUF) del Presidente Boric no cumple ni satisface con ese mínimo de resguardo para las referidas instituciones. En efecto, la iniciativa legal las obliga pero no las protege: restringe derechos, incorpora ambigüedad e introduce ideología. Restringe derechos porque reduce indirectamente el espacio de aplicación de los eximentes de responsabilidad actuales presentes en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, incluida la Ley Naín-Retamal. Todo el proyecto -y las nuevas indicaciones- giran en torno a la aplicación de las armas por parte de los institutos armados cuando existe una amenaza o agresión actual o inminente a la vida o la posibilidad de provocar lesiones graves. Sin embargo, la actual regulación penal permite actuar no sólo en esas hipótesis, sino en muchas otras, como por ejemplo en el caso de afectación de bienes, de fuga, cumplimiento de una orden judicial, cumplimiento del deber o de la consigna. El artículo 10 N° 4, 5, 6 y 10 del Código Penal y los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar son un ejemplo de ello. Tampoco son establecidas expresamente cada una de ellas en el mismo proyecto, omitiendo deliberadamente algo esencial.

Incorpora ambigüedad, porque toda la actuación de las FF.AA. y policías debe ser no sólo conforme a la Constitución y las leyes -lo cual es correcto-, sino también se exige por el proyecto que sea "en consonancia y proporción al interés público que la justifica". ¿Qué significa "consonancia y proporción al interés público"? La expresión es tremendamente ambigua y lejos de fortalecer la labor policial y de las FF.AA., lo que tendrá como consecuencia será la discrecionalidad de la interpretación del juez de turno, por ende, el desfile de nuestros funcionarios policiales y militares en procesos penales. La regulación penal no puede ni debe ser ambigua ni confusa.

Por último, introduce ideología desde dos planos: el primero, desde la fundamentación del proyecto que se instala con desconfianza hacia nuestras FF.AA. y policías, fiel sentir del PC y del FA. El segundo, desde la técnica legislativa, donde se incorporan normas como la inexplicable enmienda del Ejecutivo que establece una regulación diferenciada de la fuerza si el delincuente es migrante o de un origen étnico particular. Se debe entender de una vez por todas que el cuidado de nuestras FF.AA. y nuestras policías es esencial para nuestra democracia y la garantía de los derechos fundamentales.