En Chile, con una población penal de aproximadamente 50 mil reclusos, hay alrededor de 15 mil funcionarios de Gendarmería asignados a diversas funciones, incluyendo oficiales, suboficiales (responsables de la custodia directa en las cárceles) y personal civil. Todos ellos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad dentro de las instalaciones penitenciarias.

En el contexto actual, existe preocupación por posibles motines, toma de rehenes y huelgas de hambre entre los internos debido a la inminente implementación de inhibidores de señal de celulares. El Gobierno informó que estos dispositivos se instalarán en Santiago 1 y en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría) a modo de prueba, para luego avanzar al resto del país.

Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), explica que para ellos este eventual estallido penitenciario no representa una novedad, ya que enfrentan crisis y amenazas todos los días. Y aunque reconoce que la introducción de tecnología es un aporte a su labor e incidirá en la reducción de delitos originados en las cárceles, reconoce la contradicción de que algunos reclusos tengan acceso a teléfonos, siendo responsabilidad de Gendarmería que eso no ocurra.

"La tenencia de celulares es un tema complejo", dice Jaque. "Hay que considerar que las cárceles hoy están al interior de los radios urbanos, donde es fácil que, a través de lanzamientos sobre la muralla, se coordine el envío de elementos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares. Son muchos los factores. Tampoco hay que desconocer que hay funcionarios, lamentablemente, involucrados, de los cuales no nos sentimos orgullosos, todo lo contrario. Queremos que, en lo posible, ante ese tipo de situaciones nuestra institución aplique todas las medidas administrativas que corresponden, porque el actuar de esos pocos avergüenza a la mayoría de los funcionarios que realizan una gran labor. Ahora, la incorporación de esta tecnología por cierto que ayuda y mejora nuestras condiciones de trabajo. Entenderá que para la población penal que tenemos no es posible que tengamos hombres en todos los rincones de la cárcel. Necesitamos que en el ingreso a las unidades penales, en el funcionamiento diario, tengamos la mayor tecnología para que nos ayude en nuestra función", agrega.

-Sobre este tema, ¿cómo están preparados para eventuales motines? Imagino que están en alerta.

-Gendarmería siempre está en alerta. El trabajo de riesgo es constante, todos los días hay situaciones de crisis en las distintas unidades penales y el personal de Gendarmería sabe resolverlo muy bien, de manera contundente y profesional. Esperamos también tener el apoyo político respecto a que, si eventualmente se produce una situación de crisis ante el funcionamiento de estos inhibidores, Gendarmería tiene los grupos especializados para actuar. El personal que trabaja en las unidades penales está preparado para hacerle frente a las crisis y en ese sentido hay que tener un actuar decidido nomás y las amenazas no pueden hacer retroceder un mecanismo que es más que necesario para contribuir a la seguridad de la ciudadanía. Sabemos la cantidad de delitos que se cometen desde las unidades penales así que no se puede retroceder ante este tipo de amenazas.

-¿Cómo ha cambiado el perfil de los reclusos la nueva población penal, con migrantes, bandas de crimen organizado?

-Ha habido un cambio en el comportamiento en algunas partes de la población penal, en la medida que ha ido creciendo esta población con internos de otra nacionalidad, que tienen una cultura distinta a nivel criminal. Eso ha significado que han intentado instalar su cultura al interior de nuestras unidades penales con la población penal, no así con lo que respecta al personal de Gendarmería. La institución sigue manteniendo el control de las unidades penales.

-¿Cómo ha afectado la convivencia en las cárceles el crimen organizado?

-Ahí opera mucho respecto de quien tiene mayor poder adquisitivo, y que tenga la posibilidad de someter a otro interno a ciertas situaciones. Desde el punto de vista ciudadano, institucional, la posibilidad que tengan algunas bandas de seguir operando desde el interior de las unidades penales tiene que ser una preocupación de Estado y hay que hacerle frente. Creo que esa es la preocupación que hoy existe, sumado también al hacinamiento que se ha prolongado en los últimos años por el crecimiento exponencial que ha tenido la población penal y donde se sigue manteniendo la infraestructura que es bastante precaria, y en Chile no se ha avanzado mucho en esa materia. Eso complejiza bastante nuestra la labor, sobre todo porque para esa delincuencia más dura lo que debiera operar es un régimen diferenciado respecto a esa población que tiene menor contagio criminal o son primerizos.

-¿Por régimen diferenciado se refiere a que estén en otro establecimiento, separado de la población primeriza?

-Claro. Hace unos días incluso el ministro de Justicia reconoció que el país debiese avanzar en tener una cárcel de máxima seguridad. Las autoridades ya están reconociendo que efectivamente hay una población penal de mayor compromiso delictual a la que debiera dársele un trato diferenciado respecto de quien tiene menor contacto criminológico, pero, bueno, sabemos lo que cuesta construir una cárcel. En los últimos años tenemos solamente La Laguna, que debiese entrar en operación este año, pero en materia de infraestructura todo está atrasado. Hoy día la segmentación es bastante precaria. Tratamos de hacer todos los esfuerzos por mantener la mayor segmentación posible.

-La Agech ha denunciado deficiencia en infraestructura, problemas sicológicos de los funcionarios, sobrepoblación penal con el mismo personal de gendarmería y otros problemas. Con un escenario tan adverso, ¿cuánto se puede confiar en el control que ejerce Gendarmería en las cárceles?

-Gendarmería tiene el control de las cárceles, a pesar de todas las precariedades que hemos denunciado durante muchos años. Lo que pasa es que la delincuencia ha avanzado y la persecución penal es muy importante para la gente, pero no se ha invertido en el sistema penitenciario, no se han mejorado las condiciones laborales de los funcionarios, no hay apoyo sicológico en un trabajo que es bastante estresante. Aun así, el personal de Gendarmería es altamente comprometido con su función pública y sigue manteniendo un control de las cárceles. A nivel latinoamericano somos uno de los servicios penitenciarios con mayor cumplimiento de la privación de libertad, así que en ese sentido nos sentimos tremendamente orgullosos de la función que realizan nuestros funcionarios. Sabemos que, si no se toman las medidas a tiempo, si no se toma en serio la función que realiza Gendarmería de Chile, esperemos que en el corto plazo esta situación no vaya a cambiar. Hoy el control es de Gendarmería, pero necesitamos el apoyo del Estado: necesitamos que se entreguen recursos, equipamiento, móviles, que se mejore la infraestructura, se mejore la carrera del personal. Nosotros no estamos al debe con el Estado, hemos cumplido nuestra función. Es el Estado el que ha sostenido el abandono durante mucho tiempo con el sistema penitenciario y con su personal.