El litio, ese metal ligero y escaso, se ha erigido como un pilar de la economía mundial. Impulsado por el auge de la electromovilidad, los dispositivos móviles y las soluciones de almacenamiento de energía, su demanda no hace más que crecer. En este escenario dinámico, la disputa entre los tradicionales controladores de SQM y Tianqi, empresa global china con cerca del 23% de participación en SQM, plantea un complejo tablero de consecuencias económicas, geopolíticas y sociales.

Por lo mismo, las recientes declaraciones del CEO de Tianqi, Frank Ha, y la respuesta del presidente del directorio de SQM, Gonzalo Guerrero, han generado inquietudes entre los inversionistas extranjeros que podrían ser cruciales al momento de tomar decisiones de inversión en Chile.

La participación en directorios de empresas reguladas por la ley de sociedades anónimas y con mayor razón su ejercicio como presidente, imponen un marco claro y fundamental para el funcionamiento de la institucionalidad empresarial. Por lo mismo, surge la duda de si en este caso se ha pasado por alto, entre otros, el deber de imparcialidad establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, específicamente en el artículo 39: "Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes, no pudiendo faltar a éstos y a aquélla a pretexto de defender los intereses de quienes los eligieron".

Es claro que los directores de una empresa como SQM y de cualquier empresa regulada por la misma ley deben velar por el interés de todos sus accionistas y no sólo de algunos. Al entrar en una disputa abierta con uno de sus accionistas, el presidente de la Compañía toma partido público por una posición en particular, generando varias interrogantes: ¿se ha puesto en riesgo la confianza en la gestión de SQM debido a la falta de imparcialidad en las declaraciones de Guerrero? ¿Podrían estas declaraciones afectar la percepción del clima de inversión en Chile, especialmente en el sector del litio?

¿Existe información equitativa respecto de los contenidos del acuerdo que se trabaja entre SQM y Codelco? ¿O el acceso limitado a la información ha sido sólo para los accionistas no controladores en los que también se encuentran los fondos de pensiones?

El Estado que negocia a través de Codelco no puede mantener una mirada indiferente ante esta disputa; un acuerdo cuestionado terminará siendo un mal acuerdo para el país. Es fundamental que las autoridades y las empresas involucradas brinden claridad y transparencia sobre este tema.

En este escenario, desde una mirada económica y política que pueda asegurar un acuerdo viable y al servicio del país en el corto y largo plazo, parece fundamental que las autoridades chilenas revisen la situación y tomen las medidas necesarias para asegurar la transparencia y la certeza jurídica e institucional; y que se establezcan mecanismos de diálogo y colaboración entre el gobierno, las empresas y los inversionistas extranjeros para abordar las inquietudes existentes.

La confianza es un elemento fundamental para un desarrollo sostenido y sostenible.

En los últimos años, la seguridad se ha transformado en uno de los principales temas a los que nos enfrentamos como sociedad; las propuestas van y vienen, algunas con sentido y otras tantas, más con efectos propagandísticos que acciones concretas. Lo claro es que estamos viviendo como país, y también a nivel continental, una proliferación de bandas delictuales asociadas al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de blancas, secuestros, asesinatos, entre tantos otros crímenes que azotan nuestra cotidianidad.

En Chile recientemente se descubrió y logró desbaratar en parte, una nueva célula delictual, los Trinitarios, cuyo origen es de República Dominicana y que a través del narcotráfico generaban temor y represión en la población, a lo que se le suma una extraña devoción religiosa vinculada a la santísima trinidad, mezclada con magia negra. Esta banda también está presente en otros países del continente, incluyendo Estados Unidos y llegando hasta a España. La captura de 42 de sus integrantes es un acierto en la lucha contra el crimen organizado, pero evidentemente no se logra con ello su erradicación.

Los Trinitarios se suma a otros carteles que operan en el país, donde el más relevante pareciera ser hoy en día el llamado Tren de Aragua, que ha demostrado su peligrosidad en varias oportunidades, ya sea a través de asesinatos, secuestros y narcotráfico; esta agrupación delictual tiene su origen en Venezuela y de ahí se ha expandido a la región, afectando a varios países de Latinoamérica. Lamentablemente, Chile no es la excepción y pese a que el canciller venezolano, Yván Gil, argumente que dicha banda no existe, sino que es una ficción mediática, la realidad ha demostrado otra cosa y así se lo han hecho saber tanto la ministra del Interior como el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

La situación que vivimos, enfrentados en nuestros propios territorios a estos carteles internacionales, nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las medidas más efectivas para abordar esta amenaza. No hay duda que el fortalecimiento de las policías, el resguardo de nuestras fronteras y el control de las cárceles, donde pareciera se orquesta gran parte de sus crímenes, va en la línea correcta, pero no basta, se requieren mejores leyes que logren un efecto real en dichas bandas delictuales, un mayor apoyo a las Fiscalías y los Tribunales para que sus acciones sean aplicables y ejecutoriadas oportunamente, y se necesita un alineamiento transversal por parte de los diferentes actores políticos, judiciales y sociales para enfrentar esta amenaza unidos y no profundizar en las recriminaciones mutuas que en nada ayudan a avanzar en una solución realmente efectiva.

A su vez, es fundamental, de cara a la ciudadanía, que las autoridades y diferentes líderes de opinión transmitan un discurso común para todo tipo de delito y no matices dependiendo de la característica de este; se deben perseguir con la misma fuerza el narcotráfico, la corrupción, los delitos tributarios, las asociaciones ilícitas, por nombrar algunos, garantizándole así a la sociedad un compromiso sincero contra las variadas acepciones que hoy se desprenden del crimen.