Redacción

La ministra vocera, Camila Vallejo, señaló ayer que "no podemos aceptar que en el discurso público se asocie organización social o manifestación social a delincuencia, porque no son lo mismo", en referencia a las declaraciones de su par del Trabajo, Jeannette Jara, quien el fin de semana afirmó que "al movimiento social le ha faltado presencia más activa en este período" de Gobierno, tras las críticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a dos semanas del 1 de mayo.

"Cuando hablamos del rol de las organizaciones sociales, lo hacemos pensando en la construcción de la democracia, siempre lo hacemos pensando en la manifestación pacífica de sus voluntades y sus propuestas, evidentemente, que es lo que establece nuestra Constitución", destacó Vallejo.

En el Ejecutivo "somos de una línea en ese sentido, desde el primer momento, porque muchos que componen el Gobierno, partiendo por el Presidente de la República (Gabriel Boric), vienen de la organización social", agregó la ministra, quien, al igual que el Mandatario, fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) durante el movimiento que vivió su apogeo en 2011. Tres años más tarde, ambos llegaron a la Cámara de Diputados.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo en CNN Chile que "la voz de los movimientos sociales tiene que estar presente para los procesos legislativos que existen, los espacios para que eso ocurra", razón por la que, a su juicio, "los parlamentarios también tienen que, al momento de convocar, por supuesto que escuchar los movimientos".

"Creo que si uno pondera en lo que ha sido el proceso legislativo, en la Cámara y el Senado, cuánta voz vamos a ver de la industria versus los trabajadores, uno esperaría que fuera razonablemente equilibrado", sostuvo Marcel.

"la gente está cansada"

El líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo en Radio Infinita que el respaldo de La Moneda a las manifestaciones sociales "lo vemos con preocupación, porque claramente ese llamado a hacer más presión social, en la práctica, significa estar más en la calle. Hoy día la gente está cansada, la gente requiere soluciones y esas soluciones se dan en el Congreso".

Mewes recalcó que los movimientos sociales están presentes en instancias formales, porque "el mismo Gobierno va citando a quienes ellos consideran que tienen mayor representación. Y por eso que está sentada (en la mesa de diálogo) la CUT, por eso estamos sentados nosotros. (...) En general, está una base bastante amplia de actores que tienen muchas cosas que decir".

Uno de los grandes dilemas de la democracia representativa es cómo lograr canalizar adecuadamente la representatividad y la estabilidad política. Países con una gran estabilidad política como Reino Unido o Estados Unidos, han optado por sistemas electorales que privilegian la estabilidad, a costa de una menor representatividad en los órganos parlamentarios respectivos. Estos modelos electorales se denominan "mayoritarios", y en el caso de ambos países es uninominal, es decir, se elige sólo a un parlamentario por distrito. Por su parte, Alemania, otro país de enorme estabilidad democrática, cuenta con un modelo mixto, en virtud del cual la mitad del parlamento es elegida con sistema mayoritario, y la otra con el proporcional. Además, los partidos políticos deben obtener al menos un cinco por ciento de los votos para acceder al parlamento. Con estos sistemas se procura lograr que en el sistema político operen institucionalmente pocos partidos, a fin de garantizar la mayor estabilidad posible.

Como se sabe, en nuestro país rige hoy un sistema electoral proporcional, regulado en la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, reformada en este punto el año 2015 por la Ley N° 20.840. Se trata de un modelo matemático para asignación de escaños. Permite obtener el número de cargos electos en proporción a los votos obtenidos por las candidaturas. Como en cada elección concurren diversas listas de candidatos, aportados por los partidos o coaliciones de partidos, el total de votos obtenidos por cada lista se dividirá por la cantidad de cargos a elegir. Los números resultantes de esta división se ordenan en orden decreciente hasta el número de cargos a elegir en cada distrito o circunscripción.

Hoy son veintitrés los partidos con representación parlamentaria en el Congreso Nacional, lo que implica una alta fragmentación en la representación. Debe considerarse además que la ley no contempla algún mecanismo correctivo que impida o atenúe dicha fragmentación, como por ejemplo la exigencia de que los partidos deban tener un porcentaje mínimo de votos para acceder a la representación parlamentaria.

Durante el último tiempo se ha ido generando un amplio consenso respecto de que dicha fragmentación ha traído inestabilidad al sistema político. Y es que el modelo electoral vigente pareciera incentivar la diferenciación más que la moderación, lo que a su vez repercute de manera negativa en la búsqueda de acuerdos y consensos, al menos en los temas esenciales. Por eso han surgido voces que proponen por ejemplo implementar una reforma constitucional que de cauce a una de las propuestas surgidas en el último proceso constituyente, que apuntaba a que en la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados sólo tendrán derecho a participar en la atribución de escaños los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Este requisito podría eventualmente complementarse con un modelo mixto, mayoritario y proporcional, como ocurre en Alemania.

En cualquier caso, lo cierto es que la fragmentación política ha traído altos costos al funcionamiento del sistema democrático, y todo indica que parece sensato avanzar a una corrección del sistema electoral, que permita darle una mayor estabilidad a nuestro país.

*Profesor de Derecho Constitucional, investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes

Ayer se revelaron las declaraciones del exministro Giorgio Jackson y del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, ante la Fiscalía por el caso Convenios. El extitular de Desarrollo Social señaló que "nunca recibí información respecto de la existencia de transferencias de fondos fiscales del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu en favor de fundaciones" y precisa que se enteró de las transferencias a Democracia Viva "el día 16 de junio, por medio de la publicación de Timeline". Añadió que "yo no conocía la existencia de la Fundación Democracia Viva hasta esos días del mes de junio". Crispi, en tanto, afirmó que "el día 7 de junio tuve una conversación telefónica con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, le consulto si tiene alguna información en relación al vínculo que tendría una fundación dirigida por Daniel Andrade con la Seremía de Vivienda de Antofagasta, cuyo seremi en ese momento era Carlos Contreras, a lo que me contesta que sí ha tenido información al respecto, que se están levantando antecedentes".