"Fue la Corte Suprema la que, particularmente por un activismo judicial que ha repetido en los últimos años la Tercera Sala Constitucional, armó este problema o profundizó un problema que ya existía por la falta de legislación y la incapacidad del poder Ejecutivo y Legislativo de haber sacado adelante una reforma de isapres.

pres)? Van a ir al sistema público, que ya está colapsado.

-Las personas que están leyendo el diario también pueden pensar que esto es un "perdonazo", aunque la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dice que no.

-Yo creo que había mejores alternativas. Reitero: tomar ese camino en el Senado hubiese significado algo que no recayera en los hombros de los usuarios. Se lo propusimos al Gobierno, lamentablemente no quisieron, pero si cae el sistema las consecuencias las terminaba pagando la gente. Hay que decirlo: hay una responsabilidad de la Corte Suprema en el fallo, hay una responsabilidad de las aseguradoras que no fueron proclives a los cambios que requería el sistema en los últimos 15 años, hay una responsabilidad del Parlamento de no haber legislado, pero todo ese cúmulo de responsabilidad de los tres poderes del Estado hubiese recaído en los hombros de los usuarios y particularmente en aquellos que necesitan la continuidad de sus tratamientos. Eso hubiese sido una violación flagrante de los derechos fundamentales de los chilenos que hubiesen podido fallecer si es que no hubiéramos sido capaces de sacar esta situación adelante.

-En general se entiende que los fallos de la Corte Suprema son inapelables, injuzgables.

-No, yo creo que acá hay una responsabilidad importante de la Corte Suprema, porque si bien respeto sus fallos, creo que teníamos una posibilidad como Poder Legislativo de darle un orden distinto. La Corte Suprema se tiene que regir por la legislación vigente para aplicar sus fallos y nosotros teníamos la posibilidad de hacer una legislación que le permitiera al sistema seguir funcionando sin que el costo recayera en los usuarios. Fue la Corte Suprema la que, particularmente por un activismo judicial que ha repetido en los últimos años la Tercera Sala Constitucional, armó este problema o profundizó un problema que ya existía por la falta de legislación y la incapacidad del poder Ejecutivo y Legislativo de haber sacado adelante una reforma de isapres. Hay un fallo del Tribunal Constitucional también del año 2010 que establece como inconstitucional la discriminación por edad, sexo y condición de salud. La Corte Suprema, de alguna manera, sin entender las implicancias de un fallo que si bien es cierto puede significar que las isapres puedan pagar recursos, esos recursos, cuando se tienen que pagar y significa la caída de todo el sistema, a mi juicio no se estaba haciendo justicia. Con la apariencia de justicia terminaba finalmente vulnerando los derechos de las personas que se atienden en este sistema. Por eso esto tiene que ser una lección para que nunca más existan fallos con efectos generales.

-Técnicamente, ¿qué pasa si este lunes votan en contra?

-No hay solución y tendremos que buscar la manera de cómo les damos cobertura a los pacientes que se van a quedar sin cobertura. Quiero volver a reiterar que en el Senado se entregó una solución distinta, que fue parte del Informe Técnico. Incluso se consideraban las vías para hacer el cálculo adecuado de la deuda. Al Gobierno se le entregó una solución completa y la desechó por sus tironeos ideológicos, y eso terminó perjudicando a las personas. Esto no está escrito en un libro de ciencia ficción o es parte de la campaña de horror de la oposición. En el programa de gobierno del presidente Boric se establece el fin de las isapres, se establece el monopolio estatal en la provisión de la seguridad social en salud, y nosotros no estábamos dispuestos a avanzar en esa dirección, al menos legislativamente. Algunos usaron en parte este fallo para poder avanzar en esa dirección y la oposición no se los permitió, porque creemos que era una mala solución que vulneraba derechos de los chilenos que se atienden con prestadores privados, aun cuando también hay afiliados a Fonasa que se atienden con médicos y clínicas privadas.

-¿Qué ocurrirá ahora?

-Disminuye de manera importante la posibilidad de colapso sistémico, se logra un equilibrio financiero de mediano plazo, pero no está absolutamente descartado. La propuesta que se había aprobado en el Senado, que no es la que se aprobó el miércoles, llevaba esa incertidumbre a un mínimo. La propuesta que se aprobó el miércoles la disminuye, pero no la elimina absolutamente. Y por eso dentro del proyecto hay una obligación que tiene el Ejecutivo de mandar un proyecto de ley antes de octubre de este año que reformule el sistema de aseguramiento privado en lo que significa la compensación por riesgo, la eliminación de la declaración de salud, la posibilidad de cambiarse libremente, la no discriminación por sexo, edad y condición de salud. Es un cúmulo de cosas que tienen que estar resueltas en ese proyecto de ley de aquí a octubre porque, si bien el sistema hoy tiene sustentabilidad por algunos años y se salva de esta situación de descalabro que hubiese ocurrido, para pensar en el largo plazo hay que aprobar un proyecto de aquí a un año.

Una clasificación con cuatro niveles de riesgo considera el proyecto de ley ingresado por el Gobierno para regular el uso de la inteligencia artificial. La iniciativa legal también incorpora sanciones a cargo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales.

"No es lo mismo un algoritmo destinado a influir las emociones que uno que pretende recomendar opciones de música", dijo la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, al explicar el enfoque aplicado por dicha secretaría de Estado para elaborar la propuesta ingresada esta semana al Congreso.

"En lugar de exigir que las tecnologías pasen por un proceso de certificación o análisis antes de entrar al mercado, se estableció que cada empresa clasifique sus sistemas de IA en base a un listado de riesgos que se elaborará, donde cada categoría tendrá reglas específicas que cumplir", precisó a ministra.