Fiscalía inicia investigación por eliminación masiva en lista de espera del Hospital Sótero del Río
SALUD. Subsecretario de Redes Asistenciales explicó que se trata de una nómina paralela y que el total de afectados serían 20 mil, no 250 mil.
Redacción
La Fiscalía Metropolitana Sur comenzó una investigación penal de oficio luego de que en el Hospital Dr. Sótero del Río ocurriera una eliminación masiva de pacientes de la lista de espera que afectaría a cerca de 250 mil pacientes.
La fiscal Denisse Valenzuela señaló que se "indagarán las presuntas irregularidades registradas en el Hospital Sótero del Río de Puente Alto, en relación con las listas de esperas de atención médica alteradas o eliminadas".
"Se solicitará al servicio de salud el sumario administrativo realizado, a lo que se sumarán instrucciones al equipo policial que estará a cargo de la investigación", agregó la persecutora.
Esta situación además llevó a la renuncia del director del centro asistencial, el doctor Luis Arteaga, luego de que se conocieran los resultados de una auditoría encargada por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente Sur.
Al dejar su cargo, comentó que "la auditoría tuvo una importancia absoluta, pero en cuanto a los errores, yo esperaría los resultados del sumario para saber cuáles fueron los errores", haciendo referencia al recurso que inició el Ministerio de Salud para establecer responsabilidades.
Según palabras de Arteaga cuando se conoció la eliminación masiva, la situación responde a un "error humano".
Minsal responde
El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, afirmó que los hechos son graves y "atentan contra la confianza y la transparencia del sistema, y por el impacto que puede haber tenido en las personas que están involucradas".
Así, expresó que apenas el Ministerio de Salud se enteró de la situación, instruyeron acciones, "de tal manera que hoy hay un sumario para investigar con más precisión qué pasó y quiénes eventualmente puedan ser responsables y cuáles son las sanciones que esos responsables debieran recibir".
Salgado remarcó también están preocupados de los afectados, y explicó que "de esa enorme cantidad de personas que estaban en una lista que el hospital tenía, que era paralela y desde hace muchos años, lo que sucedió es que un día terminado un número importante de esa lista fue eliminado de la lista. Y esa fue la alarma".
"Cuando revisamos con más detalle, insisto hoy no tenemos todo el detalle porque hay una investigación, pero sí podemos decir que de la totalidad de esas personas, la gran parte no correspondía a estar en una lista de espera de la que nosotros tenemos registrada, que son para consultas de nueva especialidad y para cirugías. Era para otro tipo de procedimientos que no están dentro de la lista de espera de esta característica", agregó.
El subsecretario reveló que "un número importante de casos habían sido ya resueltos o estaban duplicados. Y por cierto, algunas de esas personas habían fallecido. Estamos hablando de una lista que lleva muchos años".
Sobre las cifras, descartó que el número ascienda a 250 mil y reveló que "hoy son poquito menos de 20 mil los que efectivamente son personas que debieron estar en la lista oficial".
"Hay un programa específico para sacar de esa lista de espera a las personas que fueron afectadas", añadió, junto con expresar que "hay más de dos mil personas a las que ya se les resolvió el problema de ese universo final que son aproximadamente 19 mil o 20 mil".
Por último, señaló que el hospital se comprometió a, durante este año, sacar de la lista de espera por atención efectiva a todas las personas que eventualmente pudieron ser afectadas por el problema".
Acciones penales
A través de un oficio enviado a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al Director (s) del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Juan Torres, diputados de Renovación Nacional pidieron acciones penales por la eliminación de los pacientes de lista de espera en el Hospital Sótero del Río.
La solicitud se extendió al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, para resguardar el Patrimonio Fiscal y la Probidad en la Función Pública.