Corte da 60 días para despejar el entorno del Mercado Cardonal
VALPARAÍSO. Delegación Presidencial, Seremi de Salud y Municipalidad deben coordinarse e informar cumplimiento.
La Corte de Apelaciones ordenó a la Delegación Presidencial Regional, Municipalidad de Valparaíso y Seremi de Salud coordinarse y adoptar medidas para erradicar el comercio ambulante del entorno del Mercado Cardonal y limpiar el entorno, todo ello en en un plazo perentorio de 60 días, en el marco de una sentencia de agosto de 2019 en el mismo sentido, y que aún no ha sido cumplida.
Citando parte del fallo anterior, la resolución emitida por la Corte el 26 de abril señala que "los recurridos deberán coordinar y emitir un informe no sólo de manera individual, sino de forma coordinada acerca de las medidas adoptadas y que se adoptarán en el futuro inmediato durante el presente año 2024 con el fin de 'Poner fin al comercio ambulante ilegítimo en los alrededores del Mercado Cardonal; a la acumulación excesiva de basura y líquidos insalubres; y a la ocupación abusiva de los bienes nacionales de uso público que lo rodean', medidas que deben coordinarse, concretarse, y luego informar a esta Corte dentro del plazo de sesenta días".
Al respecto, el abogado Rodrigo Díaz Yubero, quien presentó el recurso de protección en representación de los locatarios del Mercado Cardonal, expresó que "es una importante resolución, son casi cinco años ya desde que se dictó la sentencia en la causa del Mercado Cardonal, entonces ahora, fruto de la de la constancia en las solicitudes que hemos ido realizando a la Corte, y dándole cuenta del incumplimiento, la Corte ha dado un plazo perentorio de 60 días a los recurridos".
Principio de coordinación
En ese marco, el jurista explicó que "el principio de coordinación -y esto lo ha dicho la Corte Suprema- no se entiende cumplido porque las autoridades digan que se han reunido, sino que es un principio que supone que las distintas autoridades, cada una dentro del ámbito de su competencia, se coordinan con miras al logro de un fin común y van evaluando el resultado de esas acciones, es decir, si las autoridades se reúnen, toman un plan de acción y ven que el plan no está funcionando, bueno, tienen la obligación de adoptar otro, el necesario hasta que se produzca el resultado esperado".
Advirtió que "en esto también la Corte ha solicitado informe a Carabineros, para que ellos también le informen a la Corte de qué manera se les ha pedido a ellos que intervengan, o sea, ellos también tienen que informar cuántas veces han sido requeridos por los recurridos".
Para Díaz, "el tema es que si los fallos de la Corte Apelaciones no se cumplen, no hay Estado de Derecho, es la muestra de la impotencia del Estado, un Estado que no tiene fuerza".
Frente a la ocupación, agregó Díaz, "los clientes antiguos tienen temor de ir, y muchos de los que hoy día van, compran fuera del mercado, de hecho eso ha obligado a muchos locatarios a tener que, forzadamente, colocar sus productos también fuera del mercado, y lo hacen porque no tienen alternativa, y la gran mayoría de ellos siempre ha dicho: 'Cuando esto se ordene, nosotros volveremos a lo que siempre fue, a vender al interior de nuestro mercado'".
Sin embargo, agregó, "ha habido algunos locatarios que decidieron irse de ahí y bajar definitivamente sus cortinas".
Instituciones "al debe"
Sobre las autoridades, apuntó que "hay muchas instituciones que están al debe. En lo que es control del comercio ambulante ilegal, evidentemente hay una primera responsabilidad de la Municipalidad de Valparaíso, que es el administrador de la comuna y debe cautelar el buen uso de los bienes nacionales de uso público, y además tiene que poner los lugares donde se puede ejercer el comercio ambulante y quiénes lo pueden ejercer".
Sobre esto último, hizo notar que "mientras la Municipalidad de Viña del Mar el mismo año que se dictó esa ley modificó la ordenanza y ya tiene definido cuáles son los lugares donde se puede ejercer el comercio ambulante en las calles de esa ciudad, la Municipalidad Valparaíso todavía no lo hace. En segundo lugar, es responsable la Delegación Presidencial, porque es la encargada de la seguridad. Y por supuesto que hay una dimensión sanitaria en este problema, y ahí está la Seremi de Salud".
De no cumplir lo que ordena la resolución de la Corte, explicó Díaz, las autoridades responsables incurrirían en desacato, que puede ser sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días a 3 años y un día, aunque antes la Corte puede ordenar apremio, con 10 a 15 días de arresto.
"Si las autoridades se reúnen, toman un plan de acción y ven que el plan no está funcionando, tienen la obligación de adoptar otro".
Rodrigo Díaz Yubero, Abogado locatarios del mercado