Correo
Prioridades e intereses
Pese a que pocos discuten cuáles son las prioridades para mejorar la vida de los habitantes de Valparaíso, existe una distancia creciente entre lo que técnicamente parece el camino apropiado para mejorar la vida comunal y las condiciones culturales para que esas soluciones sean implementadas.
Nadie puede dudar de la necesidad de erradicar el comercio ilegal, de fiscalizar más intensamente el cumplimiento de las leyes y ordenanzas o de la importancia de la seguridad, del aseo y ornato y la urgencia de poner coto al problema de los ruidos molestos. Y otro tanto respecto a la necesidad de contar con mayor inversión privada y de generar empleos permanentes y de calidad.
Sin embargo, el factor preponderante que ha impedido acometer estos desafíos con la intensidad requerida ha sido querer mezclar permanentemente la vocación administrativa propia de la labor alcaldicia con una visión adscrita a otros fines que terminan incluso por entorpecer la correcta labor municipal. En efecto, un alcalde que en 2019 se sumó a deslegitimar a Carabineros o que hizo suya la causa del Estado plurinacional dedicando parte de sus horas de trabajo y de los recursos municipales a trabajar por el Apruebo en el primer proceso constituyente y a dictar una ordenanza para poner en ejecución el Convenio 169 de la OIT, claramente transgrede la lógica que debiese primar en un órgano cuya tarea es esencialmente administrativa.
Y ahora nos enteramos que el municipio ha restaurado un edificio antiguo, invirtiendo $53 millones y destinando un pago de casi $8 millones mensuales en arriendo, todo para instalar la "Dirección de género, mujeres y diversidades", lo cual atenta contra el interés de la comuna en la medida que se está destinando parte del presupuesto a materias que no forman parte de la competencia de los municipios, pretendiendo crear por esta vía obligaciones que no están reconocidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Rodrigo Díaz Yubero
Crédito con Aval del Estado
La condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) le significaría al Estado un gasto de más de 11 mil millones de dólares, una cifra francamente estratosférica. Es por esto que la promesa de "perdonazo" ha sido usada como banderín populista en tiempos de campaña. Eso hizo el actual gobierno.
Ahora se plantea condonar la deuda mediante una metodología que, en vez de cargarle la mochila al Estado, se la carga a los ciudadanos: un impuesto específico a la renta de quienes no estudiaron con gratuidad. ¿Entonces quienes ya pagaron los 10, 15 o 20 años del CAE y fondo solidario deberán pagarle la deuda a quienes no quieren o no pueden pagar?
Más allá de la discusión filosófica de agregar un nuevo impuesto a nuestra actual parrilla, me parece, por lo bajo, inmoral la propuesta del gobierno.
Javier Ávila Parada Fundación para el Progreso
APV-Colectivo
El Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APV-Colectivo) es una figura previsional creada en la reforma previsional del año 2008, que busca un ahorro voluntario conjunto entre el empleador y el trabajador, con beneficios tributarios para ambas partes, pero que lamentablemente no tuvo los alcances esperados, en parte por el poco conocimiento previsional como sociedad, pero también porque tiene algunos puntos que podría mejorar. Por ejemplo, el ahorro por parte del empleador pasa a ser de propiedad del trabajador a los 24 meses, dando la posibilidad de retirar el dinero por parte del trabajador, con lo cual una figura pensada para la pensión termina siendo, al mismo tiempo, una cuenta de ahorro con liquidez.
Una opción sería eliminar la figura de APV-Colectivo, pero perfeccionando la figura de Depósito Convenido, donde el ahorro es sólo para mejorar la pensión. Ahí se podrían mejorar los beneficios tributarios para el trabajador del mismo modo que la figura del APV-Colectivo. Por ejemplo, existe la bonificación en un 15% sobre el aporte para las rentas más bajas.
Eduardo Jerez Sanhueza
Sala cuna
Llevamos décadas hablando de la necesidad de modificar el artículo 203 del Código del Trabajo que identifica únicamente a las mujeres como destinatarias del derecho a sala cuna, y no a todas, sólo a aquellas que trabajen en empresas que tengan 20 o más trabajadoras.
Hoy el Congreso tiene una oportunidad concreta y real de terminar con la discriminación laboral hacia las mujeres y promover la corresponsabilidad parental de los cuidados de hijas e hijos, un cambio que no sólo podría servir para mejorar la empleabilidad de las mujeres, sino también para reforzar el vínculo entre padres e hijos y su rol en el cuidado y la crianza, beneficiando a las familias y también a la sociedad.
Esto es algo en lo que todas y todos, sin importar el sector, deberíamos estar de acuerdo.
Pierina Ferretti Directora ejecutiva Fundación Nodo XXI
Baja cobertura de vacunación
Desde su inicio, el día 13 de marzo del 2024, la actual cobertura de la vacunación contra influenza a nivel nacional es cercana al 50% (alrededor de 4,5 millones de personas), lo que es bajo para lograr una protección real a la población de riesgo (más de 9 millones de personas), cifra que pone en jaque el cumplimiento de lograr un 85% de cobertura en los grupos de riesgo.
Vacunarse previene enfermedades graves y complicaciones, en especial en grupos de riesgo: niños desde los 6 meses de edad hasta 5° año básico; embarazadas en cualquier etapa del embarazo; personas de más de 60 años y más; enfermos crónicos desde 11 hasta 59 años, portadores de alguna condición de riesgos; trabajadores de salud; familiares de lactantes prematuros de menos de 37 semanas de gestación; familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses de edad; cuidadores de personas mayores y funcionarios de los ELEAM; trabajadores de avícolas y de criadero de cerdos; docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta 8° año de enseñanza básica.
El llamado es a vacunarse quienes pertenecen a alguno de los grupos de riesgos.
Naldy Febré V. Dir. Magíster Gestión de riesgos, seguridad y salud en trabajo, Fac. Enfermería U. Andrés Bello