La detención y formalización del bombero Francisco Ignacio Mondaca Mella, y del funcionario de Conaf, Franco Pinto Orellana, por el delito de incendio con resultado de muerte de 137 personas, además de los miles de damnificados que causó el siniestro, nos hace cuestionarnos como sociedad y nos obliga a aceptar cuán poco sabemos de las miserias y carencias de la mente humana. Ya sea por la búsqueda de la adrenalina tan propia de sus funciones, por estupidez o, más triste aún, por bonos extras para los brigadistas, si se llega a probar la comisión de tamaño delito, hay algo para lo cual sencillamente no estábamos preparados.

Es esa mezcla de incredulidad la que más daño nos hace, por cuanto el voluntario y su supuesto cómplice pertenecen a entidades comprometidas con la ayuda al prójimo a costa de su seguridad e incluso de sus propias vidas. ¿Hubiese sido muy distinto que la PDI apuntara como responsables a pirómanos con problemas de incapacidad mental o a menores de edad cometiendo una aberrante travesura que se les salió de las manos? Sí, hubiese sido muy distinto. Bomberos es una institución respetadísima, con un prestigio ganado a punta de sacrificios, nobleza y quemaduras, por lo que un eventual cuestionamiento público no sólo sería improcedente, sino que tremendamente injusto.

Dicho eso, el desplome institucional que ha sufrido el país en los últimos años terminó por golpearnos a todos y obligará a revisar los protocolos, estructuras y procedimientos de los distintos cuerpos, habida cuenta de que por mucho que el superintendente regional, Juan Paredes, diga que se trata de un caso aislado, el caso es demasiado grave como para no hacer nada al respecto.

En retrospectiva, escuchamos las acusaciones del gobernador Mundaca contra las inmobiliarias; de la oposición, respecto de las actuales autoridades; los bombardeos sobre Senapred, y terminamos por entender que el horror podría estar entre nosotros mismos, en un joven de 22 años al cual sencillamente le excitaba el desborde que provoca un siniestro, acaso parte de una generación que ve en el fuego la comunión final con una sociedad que les decepciona.

Una universidad pública sin democracia y respeto por la opinión de otros es un proyecto inconcluso. En la Universidad de Playa Ancha, en particular, somos conscientes de la tradición de la universidad pública latinoamericana, desde el "Grito de Córdoba", impulsado en Argentina por estudiantes de todo el continente en 1918 y que diera vida a la primera gran reforma universitaria. En el caso de Chile, el antecedente más reciente se vivió en 1967, aunque consideramos que se retomó en diciembre pasado, cuando el Presidente de la República aprobó los nuevos estatutos orgánicos de 13 universidades estatales, incluyendo la nuestra.

Entendemos esta vocación democrática como estrechamente vinculada a la integridad de los estamentos que dan vida y enriquecen la vida interna. Reconocemos en la virtud de otros y otras el valor elemental que fortalecerá la rica y heterogénea comunidad universitaria que somos. Por eso, en la norma aprobada nos reconocemos así:

"La Universidad de Playa Ancha es una comunidad democrática triestamental, conformada por el estamento académico, estudiantil y de los y las funcionarias de la administración, fundamentalmente creadora y crítica, cuyo quehacer se sustenta en los más altos valores y principios declarados en estos Estatutos. Desde esta perspectiva, su propósito será el desarrollo y estímulo de todas las formas de actividad intelectual que se expresen a través de la investigación, la creación artística y la tecnológica, la docencia y la vinculación con el medio y el territorio, que asegure la continuidad y la recreación de la cultura del país y la Humanidad".

Esta comunidad UPLA, separada físicamente en distintas sedes y campus, encarna una voluntad pública de habitar otros mundos posibles, capaces de enfrentar las carencias interiores que hoy se manifiestan en una escalada de violencia que cruza la vida de todos y todas. Una situación social que nos exige volver a la solidaridad, el respeto por la vida en todas sus expresiones y la dignidad de nuestros niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, y, en particular, modificando las condiciones materiales de precariedad que viven amplios segmentos sociales, las que son una herida presente para todos y todas.

De aquí derivan compromisos que reiteramos. Hacia nuestro estamento estudiantil: una educación de calidad centrada en los y las estudiantes, a través de los procesos formativos pertinentes, actualizados y flexibles. Hacia nuestros estamentos académico y funcionario: nuestra voluntad por dignificar los espacios y condiciones laborales de todos y todas.

No olvido que tenemos el gran obstáculo de las deudas estructurales e históricas que el Estado ha ido acumulando con sus universidades, en particular las regionales. El trato desigual que históricamente hemos recibido está en la base de problemas materiales que viven nuestra universidad y otras estatales. Es un dato de la causa (concreto, objetivo y real), no una justificación a aquellas necesidades que seguramente podemos y debemos abordar mejor.

Sin embargo, es frente a las adversidades que todos y todas debemos demostrar una disposición transformadora, la misma que seguiremos fortaleciendo en y desde la universidad con la misma convicción y ahínco de siempre.

En estas fechas volvemos a celebrar el Día de los Patrimonios, una efeméride que busca poner en valor aquello que forma parte de nuestra tradición y memoria cultural, en las amplias dimensiones que esta última tiene. Sin duda alguna, una iniciativa importante que busca acercar a la comunidad al reconocimiento de los "tesoros" que conforman nuestro acervo cultural, aunque, por cierto, insuficiente.

Una educación patrimonial debería contemplar un acercamiento permanente a las tradiciones locales y los espacios comunitarios, a su mantención y cuidado, porque son contenedores de costumbres y memorias que dan cuenta de aquello que se manifiesta como un baluarte socialmente transversal: la identidad. El poco respeto por los espacios patrimoniales en Chile es producto de esa falta de educación y, a la vez, de la poca prioridad que le han otorgado las autoridades a este tipo de políticas

Valparaíso ha conocido, en los últimos lustros, bastante de este deterioro. Y es cierto que mucho se ha dicho y escrito al respecto, sobre todo en relación al abandono que sufren ciertas edificaciones emblemáticas de la ciudad. Muchos de estos espacios han logrado mantenerse no tanto por iniciativas públicas, sino que por el esfuerzo de privados. En ese sentido, dos iniciativas son las queremos destacar:

La primera tiene que ver con el desarrollo del futuro Museo del Inmigrante en Valparaíso. Este representa un interesante esfuerzo particular asentado en la familia Dib. A partir de la restauración del edificio perteneciente al antiguo Colegio Alemán, se intenta constituir un espacio en que converjan los relatos y experiencias de las distintas comunidades que se asentaron en el pujante puerto durante los siglos XIX y XX.

La segunda se refiere al trabajo que viene realizando el Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Banco Santander, para la puesta en valor de su sede histórica de la calle Prat. Este edificio, originalmente perteneciente al Banco AngloSudamericano, da cuenta de la importancia del puerto como capital económica de Chile a comienzos del siglo XX. La señera construcción mantiene todo su porte y grandeza gracias a los buenos oficios del Banco Santander, que se ha preocupado de su mantención y conservación. Actualmente, se trabaja en el desarrollo de un recorrido guiado por sus instalaciones, incorporando el uso de tecnología para poder entregar información y una experiencia inmersiva al visitante y la comunidad.

Ambas iniciativas tienen como finalidad poder aportar a la conservación del patrimonio local, así como también educar y acercar a la comunidad al conocimiento de aquello que es su propia herencia, porque conocer es el único que camino posible para valorar y proteger.