La incautación de 60 kilos de cocaína, avaluados en $ 20 millones, y la detención de 12 personas en uno de los operativos de pesquisa transnacional de narcotráfico más importantes realizadas desde nuestro país, revelan cómo las redes criminales han adquirido inusitada capacidad logística para cruzar sucesivos controles fronterizos y alcanzar mercados tan lejanos como Europa. En este caso particular, la banda desarticulada por el Ministerio Público, Aduanas y la PDI, usaba de fachada una empresa de exportación de maquinaria agrícola. Los narcotraficantes escondían la droga entre los fierros de los artefactos que enviaban al Viejo Continente, casi seguros de que no iban a ser inspeccionados por los pocos escáneres dispuestos aún en los terminales portuarios.

Aumentar considerablemente la seguridad de los puertos es una de las tareas pendientes más importantes que debe abordar el conjunto de instituciones encargadas de supervigilar el ingreso y salida del comercio que mantiene Chile con el exterior.

El desafío es grande, pues debe ser capaz de conciliar un incremento sustancial de la carga que pasa bajo escáneres, para lo cual se puede confiar en la aplicación de inteligencia artificial, sin afectar la fluidez del proceso logístico.

Un paso clave en este sentido sería apurar la tramitación del proyecto de ley para cumplimiento de obligaciones tributarias, que está en el Senado, que considera un fortalecimiento transversal del Servicio Nacional de Aduanas -incluye nuevas direcciones en lugares estratégicos como Los Andes y San Antonio-, mediante la incorporación de nuevas facultades y mayor dotación. Sin embargo, así como es clave incrementar las capacidades humanas de fiscalización, es importante modernizar los sistemas de trabajo y agregar mayor tecnología en aquellos procedimientos que permiten descubrir la actividad de las bandas de crimen organizado y narcotráfico. Esto es vital no solamente por la seguridad de nuestras costas y comunidades, sino como señal a nuestros socios comerciales de que nuestros terminales no son lugares propicios para el tráfico de sustancias y mercaderías ilegales, como advertía un informe de la ONU sobre San Antonio hace algunos meses.

Valparaíso fue declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2003. A 21 años de esta declaratoria, tenemos poco que celebrar. La ciudad no tiene un rumbo claro, con un plan director de gestión patrimonial tardío, ascensores porteños en desuso, en reparaciones o, sencillamente, en abandono, una zona típica sin puesta en valor desde la sinergia de todos los factores arquitectónicos, humanos y naturales que convergen en esta hermosa ciudad.

Una ciudad sin una hoja de ruta clara, pero que con la activación de la sociedad civil, resiste al paso de los años, el olvido y el abandono. En la historia de la Escuela Ramón Barros Luco se refleja todo este desalentador panorama. No tan sólo el evidente descuido del edificio que albergó por casi 100 años a esta escuela, sino también en las estudiantes que no pudieron hacer uso de sus dependencias; en la vulneración de derechos por parte del Estado, al no garantizar el derecho a la educación; en el negligente actuar de las autoridades regionales y comunales, que evaden sus responsabilidades en vez de destrabar el problema y ofrecer soluciones en favor de la comunidad educativa y la ciudad entera.

Si bien hoy existe estructura institucional, a nivel nacional, regional y local para atender y gestionar de manera específica estas materias, no necesariamente tiene un correlato con las urgencias y las prioridades territoriales. Sólo por nombrar un ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, que actúa más como una traba burocrática, al no contar necesariamente con norma técnica que permita establecer un criterio que además se complemente con otras realidades urbanas, como la seguridad. Podríamos seguir enumerando brechas de gestión que, en definitiva, burocratizan las bajadas concretas de medidas y soluciones a temas patrimoniales; en este panorama, la labor de organizaciones sociales, que con tesón y mirada de futuro, ponen estos temas en la mesa y movilizan voluntades e instituciones responsables.

Este fin de semana vivimos la celebración de un nuevo día de los patrimonios, con una nutrida agenda de actividades a nivel local y nacional. Al mismo tiempo, nos tocó escuchar de primera fuente el escaso avance de medidas concretas en la larga espera por la reposición del edificio, pese a los diversos esfuerzos desplegados. No podemos pasar un nuevo Día del Patrimonio brindándonos aplausos y recorriendo lugares históricos; el patrimonio es mucho más que eso y el ejemplo de convicción y lucha de la Escuela Ramón Barros Luco es testimonio vivo de lo que es posible con convicción, propósito y espíritu de cuerpo. Después de todo, la eficacia en las políticas de protección del patrimonio requieren participación ciudadana y capacidad de conciliar la conservación del patrimonio con el desarrollo sostenible. Pensar desde esta dimensión es pensar en el futuro, debemos recuperarlo.