El Presidente Gabriel Boric se refirió ayer al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien permanece en prisión preventiva por eventual fraude al fisco, cohecho y estafa, entre otros delitos, en el caso Farmacias Populares: "Estoy convencido que acá no hay ningún tipo de prisión política", afirmó el Mandatario, pese a que el líder del PC, Lautaro Carmona, antes de la lectura de la medida cautelar dijo que la detención "puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política", aunque luego matizó sus palabras.

"Yo confío en el trabajo de la Justicia chilena, en Chile las instituciones funcionan. Yo puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos generales", detalló el Presidente durante la primera emisión de CNN Chile Radio.

Boric luego señaló que "el alcalde Jadue, como los otros alcaldes imputados en diferentes casos, varios de ellos han estado en prisión preventiva por motivos muy distintos, tienen que defenderse ante la Justicia y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando a las instituciones".

"Las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones, entonces, independiente de la opinión personal que uno pueda tener respecto a los casos, o respecto al uso de una herramienta por parte de la Justicia, yo confío en la Justicia chilena", sostuvo el Mandatario.

A los dichos de Carmona se sumaron en la previa los del ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien consideró a Jadue un "preso político".

La diputada Carmen Hertz (PC) publicó ayer en X que "estuve con el querido compañero Daniel Jadue en el penal donde lo tienen recluido (Anexo Capitán Yáber). Está tranquilo, emocionado por las inumerables muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido, incluidas la de muchos luchadores latinoamericanos, con la frente en alto, y la entereza y dignidad que le caracterizan".

Venezuela

El proceso judicial por el secuestro y asesinato en Santiago del exteniente y refugiado político venezolano, Ronald Ojeda, también ha sido tema al interior del oficialismo, ya que esta semana el jefe del Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, dijo que la investigación "está débilmente desarrollada" en Chile, junto con reiterar que en el crimen hay implicados agentes chilenos. A esto se añade el rechazo a extraditar a los presuntos autores.

Boric respondió en la última jornada que "es indeseable romper relaciones, por muchas diferencias que uno tenga con otros países", y a pesar de los cuestionamientos de la oposición.

"Incluso el Gobierno del Presidente (Salvador) Allende no rompió relaciones con Estados Unidos, que estaba realizando una injerencia permanente al interior del Gobierno; EE.UU., a su vez, no rompió relaciones con Chile cuando la dictadura le puso una bomba en medio su capital política", subrayó el Mandatario: "La manera de solucionar los problemas es conversando, no dejando de conversar".

Carmona, horas más tarde, señaló en Radio Bío-Bío que "la formulación de un fiscal de Venezuela no es de mi comentario. Podría tener muchas opiniones al respecto, pero no es mi tema. Mi tema es cómo Chile toma esto. (... Es)correcto que el Gobierno haga saber su opinión" al régimen.

El diputado Diego Schalper (RN) informó en X que "hemos requerido a 20 instituciones información sobre tratamientos hormonales en menores de edad, para preparar comisión investigadora".

Esto a causa de los tratamientos de cambio de género para niños trans en Chile, que comienzan, según un reportaje de Radio Bío-Bío, durante la adolescencia, es decir, siendo menores de edad.

Los padres acompañan a los niños, pero son ellos quienes tienen la facultad de decidir interrumpir su desarrollo físico mediante la aplicación de inhibidores de pubertad, así como eventuales operaciones. Esto puede tener consecuencias psicológicas e infertilidad, sumado a un costo económico para las familias.

Este tipo de programas han despertado el debate en la Unión Europea (UE). En Chile, la Fundación Juntos Contigo, ubicada en Ñuñoa, orienta a menores durante el proceso y es dirigida por Juan Carlos Tapia, diseñador gráfico y programador web.

Tapia dijo al citado medio que "hemos atendido 653 familias" y "no existen deserciones". El Ministerio de Salud, al cierre de esta edición, aún no se refería al tema.

Schalper agregó ayer que "ante gravedad de las situaciones y (el estar) conversando con varias víctimas, desarrollaré proceso de fiscalización exhaustivo" sobre estas materias.

El legislador detalló luego que "queremos indagar particularmente dos cosas: una situación en el Hospital Sótero del Río, y los convenios que se han generado respecto a una organización no gubernamental (ONG) con las municipalidades de Recoleta y Quilicura para la dispensación de medicamentos en las farmacias populares".

La Defensoría de la Niñez declaró en la víspera que, "actualmente, no existe suficiente información pública y detallada sobre dichos programas y terapias en Chile, así como tampoco de la evidencia en la cual debería basarse esta política pública nacional".