-"Estoy embarazada".

-"¿Y qué vas a hacer?"

-"¿Cómo qué 'voy' a hacer? La guagua es de los dos".

-"Pero tú no te cuidaste".

Diálogos como ese nos causan indignación por la irresponsabilidad masculina. Sin embargo, por desgracia, parecieran ser muy frecuentes y marcan toda una tendencia en nuestro Chile. Otro ejemplo de ella está dado por ese 80% de los hombres demandados que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos.

Para muchos hombres, el embarazo y la crianza de los hijos son un problema de las mujeres. Lo curioso es que, sin quererlo, cierto feminismo contribuye a reforzar esa idea. ¿Cómo es esto? Si se dice de modo reiterado que el feto es simplemente una parte del cuerpo de la mujer y que puede hacer con él lo que quiere, parece fácil sacar de ahí la conclusión machista de que el embarazo indeseado es un problema exclusivo de ellas.

A lo más, los hombres "generosos" serán aquellos que están dispuestos a pagar los costos de un aborto en una clínica, de modo que pueden desentenderse del asunto sin sufrir reproche alguno.

¿Cómo enfrenta el gobierno del presidente Boric esta dolorosa cuestión? Muy sencillo: se propone impulsar un aborto sin restricciones. Pareciera que, para el mundo del Frente Amplio/PC, el aborto no es una tragedia, una vía a la que se recurre ante una situación que se presenta como desesperada, sino un derecho más, semejante al que tenemos de comprar y vender lo que queramos o de viajar al extranjero. Es decir, una cuestión puramente individual.

Así, si una mujer piensa que no está en condiciones de tener un hijo, allá ella: para esta mentalidad nosotros no tenemos ningún deber al respecto. Como si la decisión de abortar no estuviera muchas veces influida por el hecho de no encontrar otra salida porque todos le han dado la espalda, comenzando por el padre del no nacido.

¿Para qué poner en marcha políticas de acompañamiento que abran más posibilidades y las ayuden a no enfrentar solas esos momentos difíciles de sus vidas, si hay soluciones más sencillas? No nos compliquemos la vida reconociendo que tenemos deberes respecto de esas personas. No sea que tengamos que contribuir con nuestros impuestos a apoyar a esas conciudadanas que se encuentran en una situación vulnerable. Eso parece muy caro e incómodo; mucho más práctico es huir del problema y que lo resuelvan las afectados como puedan, ¿cómo? Con la muerte de alguien.

Ahora bien, dado que eso no es bonito se lo presenta como un derecho, mientras se borra por completo al otro sujeto involucrado: el no nacido. Nunca olvidaré la furia con que los abortistas alemanes interrumpían en los cines la proyección de los documentales de Bernard Nathanson, un famoso promotor del aborto que se transformó en provida. La clave de esos actos violentos era que nadie pudiera ver qué pasaba allí, particularmente cómo reaccionaba la guagua que percibía la amenaza que pesaba sobre ella.

Esa es la tiranía del individualismo, donde todos nos quedamos muy cómodos y no necesitamos hacer nada más que sugerirle a las mujeres en dificultades que ejerciten ese derecho a eliminar a alguien. Se trata de un derecho que nosotros -"respetuosos" de su libertad- les hemos otorgado.

En este esquema, el Estado se encarga de entregar todo lo necesario para que ellas ejerciten esos poderes. Es una curiosa mezcla entre estatismo e individualismo, porque todo esto se hace en nombre de la autonomía individual y es garantizado por el poder central.

Sin embargo, para Kant -que es el más connotado representante de la tradición liberal- la autonomía del individuo exigía que este no tomara sus decisiones basado en las pulsiones instintivas o la presión social, sino en las exigencias universales de la razón. Él jamás consideraría liberal a alguien que promueve un derecho al aborto.

En cambio, nuestro gobierno y muchos otros progresistas de izquierda y derecha presentan esas prácticas como una expresión de libertad. Sin embargo, ¿qué clase de libertad es esa cuyo precio es la vida de otros? ¿Puede llamarse de izquierda un gobierno que sucumbe de manera tan notoria al individualismo y que aplica una lógica insolidaria que, más bien, es propia del capitalismo extremo, al que supuestamente dice combatir?

Redacción

La Superintendencia de Salud inició ayer el plazo para que las Instituciones de Salud Previsional (isapres) entreguen sus propuestas sobre cómo van a devolver a los afiliados cerca de US$1.250 millones, por cobros excesivos mediante tabla de factores, como dictaminó la Corte Suprema y, hace unas semanas, se aprobó la Ley corta. En caso de no existir observaciones a los planes enviados por las empresas, los pagos comenzarían en octubre.

Un mes tienen las isapres desde ayer para enviar sus ideas a la Superintendencia, plazo que puede ser prorrogado por 30 días. En los documentos, indicó la autoridad, se debe incluir la determinación de una prima extraordinaria para el cumplimiento de los contratos de salud, evitando así, como se dijo durante el debate legislativo, la quiebra de las entidades.

Las firmas también tienen que considerar el monto en UF que se devolverá a cada afiliado y plazo máximo, ya que el Congreso decidió 13 años para los menores de 65, periodo en que las compañías no podrán retirar utilidades. El retorno del dinero se acelera en el caso de quienes cumplen 65 u 80 años.

Estos depósitos se harán mediante una cuenta corriente individual que se abrirá a cada cotizante o excotizante sujeto a restitución, en diez días desde la aprobación del plan a la Isapre. La cuenta no generará gastos de mantención y el fondo acumulado en ella se reajustará con el IPC.

La prima extraordinaria al contrato de salud, en tanto, indicó la Superintendencia, si antes del 31 de agosto la isapre tuviera su plan aprobado, deberá informar a los afiliados la incorporación de este ajuste, además de ofrecer uno o más planes cuyo valor sea equivalente al vigente. La adecuación final de los planes a la tabla única de factores no podrá significar un alza del precio final de los contratos vigentes, así como tampoco terminar bajo la cotización obligatoria.

El médico integrante de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), quien fue crítico de la Ley corta, ayer publicó en X que "hemos propuesto la reinstalación del comité técnico" de la instancia, para "acabar con la selección de riesgos en el sistema privado, crear un plan universal".