En el marco de la investigación que lleva adelante sobre los convenios entre la Fundación ProCultura y algunas reparticiones del Estado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, lideró esta semana varios allanamientos e incautaciones en servicios públicos de la zona, entre ellos el Gobierno Regional de Valparaíso, Minvu, Serviu y algunos domicilios particulares, de empresas y personas individuales. En dichos procedimientos, Palma rescató información documental y financiera que considera vital para establecer eventuales delitos en el traspaso de recursos. Y aunque fue hermético respecto de la estrategia que está aplicando en sus indagaciones, sí confirmó la incautación de una serie de teléfonos celulares de jefes de servicio y hasta el del propio gobernador regional, Rodrigo Mundaca. La respuesta del gobernador fue la habitual en este tipo de casos, descartando cualquier vinculación con hechos delictivos y asegurando que mantenía las manos y la conciencia limpias. Ello no dejó tranquilos a sus oponentes políticos, que se demoraron muy poco en levantar emplazamientos directos y nuevas acusaciones. La diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, habló de "irregularidades" y apuntó a un traspaso de mil millones de pesos aprobado por Mundaca a fines de 2022 para beneficiar a varias instituciones ligadas a Modatima, la plataforma ambientalista que le sirvió al gobernador para darse a conocer.

Es pertinente que el fiscal Palma no se vea influido por las contingencias electorales al momento de desarrollar su investigación, sino por el simple mérito de la evidencia que vaya recogiendo y analizando, pero es indudable que el caso ProCultura se convirtió en un factor más del camino que llega hasta las elecciones de octubre. Por esta razón, son los actores políticos de todos los partidos y movimientos los llamados a actuar con cuidado, prudencia e información clara y transparente. De ello depende que la campaña sea un ejercicio de ideas o de luchas en el barro del desprestigio personal e institucional.

En marzo pasado, el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) presentó un documento con análisis y propuestas, especialmente estas últimas, para el fortalecimiento de la formación docente, en un contexto de crisis de las pedagogías en nuestro país. Por sí solo, el nombre del documento genera reflexiones sobre la importancia del tema: "La docencia cambia vidas".

La crisis es innegable, nadie la discute. Se trata de un problema complejo, multifactorial y estructural, que abarca desde el ingreso de pocos estudiantes a las carreras pedagógicas hasta las condiciones laborales de profesores que llevan años de ejercicio. Por lo tanto, también exige soluciones variadas y complejas, que enfrenten sinérgicamente los distintos factores en crisis.

Empecemos por el ingreso a las carreras pedagógicas, que estaba cayendo drásticamente, hasta que en 2022 solamente 8.685 personas entraron a una universidad vía admisión regular. Se estimaba en ese momento que para 2025 habría un déficit de más de 25 mil profesores en todo el país, que se iría profundizando durante los años siguientes.

Afortunadamente, el trabajo que ya se venía haciendo y nuevas políticas públicas permitieron revertir la tendencia. Es así como en el año 2023 hubo 13.180 postulantes seleccionados en alguna carrera de pedagogía. En el año 2024, la cifra aumentó muy levemente, a 13.336. ¿Será todo el crecimiento posible sin nuevas medidas?

Supongamos que todo sigue bien, la tendencia al alza mejora y muchos jóvenes deciden estudiar para convertirse en futuros profesores. Supongamos también que esos mismos jóvenes completan sus estudios (la deserción es otro problema) y se integran al sistema escolar... Aquí nos topamos con otro dato: según Elige Educar, el 10,7% de quienes finalmente llegan a ejercer como profesores abandona el trabajo en su primer año.

Un profesor deja de serlo por muy variados motivos, según sus expectativas económicas, laborales, sociales y profesionales. Es importante señalar que, al quinto año de ejercicio laboral, ese profesor aún no logra alcanzar una remuneración que le permita llevar una vida digna; sus ingresos son extraordinariamente menores a los de cualquier otra carrera con un nivel de exigencia similar.

Esto último, lamentablemente, siempre ha sido así. Antes se compensaba, en parte, con la vocación, compromiso social y especialmente con la valoración que tenían los profesores dentro de nuestra sociedad. Sabemos también que esta valoración ha decaído, lo que se suma a los problemas del sector.

Quizás allí esté el núcleo de la crisis. La hemos analizado extensamente durante años, hemos hablado de ella, hemos tomado algunas medidas con mayor o menor éxito, pero sigue existiendo. A pesar de todo, la sociedad aún no toma en cuenta el valor estratégico de la educación para el desarrollo personal y del país. Tenemos que lograr ese cambio cultural, ese punto de inflexión en que cada uno sepa con total certeza que "La docencia cambia vidas".