El exteniente y refugiado político venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado desde su casa y asesinado en Santiago, mientras que su cuerpo se encontró a comienzos de marzo bajo una loza de cemento en una ocupación clandestina. La Fiscalía detuvo a un posible culpable, pero otros dos estarían en Venezuela, hecho que descarta el Ministerio Público de aquel país. En tanto, la viuda, Josmarghy Castillo, escribió al fiscal chileno a cargo, Héctor Barros, para solicitar la colaboración del FBI.

"Para la determinación de identidad de evidencia genética levantada del cuerpo de Ronald Ojeda y en el sitio del suceso, como en material levantado en las pesquisas, se considere solicitar cooperación y asistencia internacional a Estados Unidos de América, particularmente del FBI", señaló Castillo en una carta a la que tuvo acceso Ex-Ante.

La mujer también realiza una "denuncia de posible delito informático", debido a intentos de acceso a sus redes sociales desde Venezuela.

Las fiscalías

Barros afirmó en abril que la muerte de Ojeda "se organizó desde Venezuela", momento en que el Ministerio Público señaló la tesis de que dos de los autores están en el país caribeño. La Fiscalía, debido a un acuerdo de colaboración para el crimen organizado firmado a comienzos de años, solicitó antecedentes a su homóloga, lo que ha sido negado, incluso bajo el argumento de tratarse de un crimen de "falsa bandera".

La ministra vocera, Camila Vallejo, explicó ayer que "cada vez que se envía información o respuestas por parte de autoridades, o en este caso del fiscal general de Venezuela (Tarek William Saab), hacia Chile se hace a través de la Cancillería, pero como un conductor de la información, porque es el Ministerio Público en Chile el que recepciona esto, dado que lleva la investigación".

"Entonces nosotros en ese sentido, más allá de las declaraciones públicas, y no vamos a entrar más en polémicas cruzadas porque no es nuestro espíritu ni intención caer en provocaciones, es que cuando hay antecedentes que desmientan o reafirmen lo que señala la investigación del Ministerio Público, se pongan en conocimiento del Ministerio Público a través de los conductos oficiales y formales que tenemos a través de la Cancillería, como ha sucedido hasta el momento", afirmó Vallejo.

Saab dijo en Mega durante el fin de semana que "esos dos presuntos indiciados miembros del Tren de Aragua que señala la Justicia chilena no viven en Venezuela y no están en Venezuela, pero mi pregunta es esta: ¿Por qué si uno de ellos tiene antecedentes por participar en tres secuestros en Chile, por qué la Justicia chilena no lo detuvo? ¿Quién es culpable aquí de la impunidad y del crimen? (...) Es una muy débil investigación la que se ha hecho, sin fundamentos, de una pobreza extrema en la experticia".

La ministra en visita Jenny Book encabezó ayer, en Putre, la reconstitución de escena de la muerte del conscripto Franco Vargas, quien falleció el 27 de abril en esa comuna de la Región de Arica y Parinacota, mientras realizaba su servicio militar.

La jueza de la Corte Marcial -designada por el Pleno de la Corte Suprema para indagar esta causa- lideró la diligencia durante cuatro horas en el sector de Pacollo, a 4.250 metros sobre el nivel del mar, informó el Poder Judicial en sus redes sociales.

Jenny Book ordenó el viernes la exhumación del cadáver de Franco Vargas, quien tenía 19 años de edad al perder la vida tras una cuestionada marcha de instrucción por el altiplano.

La magistrada explicó que tal diligencia se realizará invocando el Protocolo de Minnesota (que se aplica cuando hay sospechas de apremio), lo que no se efectuó para Vargas en su momento.

"La idea es coordinar con la PDI la fecha de la exhumación, que se desarrollará en los próximos días", con presencia de la madre del joven, funcionarios del Servicio Médico Legal y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se indicó.

Competencia

Book señaló además que su investigación se ha desarrollado "sin contratiempos", en medio de la contienda de competencia con la justicia ordinaria.

Ayer La Corte Suprema reprogramó la audiencia que discutiría el asunto, tras acoger dos recursos de recusación: contra la abogada integrante Andrea Ruiz y contra la ministra María Teresa Letelier, salpicada durante los últimos días por las sospechas de tráfico de influencias en el caso "Operación Topógrafo".

En este tema, Romy Vargas, madre del conscripto muerto, insistió ayer en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que este caso debe ser visto por la justicia civil y no por la militar.

Diez funcionarios de Gendarmería, de los cuales nueve eran activos y uno en retiro, fueron detenidos en el marco de un megaoperativo llevado a cabo por la Fiscalía Occidente, Gendarmería y Carabineros.

Todos los arrestados cumplían funciones en La Serena. Dos de ellos son capitanes, uno teniente y los demás son todos suboficiales y participaban en una red de corrupción y tráfico de droga y armas que operaba desde las cárceles. Por esto serán formalizados hoy.

"Se dedicaban a hacer ingresos hacia el establecimiento penitenciario de distintos elementos prohibidos por el reglamento, previo pago por supuesto de sumas de dinero por parte de internos y familiares de los internos", sostuvo el fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Coordinación

También se detectó una red para el tráfico de armas de distinto calibre y municiones, efectuado desde distintos recintos penales por un grupo de internos. Las transacciones eran coordinadas desde el interior de los recintos, y se concretaban mediante una red de testaferros que recibía los pagos, para luego realizar las entregas en distintos puntos.

Para efectuar estas operaciones, los internos utilizaban dispositivos celulares que eran ingresados en acuerdo con los funcionarios que los custodiaban, quienes, en algunos casos, los vendían a dichos internos a cambio de una suma de dinero.

"Solicitamos las órdenes de entrada y registro para los domicilios de los funcionarios, porque teníamos la percepción de que en sus propios domicilios guardaban también sustancias que eventualmente podían ingresar a los establecimientos y el resultado de esas órdenes de ingreso nos dieron precisamente aquello, al interior de los domicilios de los funcionarios de la Gendarmería, en la cuarta región encontramos gran cantidad de dinero, encontramos drogas y encontramos municiones y armas de fuego", agregó Pastén.

En total se incautaron 7 vehículos, 2 armas de fuego y una de fogueo, 114 municiones, 28 teléfonos celulares, 3,8 kilos de droga (clorhidrato de cocaína, cocaína base y marihuana), 3 pesas digitales, 18,5 millones de pesos en efectivo, 970 mil pesos en dinero falsificado, notebooks, discos duros y pendrives.