Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI para 2025, levantó una gran polémica luego de asegurar en un panel sobre seguridad que "hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco", lo que generó inmediatas reacciones del Gobierno.

La jefa municipal intervino en el debate "Crimen Organizado y la amenaza a la región", que realizó la Universidad del Desarrollo, a propósito de un homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera que organizó el grupo Libertad y Democracia, que congrega a líderes de derecha de Latinoamérica.

"Para vivir en sociedad uno debe tener normas claras, pero también tiene alguien que aplique las normas, que las haga cumplir", expuso Matthei, y si bien destacó que en nuestro país hay instituciones sólidas, reparó en "el peligro de que esas instituciones que debieran estar velando que todas esas restricciones a la libertad se apliquen en forma coherente para el bien común, empiecen a utilizarse para fortalecer a los grupos narco".

Luego aseveró que "hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco", y acusó que tanto jueces como fiscales han actuado con debilidad frente al narcotráfico: "No sabemos si es debilidad o es porque están comprados o amenazados".

Ante ello, pidió tomar medidas urgentes: "En Chile tenemos unas instituciones que dan risa. Muchas veces hay una relación peligrosa entre gente de extrema izquierda que lo que tratan de hacer es justamente debilitar a estas instituciones".

Gobierno y Fiscalía

Estas palabras generaron fuertes reacciones de parte del Gobierno y también una respuesta del fiscal nacional.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que los dichos de la alcaldesa "me parecen muy graves. Me parecen osadas. Deslegitiman las instituciones. Me parecen osadas, irresponsables y sobre todo por las características de la alcaldesa Matthei. Es una persona que tiene una larga trayectoria, ha estado en cargos públicos. Ella sabe lo que significa afirmaciones de ese tipo, sabe el daño que afirmaciones de ese tipo le hicieron en el pasado, entre otras cosas, a este Congreso Nacional", añadió Cordero.

"Yo creo que si ella tiene antecedentes objetivos sobre ese punto, ella es funcionaria pública y, por lo tanto, sobre ella pesan deberes de denuncia", añadió el secretario de Estado, quien pidió a la precandidata presidencial "menos cuñas y más antecedentes específicos. Si ella tiene antecedentes específicos, su obligación como funcionaria pública es entregarla a los tribunales de justicia".

En la misma línea, la ministra vocera, Camila Vallejo, dijo que "cuando a veces los debates carecen de evidencia se entra en la especulación en temas que son sensibles y delicados".

Y el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo no conocer el detalle de las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, sin embargo hizo un llamado a que "cualquier persona que tenga información acerca de hechos como los que ella señala, de posibles pagos o amenazas, lo que esperamos es que nos aporte a la justicia, porque serían situaciones graves y que, por supuesto, tenemos que investigar".

Ante dichos emplazamientos, Matthei apuntó a través de X que "el caso más llamativo es el de San Ramón", cuyo exalcalde Miguel Aguilera está acusado por delitos de corrupción. También aludió a "las denuncias de los alcaldes de La Granja (Felipe Delpín, DC) y La Pintana (Claudia Pizarro, DC). ¡No pretendan tapar el Sol con un dedo!".

La Corte Suprema sostuvo ayer una reunión extraordinaria del pleno, que se extendió por seis horas, para analizar el sistema de nombramientos del Poder Judicial, que ha sido puesto en cuestionamiento durante los últimos días luego de que se conocieran denuncias por influencias o presiones para las nominaciones en el Ministerio Público y en el Poder Judicial.

Tras la instancia, la vocera del máximo tribunal, la ministra María Soledad Melo, leyó un comunicado redactado en el pleno ordinario del lunes, en el que la Suprema reconoció que el sistema de nombramientos arrastra problemas sobre los que ha insistido desde 2014 que deben ser reformados, y para ello acordó crear una mesa de trabajo con representantes de las distintas salas de la Corte para revisar el mecanismo de concursos y nombramientos.

Asimismo, relevó la necesidad de traspasar a otro órgano todo lo relacionado con el nombramiento de notarios y archiveros. Y decidió avanzar en la redacción de un nuevo código de ética judicial.

No se investigará

Sobre la controversia que salpica a la ministra Ángela Vivanco, cuya pareja, el abogado Gonzalo Migueles, fue acusado de presionar para influir en el nombramiento de fiscal nacional y conservador de bienes raíces, la vocera aclaró que en el escenario actual no se abrirá una investigación contra la magistrada "porque no había una imputación directa; y hubo algunos ministros que estuvieron por hacer inmediatamente una investigación disciplinaria, acotados a la situación que había aparecido el fin de semana en la prensa".

Ayer se dio a conocer también que el fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó reunirse con la ministra Vivanco luego de conocida la controversia: "Hemos solicitado un informe al fiscal Carlos Palma respecto a quién se refieren en sus afirmaciones; y que, de momento, considerando los procedimientos internos, no es oportuno realizar esa entrevista".