Chile no es la excepción en cuanto al cansancio de la población por el estado de cosas detallado el martes pasado. El malestar local por la inseguridad en que se vive ha llegado a niveles que son increíbles y pese a los esfuerzos que hace el gobierno, la caída de aquella poco se nota. Si se ven los noticiarios nocturnos de la TV, más la mitad de ellos diariamente está dedicada a los portonazos, a las luchas entre mafias, a los asesinatos e incluso a ciertas falencias de organismos que tienen el respeto de la población, pero cuya acción está limitada.

La gente pide "mano dura" y los límites que la ley impone a los agentes del orden crean situaciones que son difíciles de entender para la mayoría. Se da el hecho poco comprensible que la izquierda chilena, en especial los comunistas, pongan toda clase de trabas al establecimiento de medidas más drásticas contra la delincuencia. Anteponen como excusa el respeto a los derechos humanos, lo que en definitiva significa que a la larga ese respeto protege más a los agresores que a los agredidos.

Estoy cierto que si se consulta a personas que viven en las comunas más pobladas y donde la inseguridad es la norma, desearían aceptar ciertas restricciones que, aparentemente, atentan contra disposiciones de regulación interna o de tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos. Respecto a esto último, pienso que los tratados vigentes sobre derechos humanos fueron acordados antes de que apareciera la inseguridad que hoy tenemos y antes de que nacieran los variados métodos con que se atenta contra la población.

La seguridad que se tenía al momento de dictar esas normas ha desaparecido y ni la burocracia internacional ni los gobiernos tienen interés en que se produzcan mutaciones que hagan posible enfrentar lo que hoy se vive, especialmente en los lugares donde habitan los más desposeídos. Esta es una realidad no sólo chilena, sino que continental.

Hay casos en que no es posible dictar una ley, pues se puede afectar un tratado internacional relativo a los derechos humanos, sin que se considere, como lo indiqué, que la realidad de inseguridad que hoy existe no tiene nada que ver con la que había hace años. Dichos tratados, en general, consideraron lo que en el instante de su dictación estaba sucediendo, pero hoy algunos han pasado a ser una especie de camisa de fuerza que impide crear medidas que de alguna forma den tranquilidad a la población. En determinados casos aparecen como defensores de los derechos de los delincuentes.

Hay un hecho que me ha impactado. Se presume que los candidatos a cualquier cargo público de elección popular, sea alcalde, parlamentario o presidente, hablan latamente con la gente antes de los comicios respectivos y poseen encuestas que de alguna manera los orientan hacia lo que los electores esperan de ellos. Es decir, los postulantes tratan de tener en sus manos los antecedentes de qué es lo que la gente realmente piensa y desea.

He quedado estupefacto con la declaración de un candidato a alcalde de una ciudad importante formulada a una conocida periodista, en el sentido que es partidario -para ciertos casos graves- restablecer la pena de muerte. Cuando ella le hizo presente que la pena de muerte no existe en Chile y está expresamente prohibida por el Pacto de San José, el candidato de marras, con gran tranquilidad, sostuvo que en ese caso hay que retirarse de dicho pacto. Quiere decir que este señor, que está inmerso en una intensa campaña electoral, debe haber percibido que esa afirmación es bienvenida en parte no despreciable de los futuros votantes. Me asusta esa posibilidad.

Por otra parte, que yo recuerde, nunca en la historia se había dado el caso que faltando algo más de un año para la elección presidencial, los candidatos -según las encuestas- con mayores posibilidades de triunfar en aquellas son de derecha: la alcaldesa de Providencia y el líder del Partido Republicano.

Es cierto que es muy sustantivo cambiar el sistema previsional para elevar las pensiones, mejorar la educación y dar solución a otras dificultades que tenemos los chilenos, pero al parecer a la gente lo que más le interesa es poder caminar con tranquilidad por su población, que no se vea amenazada por hablar por teléfono en la calle, que no tenga temor que asaltantes le roben su auto o que la maten lisa y llanamente para intentar sacarle lo que lleva puesto.

El Presidente, en su último mensaje a la nación, señaló que se habían aprobado innumerables leyes en beneficio de la gente. Sin embargo, la mayoría de los chilenos muestra una profunda insatisfacción con la coalición de gobierno. Todos los sondeos indican que echan de menos la tranquilidad con que vivían en el pasado. Insisto en algo ya señalado más arriba. Si los partidos de gobierno rechazan legislar para darle mayores atribuciones a las autoridades civiles y militares para erradicar el crimen y sobre todo las consecuencias nefatas que trae consigo el narcotráfico, la mayoría de los chilenos y chilenas van a preferir a quienes le prometan realmente una "mano dura" contra la delincuencia. Ya no basta con la promesa incumplida del expresidente Piñera (QEPD) de "pondré fin a la puerta giratoria de la delincuencia". Resulta que al terminar su segundo gobierno el tema de seguridad estaba peor y las autoridades de hoy, como he indicado más arriba, poseen una especie de espanto a la alternativa de dar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas y de orden para intentar ayudar a frenar la delincuencia y sobre todo el narcotráfico y sus consecuencias. Mientras en Cuba y Venezuela las autoridades fundan parte importante de su poder en sus Fuerzas Armadas, en Chile muchos izquierdistas siguen pensando que ellas representan a Pinochet. Si no se pierde ese temor absurdo, será muy complicado crear un ambiente que termine con los delincuentes y garantice la vida de quienes deseamos vivir en paz.

La pretensión de estas líneas es poner énfasis en la urgencia de que quienes desean tomar las riendas del próximo gobierno, cualquiera sea su pelaje, deben tener presente lo que buscamos y queremos los chilenos, lo que a la larga no es distinto a lo que desea la mayoría de los países grandes de la Europa occidental.

Mutación política II