El ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó de manera tajante la posibilidad de que el Gobierno entregue un nuevo subsidio ante la inminente alza de las tarifas eléctricas a partir de julio, pese a las peticiones en este sentido desde la oposición en un principio, a lo que se han sumado representantes del oficialismo. Para el secretario de Estado la situación está clara: no hay recursos.

Si bien este aumento de precios de las cuentas de la luz estaba programado desde hace un año, con motivo del descongelamiento de las tarifas que se mantienen sin cambios desde 2019, primero a causa del estallido social y luego extendido con motivo de la pandemia, recién en las últimas semanas se convirtió en un tema controversial debido a que los pagos se incrementarán hasta en el 50% en algunos casos, lo que hizo reaccionar a parlamentarios contra la medida, pese a que en el mismo Congreso se aprobó el alza en 2023, con subsidio para las familias más vulnerables.

Las primeras críticas surgieron desde la oposición, que exigió aumentar las ayudas del estado e incluso amenazó con elevar una interpelación contra el ministro de Energía, Diego Pardow, y hasta una posible acusación constitucional con el objetivo de destituirlo. Sin embargo, luego el oficialismo se sumó a este clamor por los subsidios.

La primera en tomar dicha bandera fue la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), quien pidió a La Moneda frenar las alzas a través de una posible renegociación de los contratos.

A ella se sumó la directiva provisoria del Frente Amplio, liderada por Diego Ibáñez, que advirtió que "es imprescindible dar nuevos pasos, aumentando los recursos y mecanismos disponibles para que, en pleno invierno, más familias no se vean afectadas por los ajustes tarifarios en el sistema eléctrico".

Desde la tienda se manifestaron dispuestos a "dialogar sobre otros mecanismos complementarios que permitan frenar el alza en las cuentas de luz y, con ello, el alza en el costo de la vida, considerando que se trata de una problemática urgente, sobre la que profundizar las acciones de gobierno que han apuntado a enfrentar la inflación".

Agregaron que es "relevante no perder de vista el problema de fondo sobre el precio de la electricidad, que ha significado la acumulación de una deuda que hoy asciende a 6.000 millones de dólares, por la decisión política transversal de frenar el alza de la electricidad en época de estallido social y pandemia".

Descartado

Ante ello, el ministro Marcel enfatizó que "sólo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales. Si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, para financiar desde el Estado salas cuna, para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico".

"Cada cosa tenemos que ir resolviendo a través de los mecanismos que están algunos en discusión y otros en elaboración. En discusión actualmente está el proyecto sobre cumplimiento tributario, que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU, el aumento de la inversión en seguridad ciudadana", dijo Marcel.

En cuanto al subsidio para el pago de las cuentas de electricidad, sostuvo que "se barajaron algunas alternativas durante la discusión de ese proyecto de ley", pero no se logró ir más allá del subsidio establecido.

La Corte Suprema determinó ayer que la justicia civil quede a cargo de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas, así como de las graves lesiones de cuatro soldados, hechos ocurridos el 27 de abril en Putre, mientras cumplían con su servicio militar.

Con motivo de esta resolución, la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, deberá abandonar la causa.

La interpretación del Código de Justicia Militar, "a la luz de las normas constitucionales y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incluyendo la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", obliga a aplicar "la excepción en favor de los tribunales militares sólo para aquellos casos de comisión de delitos comunes de militares en contra de militares, vinculados estrictamente a la función militar y en protección de los bienes jurídicos que le son propios, no extendiéndola a otros delitos ajenos a la actividad y fines de aquella", expone la resolución.

"En la presente causa se investigan hechos que son atribuidos al personal militar integrante y que en el evento de ser comprobados pueden ser constitutivos del delito de apremios ilegítimos y apremios ilegítimos en concurso con homicidio, ilícitos comunes que no pueden ser considerados actos de servicio o cometidos con ocasión de él, (de modo que) su conocimiento y resolución está encomendado a la judicatura ordinaria civil", sentencia.

Luego de conocida la decisión del máximo tribunal, Romy Vargas, madre del conscripto fallecido, dijo a radio Cooperativa que "es un escalón ganado en esta lucha por que paguen todos los que hicieron sufrir a mi hijo, y que tengan una justicia digna todos los niños que también sufrieron maltrato".

"Estoy feliz de que la Corte Suprema haya decidido por la justicia civil, ya que en la militar yo prácticamente no existía, y había secretos y mentiras que todos sabemos, porque en Antuco nunca hubo una condena real", argumentó la mujer, visiblemente emocionada.