En una visita a un proyecto en la que estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, Jaqueline Gálvez, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, recibió la crítica de Cristián Boetsch, presidente de una compañía inmobiliaria.

Según reprodujo radio Bío-Bío, el empresario le dijo al ministro: "Quiero hacer una protesta contra la permisología en este proyecto, porque con permiso municipal otorgado por la municipalidad estuvimos dos años detenidos porque Monumentos Nacionales pidió a Arqueología que revisara".

Boetsch añadió que se gastaron 300 millones de pesos en los arqueólogos "para encontrar 20 sacos de basura arqueológica que después nos obligan a nosotros a colocar en algún museo".

"Es una vergüenza lo que está pasando, yo creo que el ministro nos puede ayudar mucho en achicar los tiempos de permisología", complementó el empresario, reconociendo que incluso ellos han debido mentir para poder ejecutar algunas obras.

Montes reconoció que el Ministerio de las Culturas ha estado trabajando en la manera de modernizar el sistema de bienes nacionales, "es una discusión que hemos tenido".

El ministro admitió, además, que "el problema del Consejo de Monumentos Nacionales, de modernizar las normas, de tener más personas para evaluar realmente el impacto que eso tiene, es muy importante".

Pero Montes también responsabilizó a los privados, recordando que "las compañías eléctricas a veces se demoran ocho meses en conectar una obra e instalar los empalmes que finalmente tienen un costo para las familias".

Marcel responde a cmpc

Otro ministro que abordó el tema de la permisología ayer fue el titular de Hacienda, Mario Marcel, quien se mostró molesto con el análisis que realizó el presidente de la CMPC, Luis Felipe Gazitúa, en relación a lo difícil que es invertir en Chile.

Gacitúa realizó esta crítica refiriéndose al rubro forestal en un seminario del Instituto Regional de adminsitración de Empresas (Irade) el miércoles.

"Nosotros no tenemos inversiones en Chile, porque es imposible hacer proyectos en Chile", aseguró Gazitúa.

"Una fábrica de celulosa es una inversión del orden de US$4.000 millones. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos US$4.000 millones cuando el proyecto se puede demorar 14 años. Eso hace que el proyecto no sea rentable", agregó.

Ayer, en respuesta, Marcel no sólo negó que no exista inversión nacional y extranjera, sino que además reprochó que la crítica viniera de la CMPC: "Creo que en el caso de una empresa que protagonizó uno de los episodios más graves de colusión en Chile, uno esperaría un poco más de prudencia y un poco más de compromiso con el país".

Los cactus copiapoa, endémicos del desierto de Atacama chileno y muy populares internacionalmente como ornamento doméstico, corren cada vez mayor peligro de extinción debido al mercado ilegal de estas plantas. Así lo advirtió ayer la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La organización informó que actualizó su lista roja de especies amenazadas y destacó en esta nueva versión que un 82% de las especies de estos cactus están en peligro de desaparecer, cuando hace algo más de una década ese porcentaje era considerablemente menor (55%). "La moda de los cactus copiapoa como especies ornamentales en Europa y Asia ha llevado a un incremento en su tráfico ilegal, algo facilitado por las redes sociales", advirtió en un comunicado la organización. La UICN también subraya que la construcción de carreteras y viviendas en la zona donde estas plantas son oriundas, una de las más áridas del mundo, ha provocado que sean más accesibles para quienes comercian ilegalmente con ellas, destruyendo además parte de su hábitat. El cambio climático constituye otra amenaza para estas especies, ya que la niebla oceánica que requieren para hidratarse varía con los cambios de temperatura y el ciclo reproductivo lento de estos cactus, típico de una especie de larga vida, dificulta su mudanza a nuevas zonas más adecuadas.

Durante su gira por la Región de Magallanes, en la que tuvo un tenso cruce con dirigentas de juntas de vecinos, el Presidente Gabriel Boric se volvió a referir al alza en las cuentas de la luz que comenzarán a aplicarse desde el próximo lunes 1 de julio.

En entrevista en radio Presidente Ibáñez, el mandatario dijo que "el ajuste que hay que hacer es difícil pero necesario, o sería irresponsable de nuestra parte. Deuda que no se paga, sale más cara".

Aunque aseguró que el Gobierno no puede impedir el alza en las tarifas eléctricas, anunció que ya están estudiando mecanismo para entregar un subsidio a las familias que les permita enfrentar este mayor costo.

Lo mismo anunció el ministro de Energía, Diego Pardow, que se integró a la gira. "Vamos a encontrar las fórmulas para hacer crecer el subsidio o mitigar estas alzas a los hogares".

Sobre las críticas realizadas por algunos parlamentarios respecto en la demora en que habría incurrido para informar estas alzas, Pardow se limitó a reiterar que "las críticas en la política son legítimas. Este proyecto fue diseñado en conjunto con el Congreso a fines del año pasado, por lo que hemos demostrado que el ejecutivo y el poder legislativo pueden trabajar unidos en soluciones".