Sebastián Mejías O.

" Estamos en año electoral y hay personas, sectores políticos, que suelen usar este tipo de estrategias, de confundir a la comunidad, sin entregar el contexto adecuado de quiénes son efectivamente los responsables".

Francisco Riquelme, Alcalde (RD) de Casablanca

El pasado miércoles, el Juzgado de Letras de Casablanca decretó una orden de arresto contra el alcalde Francisco Riquelme (RD) por el atraso en el pago de $54 millones de una demanda que perdió el municipio por una deuda hacia la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Si bien se trata de una demanda presentada en 2018 contra el entonces alcalde Rodrigo Martínez (Renovación Nacional), le correspondía a la actual gestión asumir la deuda, por lo cual la municipalidad pagó el monto reclamado recién durante la jornada de ayer.

Desde el municipio aseguran que "fundadamente, el Juzgado de Letras de Casablanca ha cometido un evidente error en su resolución, considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la medida de arresto procederá sólo respecto del alcalde en cuyo ejercicio se hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio". De ahí que presentaron un recurso de reposición al tribunal para dejar la medida sin efecto, dado que "la deuda se originó por un incumplimiento laboral en el período de la administración anterior, liderada por Rodrigo Martínez, a quien le debería corresponder la orden de detención".

"Estrategia fallida"

En conversación con Radio Bío-Bío, el alcalde Riquelme, si bien reconoció "que hubo un atraso de parte nuestra en el pago", sostuvo que si el municipio hoy está pagando "esta deuda es por una estrategia fallida de la administración anterior". Agregó que "nada justifica todo lo que se ha instalado, a través de la noticia sobre una orden de arresto que no corresponde".

Añadió que todo se ha dado por cuanto "estamos en año electoral y hay personas, sectores políticos, que suelen usar este tipo de estrategias, de confundir a la comunidad, sin entregar el contexto adecuado de quiénes son efectivamente los responsables". "Se sabe quién será uno de mis contrincantes en la elección de octubre, el anterior alcalde (Rodrigo Martínez), que no solamente arrastra este caso, sino otros más y una querella que interpusimos por fraude al Fisco", añadió.

Disputa electoral

Si el alcalde Riquelme insiste en que la orden de arresto debió ir hacia el exalcalde Rodrigo Martínez, este último sostuvo que "la obligación de pago a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) nace una vez que queda ejecutoriada la sentencia de cobro, lo que ocurrió en el mes de mayo del 2022, año en que se desestimaron las excepciones deducidas por el director jurídico municipal de ese entonces".

Por tanto, añadió que "la responsabilidad de pago corresponde a la actual administración municipal, de la cual el alcalde Francisco Riquelme López es su representante legal desde el 30 de junio del año 2021, siendo la medida de apremio dictada por el Juzgado de Letras de Casablanca perfectamente consistente con el mérito del proceso de cobro".

Sobre la orden de apremio que implicaba el arresto por tres días en contra del jefe comunal casablanquino por el no cumplimiento de la sentencia, Martínez dice que la información "fue dada a conocer por un medio de comunicación en el que no tengo vinculación absoluta". Es más, recalcó que por esa noticia y "ante la conmoción que causó en redes sociales, finalmente los demandados realizaron el pago adeudado con fecha 26 de junio".

Asimismo, el exalcalde lamentó "que se tenga que llegar a estas instancias para que la Municipalidad de Casablanca finalmente se haga de sus obligaciones judiciales y que sea finalmente el cuestionamiento público lo que los haga actuar".

A su juicio, "lo realizado por el alcalde Riquelme y su equipo podría configurarse como notable abandono de deberes que perjudica enormemente a las arcas municipales, todo motivado por la decisión de no actuar a tiempo, dilatar la situación y de acatar al filo de la ley".

"Esta información es de acceso público y está a la mano para que cada uno de los casablanquinos y casablanquinas formen una opinión informada y apegada a los hechos. No dejen que les mientan y que se juegue con la responsabilidad y con el dinero de toda la comuna", enfatizó el también candidato RN al municipio en las elecciones de este año.

" Lo realizado por el alcalde Riquelme y su equipo podría configurarse como notable abandono de deberes que perjudica enormemente a las arcas municipales, todo motivado por la decisión de no actuar a tiempo".

Rodrigo Martínez, Exalcalde y candidato (RN) a alcalde de Casablanca

En el marco de la investigación de los convenios que firmó la fundación ProCultura en la región y según información publicada por Evolutivamedios, quien fuera la encargada regional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), María Constanza González, está siendo investigada por la PDI y su teléfono habría sido incautado en un procedimiento masivo que llevó adelante la Fiscalía hace dos semanas.

Si bien llegó con este gobierno en 2022 a trabajar al Minvu y, por lo tanto, no firmó los convenios cuestionados, la arquitecta de la UV dejó de cumplir dichas funciones a fines de 2023. Actualmente realiza labores en la Municipalidad de Viña del Mar como contraparte del Serviu en el proceso de reconstrucción, dependiente de la Secpla, y considerada cercana a la alcaldesa Ripamonti en un cargo estratégico.

"Es la denunciante"

El por ello que ayer, desde el municipio descartaron cualquier relación de la profesional con el caso Convenios y subrayaron que es denunciante en esta trama, tras tener un rol clave en el proyecto desarrollado por ProCultura para la urbanización de los campamentos de Villa Alemana, Irene Frei, Manzana 33 y Lomas de Bellavista.

Desde la casa consistorial cuestionaron la información, asegurando que está "rotundamente errada, por cuanto la persona indicada es la denunciante del caso, quien hizo patente la situación y realizó la denuncia que dio paso a la investigación correspondiente".

"Tema delicado", aseguró la concejala Antonia Scarella (indep.-UDI), "y por lo mismo debemos dejar que las instituciones correspondientes hagan su trabajo". Aun así, sostuvo que "en el caso de haber algo que no corresponda, espero que el municipio tome medidas al respecto".

"Como Concejo no hemos tenido información oficial desde la administración y, por lo mismo, vamos a pedir más antecedentes, ya que la persona indicada fue designada por el municipio como encargada del proceso de reconstrucción del incendio de este año, el que no se puede ver empañado o algo parecido por estos hechos", agregó la edil.

Situación incómoda

El concejal René Lues (DC) dijo que le parece bien "que se investiguen a fondo todos los proyectos de las fundaciones que han traicionado la fe pública y se han quedado con recursos".

Ahora bien, insistió que "el hecho de que, en el marco de la investigación de esta arista, la PDI haya requisado su teléfono móvil a la funcionaria municipal encargada de la reconstrucción tras el megaincendio del pasado mes de febrero, es obviamente una situación incómoda que la municipalidad debiera aclarar y respecto de la cual, además, se tienen que aportar todos los antecedentes disponibles al Ministerio Público para colaborar activamente en el éxito de esta importante investigación".

Se debe consignar que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, asumió la investigación del caso ProCultura en reemplazo de su par de Aysén, Carlos Palma.