Pareciera que nadie de aquel sector quiere darse cuenta que las empresas chilenas, grandes y medianas, arriesgan diariamente su capital y trabajo, y deben sujetarse a una serie de restricciones cuando intentan realizar un emprendimiento. De partida, está comprobado empíricamente que si una empresa desea hacer una inversión sustantiva, desde el momento que se inicia la planificación hasta el instante en que se han salvado todas las trabas burocráticas para operar, deben pasar diez años. En ningún país del mundo sucede eso. Es otro récord chileno más allá del que poseemos gracias al capitán Larraguibel en salto a caballo conseguido en el antiguo Regimiento Coraceros. Adicionalmente, nadie piensa que las empresas deben pagar como impuesto el 27% de sus utilidades -10 días hábiles del mes aquellas trabajan para el Estado- sin que este haya tomado riesgo alguno, sin mirar los movimientos de los mercados internacionales y sin asumir ninguna contingencia. Los antiempresa privada no se percatan, o no quieren hacerlo, que para el Estado es un gran negocio que las empresas emprendan, pues de esa forma ese 27% se acrecienta. Adicionalmente, debe considerarse que los directores y los ejecutivos de las empresas privadas incrementan el patrimonio del Estado al estar sujetos a impuesto sobre sus ingresos en tasas que pueden llegar al 40%.

Asimismo, no se escucha reconocimiento alguno a cómo las empresas enfrentan con sus medios los problemas propios de la vida. Cuando extensos incendios destruyen su producción o cuando la naturaleza presenta fenómenos que las aniquila o cuando deben hacer frente a problemas serios de sus trabajadores, como fue el caso de la pandemia reciente, a nadie le importa el costo que aquello significa. Conozco una empresa que en los tiempos de covid estaba haciendo una sustantiva inversión, por lo que para no detener los trabajos realizaba a su costo 45.000 test PCR mensuales entre sus trabajadores propios y los contratados en esa construcción a fin de prevenirlos de esa enfermedad. Tampoco se percibe reconocimiento alguno a las acciones silenciosas de las empresas, insisto grandes y medianas, en favor de sus colaboradores cuando se ven afectados en sus viviendas o en la pérdida de sus enseres ante un terremoto u otra catástrofe natural, cosa que el Estado no hace con ninguno de sus trabajadores.

Es cierto que las empresas privadas a veces cometen tropelías incalificables. Todos tenemos presentes los escándalos de los pollos, de las farmacias o de La Polar. Pero nadie en el sector privado avala esas condenables conductas. Al contrario, son los propios empresarios los que están preocupados del actuar de los suyos y de la urgente necesidad de ser trasparentes y competitivos entre ellos. Todos han celebrado que esos actos irresponsables hayan sido denunciados y condenados.

Adicionalmente y en otro terreno, existen disposiciones legales o reglamentarias que las afectan al modificar sus planes o proyectos, sin ser consultados. Todos estamos felices porque la jornada laboral se ha reducido a 40 horas semanales. ¿Pero alguien ha pensado lo que eso significa para un pequeño o mediano empresario que hace esfuerzos sobrehumanos para mantenerse en números azules? ¿A alguien se le ha ocurrido intentar cuantificar los daños que para aquellos representa la medida en comento? A nadie. La norma es: usted es sector privado, por lo tanto rásquese con sus uñas.

A su vez, es absolutamente razonable que las empresas privadas paguen impuestos, como lo hacen en todos los países del mundo. Pero los chilenos vemos con espanto que los dineros recibidos por el Estado por esa vía se administran de una manera que deja mucho que desear. Hay que ver las carencias de los hospitales o los colegios para comprobar que las necesidades primordiales de la población son mal atendidas. Estimo que antes de insistir en la demonización de la empresa privada, es conveniente que el Estado haga una profunda reforma acerca de cómo gasta las platas que recibe. Qué mejor ejemplo que el de las malversaciones de las famosas corporaciones, las que suman muchos miles de millones de pesos. Asusta el aserto de que las autoridades deben preocuparse más de los privados que del manejo del propio Estado.

El acto realizado por el Presidente Boric al incorporar en su delegación a empresarios privados en su reciente viaje a Europa constituyó un buen signo. Es un medio para contactar a extranjeros a fin que traigan sus iniciativas a Chile. Pero, por otro lado, cómo puede él y los empresarios responder, por ejemplo, a la consulta de lo que sucedió con una empresa nórdica que adoptó la estratégica iniciativa de instalar una fábrica de contenedores -quizás unos de los productos más demandados en el mundo hoy día- en el puerto de San Antonio, y que ante las trabas de la burocracia y la actitud descontrolada de los trabajadores prefirió hacer la pérdida, cerrar las instalaciones y mandarse a cambiar. Difícil explicación. Para crecer es indispensable darles seguridades a las empresas nacionales y extranjeras de la existencia de normas estables y permanentes, tanto como para manejar sus utilidades como para que tengan claro las obligaciones que contraen con el Estado y las sanciones que recibirán ante el incumplimiento de estas. Que los privados se dediquen a mejorar sus resultados a fin de que los ingresos fiscales sean mayores y que el Estado gaste lo que recauda en forma eficiente.

Que cada uno haga lo que le corresponde.

¡Pastelero a tus pasteles!

Cuando se oyen declaraciones de ciertos ministros y otros políticos de izquierda respecto a la empresa privada, la tendencia habitual se orienta de una manera u otra a tratar de demonizarla. Insisten en que el Estado debe ser la palanca para conseguir el progreso. Se olvidan que cuando vino el golpe militar la economía chilena estaba en manos del Estado y se encontraba en ruinas. La inflación en 1973 iba a llegar a 700%. En esos 1.000 días el 90% de las empresas grandes y medianas había pasado a manos del Estado, al igual que el 100% de las distribuidoras de bienes. El Estado fue el gran administrador de esa época. Cabe preguntarse ante la debacle económica y social que hubo en ese lapso ¿quién era el culpable de la caída dramática de la economía y quién creaba el mercado negro cuando el Estado producía y distribuía los bienes? Lógicamente, no eran las empresas privadas como sostiene parte de la ex-UP. Por favor, no le echemos la culpa al empedrado.