Piden "apurar el tranco" tras entrada en vigencia de fondo
RECONSTRUCCIÓN. Inyección de $800 mil millones para reconstruir Viña del Mar y Quilpué fue valorada por parlamentarios. No obstante, piden agilizar el proceso.
Luego de su aprobación en el Congreso a mediados de mayo, este lunes se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.681, normativa que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para la Región de Valparaíso.
La iniciativa, que contó con un apoyo transversal en ambas cámaras, pone a disposición del Ejecutivo 800 mil millones de pesos, recursos que serán destinados exclusivamente a la reconstrucción de las zonas afectadas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tras el incendio del 2 y 3 de febrero.
Cerca de mil millones de dólares (unos 946 mil millones de pesos) se estima que costará la reconstrucción en la Región de Valparaíso. Por ello, resultan fundamentales los $800 mil millones que aporta la glosa para la ejecución del Plan de Reconstrucción del Gobierno.
¿cuál será su destino?
Según indica la ley, los recursos serán asignados a iniciativas como la reposición y construcción de viviendas; intervenciones y proyectos de urbanización; subsidios de fomento productivo; subsidios laborales para personas que presenten riesgo de perder su fuente laboral; prestaciones de apoyo psicosocial para las personas afectadas y, también, la reconstrucción de la infraestructura pública afectada.
La normativa precisa, además, que el fondo se financiará con aportes disponibles del Tesoro Público, contando con una vigencia máxima hasta el 31 de diciembre de 2026.
Su administración estará a cargo del Ministerio de Hacienda, que tendrá que informar la ejecución del fondo trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, como también a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
Lo propio aplica también para los ministerios involucrados en la ejecución de alguna de las obras financiadas con el Fondo de la Emergencia.
Además, para agilizar la reconstrucción, la normativa establece que "las acciones implementadas o financiadas con cargo al Fondo podrán eximirse de la aplicación de los artículos 23 y 24 de la ley N° 21.640". En otras palabras, no tendrán que someterse a concursos públicos.
En cuanto a las entidades privadas que implementen las obras, estas deberán contar con "experiencia comprobable y fehaciente en la obra a ejecutar", antes de suscribir un convenio con el Estado. Además, la normativa prohíbe la transferencia de recursos a empresas controladas por sociedades domiciliadas en territorios con régimen fiscal preferencial.
Respecto a la fiscalización de los recursos, el Ministerio de Hacienda llevará un registro público actualizado que deberá individualizar a los ejecutores, las obras a su cargo y su estado de avance. La Contraloría General de la República, en tanto, ejercerá el control y fiscalización de los gastos del Fondo de Emergencia para la reconstrucción.
Agilizar reconstrucción
El diputado Andrés Celis (RN) espera que con esto "se agilice todo el proceso de reconstrucción y la entrega de subsidios, que ha sido lento y con una serie de desprolijidades". Remarcó el legislador que "voy a estar muy encima fiscalizando una efectiva transparencia en el manejo de los recursos porque queremos evitar situaciones que finalmente terminen perjudicando a los afectados y al Estado".
Su par y correligionaria Camila Flores enfatizó que "la fiscalización que realice Contraloría en la ejecución de estos recursos va a ser especialmente importante. Este es un año electoral y lo que menos queremos es que las alcaldesas, ya sea de Villa Alemana, Quilpué o Viña del Mar, utilicen esos recursos en sus campañas políticas".
Por otro lado, el diputado Hotuiti Teao (indep.-Evópoli) subrayó que "en nuestro rol parlamentario estaremos fiscalizando la correcta aplicación de los mismos, para evitar la lentitud y poca eficiencia que hoy ha caracterizado el actuar de las autoridades".
En contraparte, el diputado Luis Fernando Sánchez (Republicano) cree que el Gobierno no tiene la capacidad de cumplir "con estas ideas maximalistas que tienen de arreglar barrios enteros", por lo que plantea que el dinero sea transferido directamente a los damnificados.
Desde el oficialismo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) espera que el Gobierno "pueda apurar el tranco y dar respuestas a la ciudadanía afectada", haciendo hincapié en que "se deben construir viviendas y reponer la infraestructura pública y para eso son los recursos que aprobamos y que ahora están disponibles".
"Esperamos que el Gobierno pueda apurar el tranco y dar respuestas a la ciudadanía afectada".
Ricardo Lagos Weber, Senador (PPD)
"La fiscalización que realice Contraloría en la ejecución de estos recursos va a ser importante. Este es un año electoral".
Camila Flores, Diputada (RN)