La reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) del 22 de abril terminó de la forma menos pacífica posible, con la delegada presidencial regional, Sofía González, y una decena de seremis rechazando el proyecto "Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa", y asestando una dura derrota a la empresa Reconsa, histórica urbanizadora de las dunas de Concón y sus alrededores, que debió conformarse con el solitario voto a favor de la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Paola La Rocca. Contradictoriamente, el proyecto había recibido antes el voto favorable por parte de los seremis de Medio Ambiente, Salud, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

La sesión, que también contó con la presencia y exposición del abogado Gabriel Muñoz, conocido profesional que trabaja para Duna Viva, agrupación ambientalista que reúne a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y a la Fundación Yarur, fue deslegitimada la semana pasada por la propia empresa, que presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, alegando la escasa -más bien, nula- argumentación de los votos por parte de los presentes. En las últimas horas, según publicó el diario económico Pulso, se ingresó también una denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa en contra de la delegada González, los seremis o quienes resulten responsables, lo cual está siendo investigado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por cuanto la votación se habría realizado "sin fundamento legal ni técnico, contraviniendo de manera infundada e inexplicable el Informe Consolidado de Evaluación (IEA)". El propio medio compara el caso con el episodio de Fundamenta y su proyecto EcoEgaña en Ñuñoa, el cual habría sido "bajado" tras sendos mensajes por WhatsApp.

Más allá de la polémica puntual, cabe preguntarse por los efectos políticos que pueda tener una acción penal como ésta, con la delegada severamente cuestionada en varios flancos y con el secreto a voces de que renunciaría en octubre para ser candidata a diputada por el Distrito 6.

Nuestro país lleva años, diría más de una década, aprobando sendas reformas legales para mejorar la persecución y el castigo del llamado crimen organizado, como la Ley 21.575, publicada el 23 mayo de 2023.

Tales modificaciones, además de aumentar las penas, han entregado importantes facultades intrusivas a la Fiscalía (incluso para investigar delitos de baja entidad). No obstante, poco y nada sabemos sobre lo que debe entenderse por crimen organizado. Nuestra legislación lo define a propósito de lo que se denomina "asociación criminal" (artículo 293) que no necesariamente es lo mismo.

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, conocida como convención de Palermo, define en su artículo segundo al grupo delictivo organizado: "Un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material".

A su vez, nuestro Código Penal describe la asociación criminal como "toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes".

Como advertirá el lector, el crimen organizado se caracteriza principalmente por su estructura (organización) y la permanencia en el tiempo en el propósito delictivo. Sin embargo, existe una discrepancia en el instrumento internacional y el nacional respecto al componente utilitarista que exige el primero. Esto es, la necesidad que la organización tenga una finalidad económica o material en general.

Dicho elemento de lucro permite diferenciar la organización criminal de los grupos o asociaciones terroristas, pandillas juveniles, entre otras, que son organizaciones que obedecen a fines distintos (insurrección o defensa de ciertas ideologías y/o valoraciones contraculturales).

Así las cosas, no es crimen organizado la asociación de dos personas para cometer un delito, o de tres o más que no están organizados, o de tres o más que sólo cometen un delito, o de un grupo de personas que cometen uno por fines distintos al económico, como pasional por ejemplo.

En el actual contexto legal y marco conceptual, los defensores penales públicos debemos exigir una interpretación convencional del crimen organizado en los debates que se den en las respectivas audiencias en los tribunales de garantía y orales en lo penal.