Cuentas de luz de los damnificados
Las alcaldesas y un grupo de diputados piden al Gobierno la exención de pagos, algo similar a lo que se prometió en febrero. La empresa Chilquinta ofreció convenios de pago, lo que no fue bien recibido por los vecinos, quienes comparan tal respuesta con la proactiva actitud de la sanitaria Esval.
El alza de las tarifas de la luz, congeladas desde 2019, con posterioridad al estallido social, se prolongó por parte de la administración del ex Presidente Sebastián Piñera durante el transcurso de la pandemia de covid, para luego crearse diversos mecanismos de estabilización de precios que fijarían límites de endeudamiento como el Fondo de Estabilización Transitorio de Precios para los clientes regulados o el Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC), que tarde o temprano se vieron superados por diversos factores, como la inflación, los efectos de la guerra en Ucrania o el alza del tipo de cambio. En concreto: el congelamiento de las tarifas eléctricas duró casi cinco años, generando una deuda con las empresas generadoras de unos US$ 6 mil millones y, lamentablemente, llegó el minuto de pagarla. Según el Banco Central, las cuentas subirán en promedio un 57% a contar de este mes en tres tandas (julio, octubre y enero 2025). Para hacer frente a ello, el Gobierno lanzó un subsidio especial de corte semestral para las familias más vulnerables, al cual se puede postular hasta mediados de julio. Simultáneamente, los damnificados de Viña del Mar y Quilpué por el megaincendio de febrero se quejan de haber comenzado a recibir abultadas boletas acumulativas -cobros que fueron dejados sin efecto durante la emergencia-, con ciertas inconsistencias, como por ejemplo en propiedades que están 100% destruidas. La empresa Chilquinta ofreció convenios de pago, lo que no fue bien recibido por los vecinos, quienes comparan el comportamiento de la distribuidora eléctrica de capitales chinos con la, a su juicio, proactiva actitud de la sanitaria Esval, de controladores canadienses.
En esta línea, las alcaldesas Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, además de un nutrido grupo de parlamentarios de la zona piden al Gobierno central una exención de pagos, algo muy similar a lo que prometió durante los días de emergencia el propio Presidente Gabriel Boric en sus visitas a terreno. Aunque, siendo honestos, también prometió una reconstrucción rápida y efectiva.