En septiembre de 2021, cuando la campaña presidencial tomaba vuelo y los candidatos buscaban temas para marcar una diferencia, el entonces representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se comprometió a eliminar durante su gobierno la figura de los delegados presidenciales, a quienes calificó de un obstáculo para el proceso de descentralización. "Si el pueblo de Chile nos da el honor de poder representarlos de aquí en adelante, no les quepa duda que en nuestro futuro gobierno se va a terminar la figura del delegado presidencial", dijo el actual Mandatario, cuya promesa comenzó a desdibujarse una vez que asumió el cargo. Boric no solamente demoró el proyecto de ley que trató de poner término a los delegados, sino que la iniciativa presentada el año pasado generó profunda molestia en los gobernadores regionales, quienes calificaron la propuesta de insuficiente y un mero cambio de nombre a un cargo que mantenía gran parte de sus atribuciones. Para sorpresa de todos, la decisión del Presidente hoy es que los delegados presidenciales no solamente deben mantenerse, sino que son indispensables para ejercer una serie de competencias que no serán entregadas en figuras regionales electas, principalmente en temas de seguridad. Este cambio tan drástico de opiniones le resta energía al proceso de descentralización y pone a los distintos actores en posiciones incómodas -los gobernadores, curiosamente, ya no consideran tan urgente la eliminación de los representantes regionales del Presidente- y de incertidumbre respecto de cuál será el próximo movimiento del Ejecutivo en este tema. La anunciada aprobación del área metropolitana del Gran Valparaíso por parte del comité interministerial de descentralización es un paso adelante, pero no se terminará de consolidar adecuadamente si el proceso que lidera el Gobierno mantiene una estrategia marcada por las dudas y los cambios de opinión.

En la última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric nos encomendó, como Ministerio, el desafío de implementar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados "Chile Cuida". Esto implica hacerse cargo de la crisis de los cuidados que evidenció la pandemia y, como respuesta, promover que el derecho al cuidado sea considerado como el cuarto pilar de la protección social, y eso es desplegar gestiones, coordinaciones y voluntades que permitan disponer del sector público y privado para el desarrollo de políticas públicas en esta área.

Esto es una oportunidad para redistribuir o reorganizar los cuidados, ya que las mujeres destinan tres veces más tiempo al cuidado que los hombres; también implica reconocer las labores de cuidados valorando el trabajo de quienes lo ejercen, en su mayoría mujeres, promoviendo que sus trayectorias personales no se vean tan afectadas, y además, reducir las tareas de cuidado al promover autonomía de quienes tienen dependencia.

Actualmente, en la región hay 10.740 inscripciones en el Registro Nacional de Personas Cuidadoras, que es un anexo del Registro Social de Hogares. Pero sabemos que son muchísimas más las que ejercen este trabajo y que en algunos casos no se reconocen como tal. Por ello, es fundamental avanzar en esta inscripción para contar con información fundamental para el desarrollo de la política pública y que accedan a ciertos apoyos, como atención preferencial en servicios públicos o capacitaciones para fortalecer la autonomía económica.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, un 28,4% de las mujeres inactivas en el mercado laboral lo están por "razones familiares permanentes". Este dato no es azaroso: según la información disponible en el Registro, un 87,4% de las personas que cuidan son mujeres, versus un 12,6% de varones que ejercen la misma función. Al mismo tiempo, el 73% de los hogares donde se ejercen cuidados se encuentran dentro del 40% más vulnerable de la población.

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2022, a nivel regional 145.398 personas viven con algún grado de dependencia, es decir, requieren de otro para realizar labores cotidianas. Sin embargo, a nivel nacional sólo el 41% de las personas con dependencia cuentan con alguien que los cuide. A su vez, estamos viviendo un envejecimiento de la población que exige pensar qué pasará con las personas que deciden no tener hijos, no casarse o no tienen un familiar que pueda hacerse cargo de ellos.

A lo largo de nuestra trayectoria vital requerimos cuidados en repetidas ocasiones y los cambios en la composición de las familias nos llama a colectivizar la responsabilidad de los cuidados; debemos dejar de hablar sólo del "deber" de cuidar y pasar a reconocer los cuidados como un derecho que debe garantizarse con participación del Estado y de la sociedad completa.