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Desarrollo portuario
La fortaleza de nuestros puertos y ubicación privilegiada nos posicionaban hasta hace unos años como una potencial plataforma comercial para el Asia Pacífico. Pero en el camino nos hemos enredado, el tema se ha paralizado y estamos dejando pasar la oportunidad.
Necesitamos ponernos de acuerdo sobre la vocación portuaria de la región y definir qué queremos en esta materia. En primer lugar, consensuar una estrategia de desarrollo y expansión portuaria sostenible y de cara a la comunidad. Luego, ponernos de acuerdo en el lugar donde desarrollaremos un puerto.
Los puertos enfrentan una serie de amenazas y desafíos en la actualidad, además de la exigencia de competitividad. Entre ellos están la seguridad y combate de delitos, narcotráfico, costos laborales, extensos bloqueos, el cambio climático y las marejadas (que tienen importantes consecuencias en nuestra región en días de cierre de los puertos), y la permanente aparición y desarrollo de nuevas tecnologías que complejizan el escenario competitivo.
Sobre todo nuestro país y especialmente la región enfrentan otros dilemas que podríamos llamar "no forzados", sobre los cuales debemos avanzar con urgencia. La permisología y la dificultad de avanzar en planes de expansión, pese a los compromisos de varias autoridades nacionales, están amenazando seriamente la competitividad de nuestros puertos frente a otros de Sudamérica, como Callao y Chancay.
Debemos crear un servicio logístico-portuario que permita vincular el aparato público y privado, y lograr que los puertos de la región actúen como un sistema integrado y sinérgico, donde conversen permanentemente el sector privado y público, y los servicios públicos entre sí. Hoy, sólo el privado hace el esfuerzo para optimizar su inversión. Necesitamos dar certezas.
Llevamos mucho tiempo equivocando la discusión sobre la competencia entre Valparaíso y San Antonio, mientras la verdadera competencia, que está fuera de nuestras fronteras, avanza y se posiciona en el contexto global. Tenemos todo en este territorio para poder cambiar el rumbo, y ese es el llamado desde esta comisión.
Manuel Millones Consejero regional de Valparaíso, presidente Comisión de Ordenamiento Territorial, Intereses Marítimos y Pesca
Prioridades legislativas
La indicación presentada por el diputado Jorge Brito sobre los "peces sintientes" como parte de la tramitación de la Ley de Pesca, nos convirtió en centro de atención de la prensa mundial por lo curioso, por decir lo menos, de dicha indicación. Creo que los chilenos esperamos que nuestros parlamentarios se aboquen a discutir materias que realmente preocupan a la ciudadanía, como seguridad, salud, vivienda y pensiones, y que tiendan a mejorar la calidad de vida. Esto se logra si proyectos asociados a esa temáticas son tramitados a tiempo y con el compromiso cierto de nuestros representantes en el Congreso. Con su indicación, poco ayuda el diputado Brito a recuperar la alicaída imagen del Congreso Nacional en la opinión pública.
Jorge Vidal Stuardo
Respeto y prudencia
Olvidar y confundir cuando se enfrenta una audiencia o entrevista puede suceder, los lapsus ocurren independiente de la edad del expositor. Sin embargo, cuando se presentan en un adulto mayor, la crítica suele ser despiadada: "No está ya para estos trotes", dicen, ignorando que la vejez está al alcance de todos.
Si los síntomas son de alguna enfermedad neurodegenerativa, por cierto ello debe atenderse y será tarea de un profesional de la salud hacer el diagnóstico respectivo y no de una audiencia llena de críticas. La vejez es el camino que recorreremos todos y sólo requiere de respeto y prudencia.
Joaquín Ortiz G.
Enfermedades raras
En los últimos años hemos escuchado reiteradamente a las autoridades del Ministerio de Salud argumentar que no hay recursos para financiar tratamientos de alto costo; sin embargo, hace pocos días, Fonasa reconoció que cuenta con un ítem presupuestario para costear las terapias ordenadas por vía judicial.
Ahora, surge una pregunta: ¿no será mejor destinar esos recursos para aumentar la cobertura de enfermedades raras a través de la Ley Ricarte Soto? La respuesta es sí. Esos $22.000 millones gastados en pagar judicializaciones innecesarias podrían usarse de manera más eficiente, generando políticas públicas de acceso a tratamientos de alto costo que permitan al Estado comprar medicamentos a mayor escala, beneficiando a más personas de manera oportuna, sin tener que iniciar largos juicios mientras la salud del paciente sigue deteriorándose. En paralelo, se debe avanzar -con celeridad- en generar un protocolo de acceso claro, equitativo y conocido por todos, que permita priorizar, en base a evidencia científica, a los pacientes que requieren con mayor urgencia estas terapias y asignarlas.
Paulina González Presidenta de la Corporación de Familias con Atrofia Muscular Espinal
Alza de tarifas eléctricas
El alza de la luz en Chile se veía venir. Durante el estallido social y la pandemia se congelaron las cuentas para apoyar a las familias en ese periodo, pero nada dura para siempre y hoy muchos esperan con preocupación la cuenta de electricidad que les llegará a fin de mes. El Gobierno está intentando paliar este impacto con un subsidio, el que a través de un proyecto de ley esperan triplique la cobertura en el futuro.
A diferencia de ayudas anteriores en la materia, esta no será una asignación automática, sino que las personas deben postular a ella. Para ello se debe pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, tener las cuentas de luz al día y contar con clave única.
Si bien es un importante aporte para quienes cumplan los requisitos, no podemos olvidar que las alzas afectan a la población en general. Se necesita considerar ampliar el rango de beneficiarios y flexibilizar los requisitos, esto es especialmente necesario si consideramos que quienes se encuentran en el 40% más pobre presentan mayor morosidad en los pagos de sus cuentas, dejándolos fuera del beneficio precisamente por su vulnerabilidad. Además, las pymes no estarían consideradas en esta primera parte de postulación. Se hace fundamental extender el rango a al menos el 60% del Registro Social de Hogares y recordar que de nada sirven ayudas que no lleguen a quienes prometieron ayudar.
Samuel Erices Académico Trabajo Social. U. Central