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Seguridad y orden público
Durante 2024, la policía uniformada y la PDI han realizado una ingente labor de control policial y prevención del delito en la Región de Valparaíso. El balance de la labor de Carabineros para el período arroja importantes cifras: cerca de 21.200 detenidos, 120 por día, así como 5 por hora en promedio, dentro de los que se cuentan cerca de 5.600 detenidos por delitos de mayor connotación social, 40% de estos por robos violentos. Se han incautado cerca de 1.800 kg de droga, 320 armas de fuego, así como recuperado 1.100 vehículos robados.
En el marco del Plan Centauro, destinado al fortalecimiento de la labor preventiva, durante 2024 se han realizado cerca de 25.200 controles, detenido a cerca de 750 personas por flagrancia y órdenes vigentes y cursado más de 2.000 infracciones. La última ronda focalizada del mes de junio, realizada en simultáneo en diversas comunas de la región, arrojó más de 2.600 controles y fiscalizaciones, dentro de las que se cuentan controles vehiculares, de identidad, comercios y locales de alcoholes.
Entre mayo y julio de 2024 se han realizado 7 fiscalizaciones masivas intersectoriales en las capitales provinciales de la región. Dicha labor se ha realizado conjuntamente entre las policías y las autoridades municipales, sanitarias, del transporte, trabajo, economía, agricultura, tributaria, entre otras, para el cumplimiento normativo en diversos rubros y actividades, así como para el combate al comercio ilícito y la recuperación de espacios públicos.
Los controles policiales, las labores preventivas y las fiscalizaciones permanentes y sistemáticas promueven mayor seguridad y orden público en los territorios. La presencia de las policías y las instituciones del Estado en el espacio público significa paz y tranquilidad para la ciudadanía en sus diversos quehaceres. La coordinación interagencial resulta indispensable para la consecución de esta tarea, el Gobierno ha instruido ejercer un claro rol en la materia. Al efecto, la Delegación Presidencial Regional se ha abocado decididamente en llevar adelante este cometido.
Gonzalo Gajardo Vistoso Encargado de Seguridad Pública, Delegación Presidencial Región de Valparaíso
PAES de invierno
La entrega de los resultados de la PAES de invierno pasó casi desapercibida el pasado viernes. Las autoridades destacaron dos aspectos: que 9 de cada 10 personas que la rindieron mejoraron sus puntajes en al menos una de las pruebas y que la tasa de asistencia de los inscritos fue alta, a pesar de los temporales que afectaron al país durante su realización.
La mejora en al menos una de las pruebas es algo esperable si consideramos que la asistencia a preuniversitarios o incluso la universidad, ayuda en la mejora de resultados.
Sin embargo, no se mencionaron promedios ni medianas en términos del puntaje alcanzado por los inscritos en las pruebas de selección. Tampoco se abordaron las brechas, incluso utilizando el indicador D de Cohen, que según las autoridades es más preciso y considera la variabilidad de los resultados dentro de una población y su tamaño, entre los puntajes y la procedencia de los estudiantes.
Aparentemente, no antes de noviembre se podrían conocer los datos que nos permitan analizar si permanece la tendencia de grandes diferencias de puntaje dependiendo de la procedencia escolar de los estudiantes o si hemos avanzado algo en el propósito de mejorar la calidad de la educación transversal de nuestros niños y jóvenes. Es una lástima porque es negativo para hacer estudios y para la transparencia del sistema.
Hugo Lavados M. Rector Universidad San Sebastián
Responsabilidad y sensatez
Nuestro país está atravesando por diversas crisis, algo que ya no es una novedad. Sin embargo, la crisis más compleja que enfrentamos es la de credibilidad de las instituciones. Esta crisis es particularmente peligrosa, porque si comenzamos a cuestionar todas las decisiones que toman los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, podríamos llegar a la conclusión de que no vale la pena seguir obedeciéndolas. Esto podría llevarnos a un escenario donde el pacto social se quebrante y el estado de naturaleza se convierta en nuestro destino fatal.
Por esta razón, es crucial que nuestras autoridades políticas tomen decisiones con responsabilidad y sensatez y actúen a la altura de la situación en la que se encuentra este nuevo país, un país en una constante crisis.
Felipe Jara S. Fundación para el Progreso
Olimpiadas Especiales
Es de gran orgullo decir que Olimpiadas Especiales, la organización deportiva para personas con discapacidad intelectual más grande del mundo, cumple 56 años fomentando la inclusión y trabajando para que cada día más atletas den el salto de "la Banca a la Cancha".
En Chile, no obstante los grandes desafíos, ¡hemos tenido grandes logros! Los atletas de Olimpiadas Especiales han participado recientemente del izamiento de la gran bandera nacional en La Moneda, compartiendo junto al Comité Olímpico y el Comité Paralímpico un lugar en el mundo del deporte.
Y qué más podríamos haber soñado, que Chile se convirtiera en líder del deporte y la inclusión habiéndose adjudicado la sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales-Santiago 2027. Esperamos llegar a las 16 regiones de Chile brindando oportunidades a los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual a lo largo del país, para que puedan beneficiarse del gran poder del deporte y mostrarle al mundo -en la escena de Santiago 2027- lo que las personas con discapacidad son capaces de hacer cuando se les ofrece oportunidades de participación. El camino es largo, pero estamos comprometidos a no retroceder en nuestra misión.
Carolina Picasso Presidenta de Olimpiadas Especiales Chile
Contribuciones
Una propuesta del Gobierno, incluida en el Pacto Fiscal, impide la acción de reclamación en contra de las resoluciones del SII que fijan la base imponible del impuesto territorial.
Lo antedicho me recuerda a la denominada Ley Aylwin, que le quitaba competencia a los tribunales de justicia para conocer de reclamos de los propietarios contra resoluciones de expropiación.
Dicha ley (17.280, 17 enero 1970) introdujo modificaciones a diversos cuerpos legales a fin de profundizar la Ley sobre Reforma Agraria, con la que las pocas posibilidades de defensa de los expropiados desaparecieron.
Adolfo Paúl Latorre