Ala marcada frustración de los más de 500 mil inmigrantes venezolanos que viven en Chile con la opacidad del proceso eleccionario del pasado domingo en el país caribeño, se sumó en las últimas horas el lógico desconcierto de las autoridades y la población local ante una posible segunda ola migratoria a nuestras tierras, tal como ocurriera después de otro proceso similar en el año 2018.

Al respecto, y entrevistada en este Diario, la venezolana Digui Domínguez, asesora migratoria avecindada en Viña del Mar, anticipa un movimiento importante de sus connacionales, muchos a los países fronterizos, pero también buena parte a Chile, donde podrían reunirse con sus familiares.

Al respecto, agrega Domínguez, también es tremendamemente preocupante el congelamiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, con la expulsión del embajador Jaime Gazmuri y su equipo desde Caracas y la salida de su contraparte, Arévalo Méndez, de la embajada ubicada en la comuna capitalina de Providencia.

De tal forma, el necesario trámite para obtener pasaportes o salvoconductos ralentiza aún más la intención de viaje de los inmigrantes venezolanos en Chile para retornar a su patria.

A la citada crisis diplomática, que ya mantiene ocupados al Presidente Gabriel Boric y a su canciller, Alberto van Klaveren, se suma la preocupación por esta eventual segunda ola migratoria, como bien lo reconoció la ministra del Interior, Carolina Tohá: "Ciertamente hay una preocupación de que la migración masiva se pudiera intensificar, ya que la ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto".

En Perú, por ejemplo, su canciller Javier González-Olaechea anunció el refuerzo de los controles migratorios fronterizos terrestres y aéreos. ¿No debiera Chile hacer algo similar, dada la evidente porosidad de sus fronteras y pasos no habilitados?

La violencia en los ambientes laborales no sólo afecta el desempeño y las oportunidades laborales de las y los trabajadores, sino también su bienestar integral. Por ello, durante los últimos años, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social encabezado por la ministra Jeannette Jara, se ha dedicado a construir un ecosistema legislativo enfocado en promover una cultura de trabajo decente que vele por el respeto de los Derechos Humanos, a través de nueva normativa que busca crear conciencia sobre el hecho de que ciertos actos, palabras o bromas pueden afectar a los demás.

Esto ha sido plasmado en proyectos como la ley Sanna, la ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el alza histórica del sueldo mínimo, entre otras normativas a las que se les suma la ley Karin.

La ley 21.643, más conocida como ley Karin, que entra en vigencia este 1 de agosto, establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado, un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y de violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación. Además, mandata a empleadores y órganos del estado a elaborar un protocolo preventivo de acoso en el trabajo que incorpore tanto la identificación como la evaluación de los riesgos psicosociales asociados a esta problemática incorporando la perspectiva de género, con el objetivo de contar con ambientes de trabajo saludables y aptos para el desarrollo integral de quienes lo construyen día a día.

Al foco preventivo de la Ley Karin, se refuerza el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en los correspondientes procedimientos de investigación, con el objetivo de dar garantías a los y las denunciantes.

Esto, más de allá de una ley, simboliza un cambio cultural significativo en las relaciones laborales y en la forma en que se aborda el acoso y la violencia en el mundo laboral, saldando una deuda con las víctimas de acoso laboral, sexual y de violencia en los espacios laborales que, muchas veces, han sufrido en silencio.

Para nosotros, esta ley representa la consolidación de un compromiso del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de trabajo decente y perspectiva de género, convirtiéndose también en una oportunidad para generar consciencia sobre la importancia de contar con ambientes laborales libres de violencia, garantizando espacios laborales seguros y libres de acoso, tanto en el mundo privado como el servicio público, entregando dignidad a los trabajadores y trabajadoras.