Falla de las eléctricas: qué debe venir ahora
Chilquinta anunció que descontará de las cuentas futuras los gastos que sus clientes denuncien como pérdidas por el largo corte. Las autoridades deben definir los caminos técnicos y políticos que permitirán darle al sistema de distribución eléctrica capacidad de resiliencia.
A casi una semana del sistema frontal que dejó miles de personas sin suministro eléctrico en la Región, la empresa Chilquinta informó que aplicará descuentos en las boletas electrónicas de aquellos clientes que informen sobre daños o pérdidas sufridas por la falta de energía durante el periodo de emergencia, que en algunos casos se extendió por varios días. Esta indemnización se aplicará de acuerdo a las reglamentaciones que establece la legislación y operará de forma independiente a las otras acciones en curso, como la demanda colectiva anunciada por los municipios de San Felipe, las sanciones que analiza la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el análisis sobre una eventual revocación de la concesión y el recurso en tribunales confirmado recientemente por el alcalde Jorge Sharp. Los descuentos, empero, no servirán para terminar con el debate creciente sobre la conveniencia de tener empresas con control estatal extranjero en áreas estratégicas, ni para frenar las dudas que aumentan cada día sobre la capacidad del país para enfrentar los nuevos desastres que surgen debido al cambio climático.
Muchos postes que fueron afectados por el viento huracanado que azotó a gran parte del centro-sur del país en los primeros días de agosto fueron refaccionados, pero quedan grandes sectores de la red de distribución eléctrica que tienen una fragilidad preocupante, con el potencial de colapsar ante cualquier emergencia, un terremoto, por ejemplo. Los economistas ya analizan el impacto que este desastre tendrá en el PIB de los próximos meses y algunos inversionistas han planteado sus dudas sobre la confianza que pueden depositar en un país que no da certezas de funcionamiento. Por todo ello, resulta urgente que las autoridades puedan definir los caminos técnicos y políticos que permitirán darle al sistema de distribución la capacidad de resiliencia indispensable que necesita el país que tenemos. Y ello debe ocurrir antes que la próxima emergencia vuelva a recordarnos lo frágiles que somos.