Aveces, en medio de las cuitas de la vida diaria, uno tiende a preguntarse cuál es el verdadero fin del servicio público. ¿Consistirá, como bien dice el gobernador Mundaca, en la transferencia de recursos a los territorios? O acaso, en su defecto, como establece el senador Lagos Weber, ¿en la transferencia de poder a los habitantes? Hay otros, como la candidata María José Hoffmann que creen en una gestión más de corte liberal, en la cual los privados asuman sus propios riesgos y también sus beneficios. ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿Quienes extrañan a Chilectra y hoy abominan de las distribuidoras eléctricas con capitales italianos y chinos, o aquellos que entienden que, de no ser por el Metro, el Estado no tiene ningún ejemplo histórico de una empresa estatal que funcione bien? ¿Qué queremos para la región de Valparaíso? ¿Repetir los patrones capitalinos o reconocer que nuestra ignorancia nos lleva a enarbolar banderas por conflictos ajenos y lejanos, en vez de preocuparnos de nuestros propios fantasmas? Estatizarlo todo, o mejor dicho municipalizarlo todo como diría Jorge Sharp, no es ni siquiera algo cercano a una solución. Pero entonces, ¿cuál es la salida? ¿Confiar a ciegas en los privados, cuando al menos en esta Región no se han mostrado precisamente generosos? Buena pregunta. Al final del día el equilibrio democrático y social regional se apoya más en apuestas particulares, más en esa suerte de política comunal (punto para Sharp) que en lo que crea o dictamine el gobernador Mundaca en su feudo del Piso 19. ¿Cuál es la verdadera identidad de nuestra región? ¿No debiese ser esa la pregunta, más allá de los municipios, el Gore y el Gobierno? Hablemos de frente y evaluemos entes como la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Asiva, la Corporación Regional de Turismo, la Fundación Piensa, la Cámara Regional Chilena de la Construcción y hasta el propio El Mercurio de Valparaíso. ¿Damos el ancho? La respuesta es responsabilidad de quien lea estas líneas.

Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el año 1990. La Convención es el primer texto internacional que reconoce explícitamente los derechos del niño, niña y adolescente, estableciendo una serie de derechos fundamentales que deben ser recogidos, respetados y garantizados por los Estado. Básicamente, este reconoce cuatro pilares fundamentales: el principio de no discriminación, la búsqueda de su interés superior del niño, el aseguramiento de su supervivencia, desarrollo y protección y, considerando su estatus de sujeto de derechos, su participación en decisiones que les afecten.

Desde el año 1990 a la fecha, en Chile se han ido implementado medidas de diversa naturaleza para garantizar los derechos que la Convención reconoce. Se han constatado avances en la institucionalidad, como la creación de la Defensoría de la Niñez (2018), se han realizado importantes esfuerzos para mejorar el acceso a una educación de calidad y por mejorar la cobertura de salud infantil, esfuerzos que por cierto han incidido en una reducción de la mortalidad infantil y una mejora en los índices de salud en general.

No obstante, la desigualdad socioeconómica sigue siendo un problema significativo en Chile, afectando desproporcionadamente a los niños en áreas rurales y de bajos ingresos, quienes carecen de acceso equitativo a una educación de calidad, salud y servicios básicos. La pobreza infantil limita gravemente su desarrollo y bienestar, restringiendo sus oportunidades futuras. Además, la violencia y el abuso contra los niños, tanto en el hogar como en instituciones, siguen siendo alarmantes. Fortalecer los mecanismos de protección y denuncia y proporcionar apoyo psicológico y social a las víctimas es una necesidad urgente.

La inclusión de niños con discapacidades y de minorías étnicas que suelen enfrentar complicados obstáculos para su pleno desarrollo, exigen que se avance en la tarea de garantizar que todos los niños, con independencia de su origen o condición, tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. Aunque se constatan algunos avances legislativos, la participación de los niños en decisiones que afectan sus vidas sigue siendo limitada. Es fundamental crear espacios donde puedan expresar sus opiniones y ser escuchados en la formulación de políticas públicas. En la salud mental, además, hay que poner más atención, ya que los recursos y servicios actuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades adecuadamente.

Resulta imperioso que la sociedad chilena y el sistema político aborden de manera integral las relaciones que se dan entre niñez y adolescencia con la delincuencia y el narcotráfico. Cada niño que se interna en redes delincuenciales de alguna forma se encuentra arriesgando su integridad, su vida y su futuro, y es deber del Estado implementar las políticas que sean necesarias para abordar este problema.