Gian Franco Giovines D.

Seis meses después del megaincendio que consumió 8 mil viviendas en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, miles de familias de los sectores afectados siguen en la espera de tener certezas de la reconstrucción de sus viviendas.

Y es que si bien en marzo la ministra de Desarrollo Social y designada como encargada de la reconstrucción por el Presidente Gabriel Boric, Javiera Toro, anunció un Plan de Reconstrucción para las comunidades arrasadas, la mayor parte de las familias continúa sin saber si sus viviendas serán reconstruidas por el Estado, lo que se ha traducido en múltiples manifestaciones por parte de los damnificados de la catástrofe.

En ese marco, esta semana fueron los damnificados del sector de Canal Chacao, en Quilpué, quienes protagonizaron una protesta en el Camino Troncal, expresando su malestar por las demoras en la reconstrucción.

Sin embargo, los vecinos siniestrados también manifestaron otras inquietudes, como la existencia de viviendas de emergencia sin servicios básicos -a meses de su instalación- y el retiro de los baños químicos que había instalado la Delegación Presidencial Regional.

30 viviendas sin servicios

Orietta Dunstan, integrante de la Junta de Vecinos Los Aromos, de Quilpué, aseguró que una treintena de viviendas de emergencia de Senapred siguen esperando la instalación de los servicios básicos.

"Hay más de 30 casas que ya llevan más de tres meses esperando por los servicios básicos, como el agua y luz, por lo cual la gente no puede habitarlas", dijo Dunstan en diálogo con radio Bío-Bío, agregando que "Senapred ha mandado a las cuadrillas a inspeccionar, pero no a arreglar".

Asimismo, los afectados manifestaron que cerca de 60 familias afectadas no cuentan con su Ficha Básica de Emergencia (Fibe) que los acredita como afectados del incendio.

"Son alrededor de 60 personas que nunca se les entrevistó, no tienen sus fichas, y tampoco hay opción de que las puedan hacer", expuso Marcela Morales, integrante del Comité de Vivienda de Canal Chacao, en alusión a que el Gobierno ya cerró el proceso de catastro de la ficha Fibe.

"Esas 60 personas tienen que costear un arriendo, tienen que alimentarse, tienen que pagar los servicios básicos y no tienen la Fibe (el Bono de Acogida, de $370.000), que eso podría amortizar un poquito esto", relevó Morales.

Por otro lado, Yesennia Díaz, residente de Canal Chacao, dio cuenta de que se han registrado robos en el sector.

"Estamos bien dejados de lado. Ha habido varios asaltos, han habido robos a casas que están reparando por propia cuenta los vecinos. Han entrado a robar materiales en la noche", relata.

Ediles exigen certezas

La concejala quilpueína Mónica Neira (RN) cuestionó el mal estado de las viviendas de emergencia en la comuna.

"Me parece pésimo que los vecinos estén en estas condiciones todavía. Han pasado seis meses y todavía no tienen ninguna claridad respecto de hacia dónde van a dirigirse los esfuerzos para darle soluciones a los vecinos", manifestó.

Asimismo, lamentó que, a casi tres meses de su instalación, aún permanecen viviendas de emergencia sin los servicios de agua y electricidad.

"Creo que ha sido muy deficiente la llegada del Gobierno para dar soluciones a los vecinos. Me parece que los vecinos han hecho un esfuerzo tremendo, buscando estar de la mejor manera en sus terrenos, pero eso requiere un apoyo del Estado, y eso no se ha dado de forma regular", enfatizó la edil.

En tanto, su par Renzo Aranda (DC) criticó que "vamos a entrar a septiembre y todavía no hay claridad respecto de cuál va a ser el camino para la reconstrucción".

Además, el edil lamentó que, en el proceso de reconstrucción, "Viña del Mar se ha llevado toda la atención de las autoridades". "En algunas dimensiones se trabaja mucho más rápido en Viña del Mar que en Quilpué", reprochó.

De acuerdo al Plan de Reconstrucción, son 148 las viviendas afectadas en Canal Chacao, cuya reposición se proyecta para el año 2026.

"Hay más de 30 casas que ya llevan más de tres meses esperando por los servicios básicos, como el agua y luz".

Orietta Dunstan, Junta de Vecinos Los Aromos

"Vamos a entrar al mes de septiembre y todavía no hay claridad respecto de cuál va a ser el camino para la reconstrucción".

Renzo Aranda, Concejal (DC) de Quilpué

Luego de que damnificados manifestaran su incertidumbre por el término del Bono de Acogida, ayuda de $370 mil pesos que ha beneficiado a 7.500 familias, los diputados Andrés Longton (RN) y Tomás Lagomarsino (Partido Radical) oficiaron al subsecretario el Interior, Manuel Monsalve, para extender el beneficio. "El atraso en las soluciones habitacionales para los damnificados por los incendios es evidente, con toda la angustia que eso conlleva. Esto no es responsabilidad de quienes lo han perdido todo, sino que del Gobierno, por lo que el Bono de Acogida -que se acaba este mes- debe necesariamente extenderse", dijo el diputado Longton. En la misma dirección, Lagomarsino subrayó que, ad portas de llegar al séptimo mes desde el megaincendio, "no hay certezas de si se va a dar continuidad al bono de acogida". "Es por ello que he oficiado al subsecretario Monsalve, para que defina y dé certezas a los damnificados de la continuidad del Bono de Acogida", finiquitó.

Dentro de las múltiples aristas del denominado caso Audios, la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga la compra de un costoso departamento de tres dormitorios, estacionamiento y bodega en el sector de las dunas de Concón, por parte del abogado Luis Hermosilla Osorio (67 años), transacción que se habría concretado en agosto de 2022.

Los primeros antecedentes del caso surgieron tras una investigación realizada por Ciper, medio que tuvo acceso a la declaración del gerente de la inmobiliaria que realizó la venta de dicha propiedad emplazada en el Edificio Sunset Arena (calle Entrelomas), por un monto de 7.604 UF ($263 millones) más IVA, el que Hermosilla habría adquirido al contado, pagando con dos cheques girados por su sociedad.

Desde el órgano persecutor, estas irregularidades serían acciones de un presunto blanqueo de capitales por ocultamiento, por lo que la transacción es investigada como uno de los movimientos sospechosos de la sociedad constituida por el penalista.

Se trata de uno de los hechos que forman parte de la carpeta investigativa con los que se formalizará en la jornada de hoy a Hermosilla -y a la abogada Leonarda Villalobos- bajo las imputaciones de soborno reiterado, delitos tributarios y lavado de activos.

Sospechas de factoring

En información publicada ayer por Radio Bío-Bío, el inmueble fue adquirido con fondos que, según las sospechas, provendrían de la empresa de factoring Factop. Los controladores de esta empresa, Daniel y Ariel Sauer, están en prisión preventiva tras ser formalizados por delitos como facturas falsas y estafas a sus inversores.

Según indagaciones, al momento de la transacción la propiedad no fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Concón, lo que para los fiscales podría ser un indicio de blanqueo de capitales por ocultamiento. Sin embargo, a mediados de este mes, Hermosilla finalmente ingresó la escritura para registrar el departamento a nombre de su sociedad en el Conservador la comuna. Quedó registrada a nombre de Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Ltda.

Para algunos entendidos, esta acción es vista como una estrategia legal para desacreditar las imputaciones de la Fiscalía acerca de un eventual ilícito.

La indagatoria del caso Audios, que derivó en la incautación de celular del connotado abogado, alcanza casi 19 mil páginas en 12 tomos.