Por mucho que se le ningunee, el Factor Bachelet siempre será relevante y valioso en cualquier instancia electoral de las últimas dos décadas. Por ello, su presencia del viernes en el Hotel Gala de Viña del Mar no pasa desapercibida, menos sus elogios a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, que hoy va por una reelección que -según muchos- pareciera ser menos compleja de lo presupuestado inicialmente.

¿Pero cuál Bachelet es la que visitó Viña para presentar su manual de "Herramientas para la gestión local: propuesta de acción desde la centroizquierda y el progresismo", editado por su fundación Horizonte Ciudadano, junto a otros ocho centros de pensamiento de la post Concertación? ¿La Bachelet protectora, de su primera administración, que basó el éxito de la misma en su programa de cuidados de la segunda parte del gobierno tras el "guatazo" del Transantiago? ¿O quizás la Bachelet refundacional de su segunda gestión, que delegó políticamente en Peñailillo y Arenas sus tan nefastas reformas tributaria, educacional y constitucional, antecedentes directos del estallido social y las secuelas que le siguieron? Por último, tal vez estamos hablando de la Bachelet que tan bien habitó los cargos internacionales como encargada de ONU Mujeres o Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, amén de su largo y aún presente favoritismo para convertirse en Secretaria General de la ONU.

De la misma forma, podemos internarnos en la mente de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, hoy mañosamente cuestionada por eventuales inconsistencias en su discurso, pero siempre presente en el respaldo a Carabineros y las Fuerzas Armadas desde que llegó a la Casa Consistorial de Arlegui, con mejoras en la infraestructura educacional comunal, una oferta cultural (Teatro Municipal incluido, por mucho que le pese a la administración anterior) que nunca tuvo su antecesora, la defenestración de asesores que remaban para atrás ("¡es que la Manam era intocable!"), la búsqueda de soluciones a la deuda previsional de la Cormuviña, la reactivación de proyectos abandonados como calle Arlegui o el SAR de Miraflores y un gasto en seguridad pública mayúsculo. ¿De qué Ripamonti queremos hablar? ¿De la que "educaba" a las masas en La Red sobre la nueva Constitución, o de la que no tiene empacho en criticar al Gobierno de Boric por su patética inacción en la reconstrucción? No todo, incluidas la política y la vida, es una lavadora on/off, como bien decía la doctora Cordero.

La Región de Valparaíso ha sido testigo de un impulso decidido al desarrollo de sus pequeñas y medianas empresas (pymes) gracias al apoyo estratégico del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso (CDPR), impulsado desde Corfo y presidido por el gobernador regional. En un contexto donde la resiliencia y la innovación son más cruciales que nunca, la reciente aprobación de más de 770 millones de pesos destinados a 28 proyectos de inversión productiva destaca como un hito fundamental para fortalecer el tejido empresarial de nuestra región.

La importancia de estos fondos radica en su capacidad para potenciar la inversión privada y, con ello, generar empleo y fomentar la diversificación productiva en las distintas provincias de Valparaíso. Este esfuerzo no sólo busca el crecimiento económico, sino también asegurar que los beneficios de dicha expansión lleguen a todos los rincones de nuestra región, con proyectos que abarcan desde agroalimentos hasta la industria creativa y el turismo de intereses especiales.

En este sentido, la focalización territorial y temática del Comité de Desarrollo Productivo Regional juega un papel clave al asegurar que los recursos se destinen de manera eficiente y estratégica. Las provincias de Los Andes, Marga Marga, Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe y Valparaíso verán cómo sus empresas locales se fortalecen, apoyadas por una inversión que no sólo busca aumentar la capacidad productiva, sino también responder a desafíos tan importantes, como la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

Además, es alentador ver cómo se han tomado medidas concretas para fortalecer el ecosistema emprendedor de la región. La reciente aprobación de seis proyectos en el marco de la convocatoria "Semilla Expande 2024" es un claro ejemplo de nuestro compromiso con los emprendimientos innovadores que tienen el potencial de transformar sectores prioritarios en nuestra región. Estas empresas no sólo recibirán un respaldo financiero significativo, sino también acceso a servicios de apoyo que les permitirán escalar y consolidarse en el mercado.

Es vital entender que el éxito de estos proyectos no se mide únicamente en términos de ventas o crecimiento económico, sino en su capacidad para transformar la región de manera sostenible y equitativa. En este sentido, la estrategia del CDPR se alinea con una visión a largo plazo que busca no sólo el crecimiento económico, sino también la creación de un entorno empresarial más inclusivo, sostenible y adaptado a las realidades y desafíos del siglo XXI.

La aprobación unánime de estos proyectos por parte del subcomité de Innovación y Emprendimiento es un reflejo de la confianza que tenemos en el talento y la capacidad innovadora de nuestros emprendedores. Estos proyectos, que abarcan desde tecnologías de riego innovadoras hasta plataformas digitales para pymes, son una muestra clara de cómo el apoyo adecuado en las etapas iniciales puede ser el catalizador de un crecimiento sostenido y significativo.

Este es el comienzo de un camino que, estamos seguros, nos llevará a un futuro más próspero y equitativo para toda la región.

En un contexto donde la educación superior enfrenta desafíos constantes, los Centros de Formación Técnica Estatales (CFTE) se han consolidado como un motor esencial de crecimiento, desarrollo y movilidad social, especialmente en el marco de un nuevo aniversario de la Educación Técnico Profesional.

Los CFTE responden a la necesidad nacional de formar técnicos y a la demanda regional de ofrecer educación técnico-profesional (TP) de manera descentralizada. Además, lo hacen con gratuidad. El 85% de los estudiantes en nuestras sedes de San Antonio, Los Andes y Viña del Mar se benefician de este apoyo, lo que les permite obtener un título en sólo cinco semestres.

Durante el 2024, a nivel nacional los CFT Estatales lograron un aumento del 6,2% en su matrícula, superando el promedio del 2% observado en el sistema de educación superior chileno. Este crecimiento es aún más significativo si se compara con el de los IP, que alcanzaron un 1,7%, y con el de las universidades, cuyo incremento fue de un 1,8%.

Este crecimiento demuestra el éxito de políticas públicas que descentralizan la educación y la llevan a territorios olvidados. Su aumento en matrícula resalta la necesidad de seguir invirtiendo en estas instituciones para mantenerlas como una opción atractiva y relevante para las futuras generaciones.

Hace pocas semanas, el Presidente Gabriel Boric inauguró nuestra sede San Antonio. El Mandatario pudo conocer en primera persona la notable materialización de esta política pública. De voz de estudiantes y académicos conoció el equipamiento de primer nivel que ofrece la carrera de Automatización, Mecatrónica y Robótica, la cual en sus propias palabras "tiene un campo laboral tremendo", vinculado, además, a la próxima construcción del Puerto Exterior de San Antonio.

Estos logros y avances han sido con mucho esfuerzo del equipo humano del CFTE Región de Valparaíso, que cumplió 6 años de vida, a quienes les reconozco públicamente su compromiso. Pero aún queda mucho por hacer en una política pública que ha estado en deuda fundamentalmente con el financiamiento operacional, el que en términos reales no ha crecido de acuerdo con el reajuste del sector público ni con el IPC. Sobre esto, el Programa de Gobierno del Presidente Boric señalaba: "Fortaleceremos la instalación de los CFT Estatales para su consolidación (acreditación e instalación) y expansión", y su compromiso en la Cuenta Pública 2022, que comprometió "un aumento del aporte basal y la priorización de fondos de desarrollo institucional".

Necesitamos que se comprenda que el Estado somos todos: el Gobierno, el Parlamento y los CFTE, sustentados en una ley que no debe definirse como una política pública por el simple hecho de haber trascendido o sobrevivido a tres gobiernos con distintas miradas, sino que más bien por el apoyo que se le entregue para su real implementación y despliegue en el país.