Fundamento técnico, capacidad reflexiva y visión de largo plazo son tres elementos esenciales para que la Región de Valparaíso pueda reducir su brecha de crecimiento económico, afirma el nuevo presidente de la Asociación de Industrias Región de Valparaíso (Asiva), Alfonso Salinas, quien en entrevista con este Diario reconoce que los gremios vinculados al ámbito empresarial y las universidades comparten la responsabilidad de mirar más allá de las contingencias y aportar, junto a otros actores de la sociedad, la capacidad de reflexionar sobre el futuro de nuestra zona.

La propuesta surge a contrapelo de lo ocurrido en los últimos diez años, en que la confrontación de posiciones extremas sobre los principales proyectos y ámbitos de la vida económica ha provocado una terrible parálisis regional, un estancamiento que en algunas comunas ha derivado en un franco declive. Hay que abandonar los maximalismos y las ideas extremas para transitar un camino intermedio que destrabe los conflictos vigentes y permita el ingreso de aire fresco a este abatido ambiente económico regional, tan opuesto a la algarabía que vive el país con las últimas cifras del Imacec.

La principal dificultad para dar esta "vuelta de tuerca", que parte con mejorar la capacidad de diálogo entre los distintos actores -autoridades, empresarios, académicos y ciudadanía-, es que el ciclo político ingresa a un periodo de fuerte convulsión y cambio, debido a la serie de elecciones que se extenderán hasta las presidenciales de 2025. ¿Qué pueden hacer la sociedad civil, los gremios y las universidades, además de escuchar atentamente qué candidatos proponen soluciones racionales y de consenso, en vez de las alternativas polarizantes de los últimos años? La respuesta no es fácil de materializar, pero en estas circunstancias se hace indispensable construir los espacios adecuados para esa reflexión racional que propone Alfonso Salinas como imprescindible para pensar la Región de los próximos años.

La proximidad del 11 de septiembre hace inevitable referirse a los derechos humanos (DD. HH). Todos proclaman su absoluta inviolabilidad, pero su condena, lejos de ser universal, está ideológicamente contaminada.

Ahí está, por ejemplo, el apoyo que algunos personeros siguen dando al régimen venezolano. Y a nivel local es un baldón el ominoso silencio por la quema de iglesias y colegios, o la masiva destrucción de bienes públicos durante el "octubrismo"; o la lenidad para combatir el terrorismo en la Araucanía; o el desembozado actuar del crimen organizado. El celo por los DD. HH. se concentra sólo en las fuerzas del orden; para el resto rige una justicia garantista, y el generoso apoyo de ciertas organizaciones políticas, medios de comunicación y ONG.

Con todo, la crisis de seguridad ha hecho que la ciudadanía demande la participación de las FF. AA. en tareas de seguridad interior. Esto exige darles certeza jurídica de que no serán condenados por cualquier denuncia sobre violación de DD. HH. Al respecto, no es alentador el desamparo en que se encuentran muchos otrora jóvenes militares que, teniendo grados muy subalternos, hace más de 50 años debieron combatir la subversión cumpliendo órdenes que en nada contradecían la legalidad vigente ni la moral tradicional.

Sin embargo, la izquierda ha logrado universalizar la idea de que el gobierno militar habría sido una confrontación entre pacíficos idealistas que defendían la democracia y despiadadas FF. AA. que amparaban espurios intereses. Así, todos los sospechosos de haber tenido alguna participación en neutralizar la subversión, sin más, son etiquetados de "asesinos" que no merecen conmiseración; en cambio, quienes promovieron el uso de la violencia como arma política son hoy los catones de los DD. HH.

Como si esto no bastara, los militares están sometidos a un sistema procesal arbitrario -suprimido para el resto de los chilenos- que confiere a los magistrados una amplia discrecionalidad para formarse la "convicción" de culpabilidad; y para encarcelar a militares octogenarios con evidentes discapacidades físicas o mentales, obviando toda norma humanitaria. Más aún, para negarles la amnistía y la prescripción, se les aplica retroactivamente el Estatuto de Roma de 1998 sobre "crímenes de lesa humanidad", ratificado por Chile recién el 2009; mientras los terroristas son favorecidos con amnistías y pensiones de gracia.

Ya es hora de que exista una sola y objetiva justicia, incluyendo a las FF. AA. No se busca la impunidad, como reza el eslogan, sino una verdadera justicia. ¿Es mucho pedir?