Los diputados Tomás Lagomarsino y Andrés Celis, ambos integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara, solicitarán una comisión investigadora a raíz de las graves irregularidades que ha detectado la Contraloría General de la República en diversos hospitales base del país, entre ellos el Gustavo Fricke de Viña del Mar y el Carlos van Buren de Valparaíso. Entre las anomalías encontradas por el organismo contralor se puede mencionar la falta de consistencia entre las listas de espera locales y las nacionales, la existencia de fallecidos que aún figuran en las nóminas de atención pendiente y los errores en la patología ingresada como causa de fallecimiento en algunos casos.

Que la serie de problemas detectados se extienda por una decena de hospitales en todo el país sólo agrava la precaria situación que se vive en muchas comunas y profundiza la sensación de que los pacientes no son la preocupación más urgente del sistema público sanitario.

Como bien apunta el diputado Celis, la discusión reaparece justo en un momento en que el Gobierno y el Parlamento comienzan a sostener las reuniones previas a la discusión del Presupuesto de la Nación 2025, lo que abre un espacio para poner sobre la mesa, con carácter de urgente, la necesidad de dar solución a las listas de espera. La idea de apartar una glosa especial en el Presupuesto del próximo año para enfrentar el problema puede resultar efectiva, pero resulta importantísimo que los parlamentarios, el Gobierno y en general las autoridades de Salud sean responsables respecto de las expectativas que crean en torno al tema y reconozcan las dificultades estructurales que tiene el sistema sanitario público para zanjar las listas de espera. La incorporación de nuevos recursos sería una ayuda crucial, pero también se hace imprescindible mejorar la gestión actual de los hospitales y coordinar mejor los esfuerzos conjuntos con el sector privado.

Mucho se debate sobre la reforma en marcha de la educación pública, especialmente sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), llamados a reemplazar a las municipalidades como administradores de los establecimientos educacionales del Estado. La pregunta fundamental es si los SLEP son una buena solución. La respuesta es "Sí", sin ninguna duda.

No podemos desconocer los problemas presentados al comenzar la implementación gradual del cambio. Hubo que sortear muchos nudos críticos y otros tantos siguen vigentes. No lo discutimos y somos críticos al hacer nuestros análisis desde el punto de vista experto de la academia. A la vez, reconocemos la necesidad de la transformación, con un Estado que asume el extraordinario desafío mediante ajustes y adecuaciones reglamentarias y administrativas para garantizar su éxito en el más breve plazo.

Entre los puntos positivos, hay que destacar que se iniciará la tan necesaria desmunicipalización del sector, restituyendo las fortalezas y características que tenía la educación pública en sus orígenes, con una mirada mucho más estratégica y local, encaminada a lograr cambios curriculares que sean coherentes con los desafíos actuales y con los territorios de los SLEP. Considerando sólo el aspecto administrativo, ya podemos esperar cambios de gran trascendencia. La gestión de los establecimientos educacionales estará a cargo de profesionales del área, especialmente dedicados al trabajo en las comunidades educativas.

Esperamos que esto se traduzca en una visión más integral de los establecimientos. No son sólo "espacios de docentes", sino una comunidad en que todos son importantes: dirigencia, profesorado, asistentes de la educación, estudiantes, familiares y otros profesionales que se suman a la tarea formativa, como psicólogos/as, nutricionistas, prevencionistas, personal del área de la salud; todas y todos trabajando como un grupo cohesionado en pro de la formación de calidad que deseamos para nuestras niñas, niños y nuestra juventud en general.

Ciertamente, el rol fundamental seguirá siendo de profesores y profesoras, que no tienen responsabilidad en los problemas del sistema anterior ni en los que se han visto ahora en los SLEP. Tenemos el deber ético de respaldar, apoyar y respetar su trabajo, a través del reconocimiento público por su delicado, complejo y extraordinario trabajo.

Las universidades que forman a las y los docentes deben, por ley, estar acreditadas, al igual que los programas pedagógicos que ofrecen, con criterios de calidad muy exigentes. Por lo tanto, sus egresados están altamente preparados y capacitados, tanto en los ámbitos disciplinares y pedagógicos como en los valóricos referidos a su responsabilidad y compromiso social. Debemos confiar en su trabajo y autonomía.

Estamos disponibles para trabajar con ellos, con los SLEP, con las autoridades y con todos los que tengan algo que aportar para el éxito de la Nueva Educación Pública. Debemos formar redes virtuosas que trabajen constructivamente y colaborativamente.