Correo
Ley de incendios
A siete meses del gigantesco siniestro que afectó a nuestra comuna, nos preguntamos: ¿qué pasa con la ley de incendios? Recientemente, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, pidió al Congreso sacar adelante la ley de incendios, actualmente en trámite en el Senado, para que "se acabe la chacota de que los planes son voluntarios y que pueda el Estado obligar a los privados a tener estructuralmente el interfaz urbano-rural con planes preventivos".
Como alcaldesa de Quilpué, concuerdo absolutamente con las apreciaciones del ministro Valenzuela. Es urgente que el Parlamento legisle sobre esta materia, más aún si consideramos que las abundantes lluvias caídas en la zona central aumentarán la cantidad de vegetación, incrementando con ello el riesgo de incendios forestales en la temporada que se avecina.
Esto es algo que nos preocupa muchísimo. En la zona sur de Quilpué, por ejemplo, hay una alta densidad de vegetación exótica precisamente en una zona de interfaz, pero al interior de predios privados en los cuales los municipios no podemos intervenir. Como bien lo señala el ministro de Agricultura, hoy no existe ninguna institucionalidad que permita avanzar en la implementación de cortafuegos en terrenos que son privados. Y para quienes no lo saben, el incendio de febrero ingresó a Quilpué justamente por áreas privadas.
Por ello, creemos necesario y urgente legislar para establecer la obligatoriedad de los privados de implementar medidas preventivas en sus predios. Esperamos que el Congreso escuche en esto a los municipios y a las comunidades, se dejen de lado dogmatismos respecto a la propiedad privada y se apruebe una ley que garantice herramientas preventivas en materia de incendios, para así avanzar hacia una institucionalidad más fuerte e integrada, que no deje nuevamente las conclusiones de expertos y de una comisión investigadora guardadas en un cajón, pero, por sobre todo, que impida que estas tragedias se sigan repitiendo.
Valeria Melipillán Alcaldesa de Quilpué
Expulsiones
El director de migraciones señaló recientemente que "no se ha podido expulsar a nadie", a raíz del cierre del consulado de Venezuela en Santiago de Chile.
Ante dicha afirmación, es necesario precisar que la realidad que vive Venezuela data de mucho tiempo atrás, tiempo prudente para haber generado una mirada prospectiva que incorporara los riesgos asociados a esta situación.
Los riesgos van a existir siempre porque, en la mayoría de los casos, son variables que escapan a nuestro control, pero ello no impide que adoptemos las medidas necesarias para mitigarlos y, en lo posible, controlarlos para reducir su nivel de impacto.
Esto es lo que se advierte como ausencia de la autoridad y que genera un grave perjuicio a todos los chilenos.
Jorge Vidal Stuardo
Causas judiciales
Estamos mal acostumbrados. Hoy, tal como ayer, seguimos advirtiendo a los representados "esta causa judicial tomará de uno a dos años como mínimo", muchas veces para asuntos que revisten urgencia y gravedad. ¿Cómo llegamos a tal nivel inaceptable de pasividad?
Quienes somos usuarios de los juzgados nos preguntamos: ¿falta dotación o simplemente es una mala administración? Cualquiera que sea la respuesta, ambos son problemas con evidentes soluciones. Entendiendo que se trata de un poder del Estado diferenciado y con una evidente autonomía, no se explica por qué no han tomado cartas en el asunto para algo que lleva tanto tiempo siendo evidente: la justicia que tarda no es justicia.
A eso, además, se suma la discusión sobre los valores asociados a cada causa judicial, lo que además provoca discriminación entre los ciudadanos que necesitan solucionar un conflicto: receptores, peritajes, arbitrajes, etc. No corresponde, repito, no corresponde que en pleno siglo XXI existan estas diferencias entre los tipos de procedimiento y los gastos asociados.
Sinceramente, ¿qué esperan para mejorar esto? Porque llega a dar vergüenza intentar explicar esto a un cliente, a un representado que contrata servicios profesionales esperando una solución y no otro problema, como lo es el judicializar un conflicto.
Una vez más, el culpable de esto está entre los legisladores y las Cortes superiores, lugares donde abundan las excusas y escasea la responsabilidad.
Carlos Muñoz Lecerf
20 años del GES
El 3 de septiembre de 2004 fue publicada en Chile la Ley 19.966, que establece un régimen de Garantías En Salud. Este es el último gran esfuerzo de una reforma sanitaria que ha tenido cabida en nuestro país en los últimos 20 años y a pesar de que el 1 de septiembre de 2022 se lanza el copago 0, es algo que sigue la línea de la reforma ya iniciada del GES.
Las Garantías Explícitas en Salud (GES), de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad, tienen como objetivo garantizar la atención y tratamiento de ciertos problemas de salud que a través del tiempo han ido aumentando. En el inicio abordaba 56 problemas. De ahí hasta el 2013 se agregaron 24 problemas de salud, para el 2019 llegar a 85 y en 2022 a 87, que son los problemas de salud abordados hasta hoy.
¿Cuál será futuro del GES? ¿Seguir agregando patologías hasta llegar a 100, 200, 1.000, o avanzaremos hacia una reforma integral y completa? La fallida propuesta de cambio constitucional puso sobre la mesa una posible respuesta, que parecemos haber olvidado: la salud universal.
La próxima reforma en salud para Chile debe, sin lugar a duda, poner en el centro de la atención a la persona con todas sus dimensiones, integrando su quehacer desde las determinantes sociales, con una perspectiva territorial y un fuerte enfoque en la prevención y promoción, enfocándola desde una perspectiva de derecho a través de la cobertura universal. Esperemos que la Atención Primaria en Salud Universal (APS-U) sea el puntapié inicial para ello.
Diego Silva Jiménez Académico Facultad de Medicina, Universidad Central