Un Estado Mayor Conjunto de Seguridad que involucre los niveles de decisión política, operativo y otras instituciones capaces de aportar información, bajo la conducción y el liderazgo del Presidente de la República, propone el exsenador, tres veces ministro de Justicia y extitular de Defensa, José Antonio Gómez Urrutia (Partido Radical), como forma efectiva de combatir y prevenir la violencia criminal.

Su planteamiento asemeja la organización para enfrentar la crisis de seguridad con la estructura que el país se da en los casos de desastres como terremotos, megaincendios u otros. Allí las ramas de las Fuerzas Armadas quedan bajo una sola conducción, la del Jefe del Estado Mayor Conjunto, que en este caso sería la del Presidente, porque mientras no se cree el Ministerio de Seguridad, "es el único que tiene el mando y el poder para determinar que las instituciones del Estado actúen en conjunto" en esta materia.

Nivel de decisión

- ¿Quiénes formarían parte de este Estado Mayor Conjunto de Seguridad?

- Hay un nivel de decisión política integrado por el ministro del Interior, con subsecretarios, directores de Carabineros y PDI, y delegado presidencial; el ministro de Defensa con la subsecretaría y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, más el jefe del Estado Mayor Conjunto; el ministro de Hacienda con el jefe de Presupuestos; el ministro de Justicia con la subsecretaría, Gendarmería, Registro Civil y ex Sename; el Ministerio Público con las unidades correspondientes a crimen organizado, delitos económicos y sexuales, jóvenes y corrupción; y la Contraloría General, puesto que el nivel político va a requerir una serie de decisiones, ya que aquí se analizan las acciones que se pueden realizar de forma inmediata, a mediano o largo plazo.

- ¿Qué acciones, por ejemplo?

- La necesidad de reforzamiento institucional. Por ejemplo, el Ministerio Público está pidiendo recursos, pero si uno analiza la capacidad de su acción de persecución criminal, es bastante baja. Por lo tanto, se necesita examinar por qué es bajo ese resultado, para qué se precisan los recursos y para qué los van a utilizar, porque adicionalmente -entre otras cosas- hay que abordar la necesidad de cárceles para que el combate a la delincuencia tenga consecuencias en el desarrollo posterior a la toma de decisiones.

BASES INTEGRADAS

- Menciona después un nivel operativo del Estado Mayor Conjunto de Seguridad.

- Se refiere a la fase de análisis e integración de las bases de datos. Es indispensable que esté constituido por los organismos de inteligencia que existen en Chile. La ANI, Carabineros, PDI, los servicios de inteligencia de las FF.AA. y de Gendarmería, que hay que crear, potenciar y desarrollar. En las cárceles están los jefes de las organizaciones criminales; se necesita entonces un equipo con capacidad de análisis que hay que especializar en crimen organizado, delitos económicos, narcotráfico, delitos comunes, delitos sexuales. Adicionalmente, hay que incorporar otras áreas del Estado que están dispersas y que no colaboran con la rapidez que se requiere en este aspecto.

- ¿De qué áreas se trata?

- En el ámbito del seguimiento del dinero, el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General, Unidad de Análisis Financiero, Comisión para el Mercado Financiero, Superintendencias de Bancos y de Casinos. En el caso de las fronteras, la Dirección del Territorio Marítimo, Aduanas, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Servicio de Migración. En cuanto a las armas, la Dirección General de Movilización Nacional. Si se logra integrar estas bases de datos, a través de los niveles de inteligencia es posible perseguir a estas organizaciones o estos delitos desde la estructura global del Estado. Además hay que incorporar las del Banco Unificado de Delitos del Ministerio Público y del Ministerio del Interior; de ADN Criminal del Servicio Médico Legal, la de imputados del Ministerio Público, la de Gendarmería y las sentencias del Poder Judicial.

- Eso implica una cantidad enorme de información.

- De esa manera se configura una gran base de datos y una estructura de trabajo donde se tiene al Estado, con todo su poder, en la investigación y la determinación de operaciones. Así se logra interceptar con anterioridad la comisión del delito. Hoy día nos alegramos porque se detuvo a los culpables de determinados homicidios. Pero es necesario centrar los esfuerzos en investigar, detectar y neutralizar a las organizaciones criminales previamente a la comisión de los delitos.

Hora de la acción

- La tercera fase del Estado Mayor apunta a la integración de otras instituciones.

- Son instituciones que aportan a requerimientos de esta institucionalidad, o por motu proprio, como las gobernaciones, los municipios, los notarios, los conservadores de bienes raíces, los bancos, la comunidad, los propios medios de comunicación que investigan; el corretaje de propiedades, las armerías. Es decir, todo lo que tiene relación con los delitos.

- Existe una Política Nacional Contra el Crimen Organizado que está alojada en la Subsecretaria del Interior. ¿No ha dado resultados?

- Aquí no se trata de políticas o de crear más cosas. Se trata de acción, de ejecución, de decisión política, de tomar el toro por las astas y ejercer el liderazgo. Ese es el punto. No sigamos haciendo proyectos, leyes, qué se yo. No. Con lo que tenemos, podemos actuar y podemos hacerlo con fuerza. Las organizaciones criminales penetran en los estados, en los países que son débiles. Si nosotros nos ponemos fuertes, van a pensar en entrar a otros países más que en el nuestro.

- Como ministro de Justicia usted trabajó en la implementación de la reforma procesal penal, hoy muy criticada por garantista.

- Ese es un antiguo eslogan. La cantidad de prisiones preventivas y gente presa es hoy mucho más que antes. No es un tema de garantismo, sino de cómo se logra primero potenciar al organismo que realiza la persecución criminal. En cifras generales del Ministerio Público, existieron 1.523.000 delitos en 2023, 1.700.000 imputados y 1.500.000 víctimas. El resultado es que de esa cifra de imputados, fueron condenados 220 mil y el resto quedó libre, sin sanción. De esos 220 mil, sólo 80 mil fueron privativos de libertad. El resto fueron medidas alternativas y multas. Entonces, hay entre 1.200.000 y 1.300.000 víctimas que no recibieron respuesta del Estado. Hay que modificar el sistema, hacerlo más eficiente, revisar algunas leyes.

CORRUPCIÓN EN CHILE

- ¿Casos como el de Luis Hermosilla, Factop y otros le han hecho cambiar su percepción sobre el avance de la corrupción en Chile?

- Creo que todos los análisis que hacemos desde el punto de vista de la realidad gruesa, indican que Chile sigue siendo un país bastante poco corrupto en términos generales. Sí se producen hechos escandalosos como éste y otros que han aparecido, por lo tanto hay que lograr de alguna manera evitar la permeabilidad en el ámbito de la corrupción, que puede ser a través de este organismo o de generar ciertas normas que permitan que personas que están en altos grados de la institucionalidad tengan sanciones muy duras y graves para evitar la tentación de que se involucren en ella.

-Respecto de los dichos del Presidente por la prisión preventiva de Hermosilla, ¿usted está entre quienes los tildan de imprudencia o los apoyan?

- El Presidente Aguirre Cerda decía que "gobernar es educar". Todo Chile tiene que saber que la prisión preventiva y la investigación no hacen culpable a una persona, y que existe el principio de inocencia. Cuando el Presidente formula esas declaraciones sobre el caso, en mi opinión es un error grave. En el fondo, él tiene la obligación de educar y de hacer conocer al país cuáles son los principios del Derecho y los que todos debemos aceptar y defender. Sin perjuicio de que tiene todo el derecho de hacer una valoración política y de que me parece importante recalcar que en Chile aquella persona que posee conexiones o es poderosa tiene que cumplir la ley. 2

De 1.700.000 imputados en 2023, fueron condenados 220 mil y el resto quedó libre, sin sanción (...). Hay entre 1.200.000 y 1.300.000 víctimas que no recibieron respuesta del Estado".

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

el exsenador integró los gabinetes de eduardo frei ruiz-tagle, ricardo lagos y michelle bachelet.

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