En un giro triste e inesperado, la investigación realizada por el Ministerio Público y la PDI sobre el megaincendio que arrasó con miles de viviendas y dejó 136 fallecidos los días 2 y 3 de febrero de este año, ha derivado en un mazazo al prestigio de las tres instituciones llamadas a responder con rapidez y eficacia en este tipo de emergencias: Conaf, Bomberos y Senapred. La detención de Elías Antonio Salazar Inostroza (39 años), quien se desempeñaba como operador técnico del Centro de Alerta Temprana de Senapred y alcanzó el cargo de teniente primero en la Decimotercera Compañía de Bomberos de Placilla, en Valparaíso, por su presunta participación en el siniestro, se suma a los otros dos implicados que permanecen en prisión preventiva en el penal de Santiago 1 por el delito de incendio con resultado de muerte. Uno es el exbombero de Placilla, Francisco Mondaca Mella (22), sindicado como el autor material del fuego y exfuncionario de Conaf, Franco Pino, considerado como el autor intelectual del hecho. El alcance final del profundo daño provocado por la acción de los tres imputados quedará aclarado con las indagaciones de Fiscalía y PDI, que no descartan más implicados en la causa, pero antes que exista esa resolución puede pasar un año entero, debido a las complejidades de las pesquisas en curso. Por ello, Conaf, Senapred y Bomberos deben avanzar con rapidez en sus procesos internos, con el fin de restaurar un prestigio mellado por la acción de sus propios integrantes. Este camino requiere decisiones valientes y complejas, como lo demostró el directorio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, al dejar fuera de servicio a la Decimotercera Compañía, pero se trata de medidas indispensables para enfrentar con transparencia y determinación la necesaria rehabilitación de la credibilidad institucional. No puede pasar que por la culpa de un puñado de delincuentes que no respetó el probado compromiso de dichas instituciones con el cuidado de la comunidad, el resto de sus funcionarios y voluntarios sean afectados por el descrédito y la difamación.

La actividad pesquera de la merluza arrastra una situación compleja. La especie cumple cerca de 12 años en sobreexplotación y si bien el Comité Científico indica que "muestra algunas señales relativas de recuperación", la verdad es que sus problemas siguen siendo los mismos desde hace décadas.

Los inicios de los 2000 fueron críticos, ya que los desembarques bajaron más de un 50% en 2004 y 2005. Al revisar información de la época, se discutía de la "gran crisis de la merluza", la que impactó fuertemente al sector artesanal e industrial. Tan fuerte ha sido el declive, que el sector industrial, que llegó a operar con más de 50 naves de arrastre de fondo en el Biobío, hoy ha disminuido a siete y la fusión de empresas ha concentrado en pocos actores la participación industrial, buscando hacer viable los permisos de operación.

A pesar de esta disminución, aún existe espacio para avanzar en regulaciones modernas para este tipo de captura. Sus impactos se han estudiado en el mundo, y su afectación no solo es en las poblaciones de peces y comunidades bentónicas de las zonas donde es utilizada, sino también daña el fondo marino y puede tener efectos a largo plazo en el ecosistema.

Han sido varias las propuestas para disminuir el impacto del arrastre de fondo. Una de ellas fue el congelamiento de la huella, la cual establecía que la flota siguiera pescando merluza común y crustáceos, pero solamente en las áreas donde históricamente lo ha hecho, evitando así su expansión. Esta medida estuvo en manos de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pero pese al acuerdo transversal para llevarla adelante, nunca se concretó. De hecho, en aquellas oportunidades se reconoció que la medida no significaba la pérdida de empleos.

Hace unas semanas, en el marco de la nueva ley de pesca que se discute en el Congreso, el Subsecretario de Pesca señaló la necesidad de regular el arrastre de fondo con el objetivo de dotar a la Subsecretaría de mejores y mayores herramientas de manejo espacial aplicados a la pesca industrial. La autoridad, además, indicó que esto solo era posible reformando la ley, lo cual no compartimos, considerando que los artes y zonas de pesca pueden regularse administrativamente.

La verdad es que existen ejemplos de este tipo de medida de administración a nivel de experiencia comparada. Así lo explicó la Jefa de la División de Administración Pesquera de Subpesca, indicando que esta acción de manejo se ha utilizado en Nueva Zelanda para priorizar sitios de pesca o para la recuperación de otros a través de mecanismos como el movimiento de flota a través del monitoreo satelital.

Por supuesto, existen otras medidas, como la protección de caladeros de pesca artesanal o programas de recuperación, que contribuirían a recuperar la merluza, pesquería de extrema importancia para las comunidades de pescadores, muchas de las cuales son de la región de Valparaíso.