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"Las modificaciones a la Nueva Educación Pública no abordan problemas de fondo"

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Un planteamiento crítico sobre el proyecto de ley que busca fortalecer la instalación y administración del Sistema de Educación Pública y sus Servicios Locales (SLEP), formula el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, Nelson Vásquez Lara.

"Nos parece que no aborda los problemas de fondo, como el financiamiento, pues se mantiene el mecanismo de subvención por asistencia", expone. Y como los SLEP no reciben aportes de las municipalidades, el 90% o más de los recursos que entrega el Estado se destina a remuneraciones y el sistema queda "sin margen para hacerse cargo de los temas más concretos y reales de gestión".

ASPECTOS AL DEBE

A lo anterior agrega que "no hay una palabra sobre el mejoramiento de los liceos y colegios emblemáticos de las regiones, que se han deteriorado fuertemente en los últimos años", como el liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, en el que estudiaron él mismo y el ministro de Educación.

Tampoco la hay para la educación técnico profesional, en circunstancias que el 50% de los colegios que reciben los SLEP son de esa modalidad, ni existe claridad sobre una estrategia para mejorar los aprendizajes mediante el desarrollo de capacidades y liderazgo de profesores y directivos, detalla el rector, vinculado por más de tres décadas a la PUCV, donde ha sido jefe de Extensión y Docencia del Instituto de Historia, decano de Filosofía y Educación y vicerrector académico.

"omisión increíble"

Los anteriores son algunos de los nudos críticos que detecta un estudio elaborado por la PUCV sobre la iniciativa para fortalecer la Nueva Educación Pública y los SLEP, que se entregará a la Comisión de Educación del Senado como aporte al debate parlamentario.

No obstante, un punto central estriba en que las universidades tradicionales quedan excluidas de los órganos colegiados creados para fortalecer la educación pública, en los que sí se establece la participación de universidades y centros de formación técnica estatales.

- ¿Cómo califica esta disposición del proyecto de ley?

- Nos parece una omisión insólita, increíble, que se nos excluya de participar en el apoyo y en las definiciones regionales de mejoramiento de la educación pública. Porque ocho de las nueve universidades del G9 impartimos formación de profesores a 15.700 estudiantes, con 94 programas y más de 70 años de experiencia en todo el país.

"HAY DESCONSIDERACIÓN"

- Las universidades del G9 se sienten maltratadas por esa y otras situaciones.

- Hasta el año 1981 había dos universidades estatales y seis tradicionales en el país. Somos fundadoras del sistema de educación superior y hemos tenido sin duda un rol muy importante. A partir del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se empezó a configurar en la política pública un trato preferente para las universidades del Estado, y fuimos perdiendo espacio y el rol histórico que habíamos tenido en la definición de ciertas políticas, y sobre todo en materia de financiamiento. Nosotros creemos que allí hubo despreocupación y falta de valoración de nuestro aporte. Piense que tres de las cinco universidades con nivel de excelencia y siete años de acreditación forman parte del G9. Desde el gobierno se dice que no hay un deseo de maltrato o discriminación, pero al observar resultados concretos, asignación de recursos y participación en determinadas políticas, sí hay despreocupación y desconsideración.

- Mencionó que las universidades públicas no estatales deben pagar IVA por sus servicios, a diferencia de las estatales. ¿Cómo las impacta?

- Un 19% adicional es una cantidad muy alta y nos deja fuera de competencia en muchos de los proyectos concursables. Nos parece que detrás de eso hay una injusticia y lo hemos planteado en distintos niveles, pero hasta la fecha no tenemos respuesta. No queremos privilegios, sino igualdad de trato para participar en las licitaciones públicas y privadas de asesorías, de colaboración con organismos públicos, con políticas públicas o con instituciones privadas.

- También que los gobiernos regionales sólo pueden entregar recursos a instituciones no estatales a través de concursos públicos, no por asignaciones directas.

- Durante décadas hemos colaborado fuertemente al desarrollo regional, pero hoy, si el gobierno regional quiere hacer un encargo directo, no lo puede hacer a una universidad tradicional como la nuestra o la Universidad Santa María. Y eso es paradojal, porque en nuestra región el 70% de la investigación, de la innovación con base científico tecnológica, lo realizamos estas dos instituciones. Esto surgió en su minuto en la Ley de Presupuestos, debido a las complicaciones generadas por los casos de las fundaciones. Pero para nosotros, que somos instituciones con alta credibilidad en la sociedad, esto es un verdadero menoscabo.

- ¿Estas disposiciones apuntan a una discriminación arbitraria hacia las universidades tradicionales? ¿A qué lo atribuye? ¿Es una opción ideológica?

- Esto comenzó en el gobierno de la Presidenta Bachelet, en que quisieron generar una política preferente para las universidades del Estado, argumentando que durante la dictadura fueron intervenidas y tuvieron un menoscabo muy importante. Pero las ocho universidades que existían fueron intervenidas, por lo tanto el daño afectó a todo el sistema de educación superior, y no se justifica esa situación. También como G9 hemos sido claros en sostener que estamos llanos a apoyar el planteamiento de las universidades estatales respecto de las restricciones con la Contraloría General, para que tengan las mismas características y condiciones que tenemos las universidades tradicionales, y esa visión se ha mantenido en el tiempo.

FINANCIAMIENTO

- En relación al CAE, usted ha señalado que las universidades no saben cómo está abordando el Ministerio de Educación ese tema.

- El Ministerio está elaborando un proyecto para modificar el financiamiento de la educación superior en Chile. No hemos tenido una información completa sobre el proyecto de ley, por lo tanto es muy difícil pronunciarse sobre esta materia, que requiere una política integral porque son muchos los recursos comprometidos, los aspectos y las aristas que debe contemplar.

- ¿Qué aspectos debería considerar el proyecto?

- Se debe resolver bien cómo se va a abordar el fondo de Crédito Solidario que es patrimonio de las universidades. Pero lo más importante es resolver la deuda de los jóvenes que tienen CAE. En mi opinión, sin conocer el proyecto, me parece sensato y serio separar la situación de las personas que tienen CAE del mecanismo a futuro. Debería haber un sistema que regule los aranceles universitarios, porque el Estado no siempre ha estado en condiciones de pagar el total de los costos de un programa. Por lo tanto, lo más probable es que haya una regulación de los aranceles de las carreras, como ocurre con la gratuidad, y parece sensato que así sea. Otra cosa es con los deudores.

- ¿Puede haber condonación universal?

-Todos los cálculos señalan que los recursos son muy cuantiosos y que el Estado no está en condiciones de realizarla. Creo que debería condonarse la deuda a quienes estudiaron y no pudieron titularse, situación muy distinta a la de quienes se titularon y tienen una remuneración producto de su esfuerzo y del apoyo del Estado. Ese segmento, que tiene una remuneración incluso alta, me parece justo que pague su crédito para que otros jóvenes estudien en el futuro. ¿Cuáles son los términos de pago? Es lo que hay que evaluar.

- ¿Se pueden seguir postergando las nuevas exigencias para entrar a pedagogía que algunos defienden a partir de la falta de profesores?

- La falta de profesores es real y en el futuro va a ser mucho más grave si no hacemos nada. El Consejo de Rectores creó una comisión, que me tocó presidir, que durante un año estudió el problema y planteó 24 recomendaciones para analizar integralmente el tema de la formación de profesores. Uno de los problemas que se observó fue el descenso sistemático del ingreso a pedagogía, pero no es sólo un tema de matrícula, sino mucho más global, y corresponde al Estado generar un programa para abordar por lo menos esas 24 recomendaciones. El problema de fondo de la calidad y el número de profesores no se resuelve sólo modificando los requisitos de ingreso a las pedagogías. Hay que abordar integralmente la situación a través de numerosas acciones, entre ellas el reclutamiento temprano de vocación de profesores y el fortalecimiento de las capacidades de los educadores para trabajar en distintos contextos escolares. Pero el gran tema que nos preocupa en este momento es que las modificaciones de la ley a la Nueva Educación Pública se quedan muy cortas ante el desafío que implica el mejoramiento del sistema. 2

En el proyecto no hay una palabra sobre el mejoramiento de los colegios emblemáticos de las regiones, que se han deteriorado fuertemente, ni tampoco sobre la educación técnico profesional".

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

"

"es insólito que se nos excluya de participar en las definiciones de mejoramiento de la educación".

"Las modificaciones a la Nueva Educación Pública no abordan problemas de fondo"

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Un planteamiento crítico sobre el proyecto de ley que busca fortalecer la instalación y administración del Sistema de Educación Pública y sus Servicios Locales (SLEP), formula el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9, Nelson Vásquez Lara.

"Nos parece que no aborda los problemas de fondo, como el financiamiento, pues se mantiene el mecanismo de subvención por asistencia", expone. Y como los SLEP no reciben aportes de las municipalidades, el 90% o más de los recursos que entrega el Estado se destina a remuneraciones y el sistema queda "sin margen para hacerse cargo de los temas más concretos y reales de gestión".

ASPECTOS AL DEBE

A lo anterior agrega que "no hay una palabra sobre el mejoramiento de los liceos y colegios emblemáticos de las regiones, que se han deteriorado fuertemente en los últimos años", como el liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, en el que estudiaron él mismo y el ministro de Educación.

Tampoco la hay para la educación técnico profesional, en circunstancias que el 50% de los colegios que reciben los SLEP son de esa modalidad, ni existe claridad sobre una estrategia para mejorar los aprendizajes mediante el desarrollo de capacidades y liderazgo de profesores y directivos, detalla el rector, vinculado por más de tres décadas a la PUCV, donde ha sido jefe de Extensión y Docencia del Instituto de Historia, decano de Filosofía y Educación y vicerrector académico.

"omisión increíble"

Los anteriores son algunos de los nudos críticos que detecta un estudio elaborado por la PUCV sobre la iniciativa para fortalecer la Nueva Educación Pública y los SLEP, que se entregará a la Comisión de Educación del Senado como aporte al debate parlamentario.

No obstante, un punto central estriba en que las universidades tradicionales quedan excluidas de los órganos colegiados creados para fortalecer la educación pública, en los que sí se establece la participación de universidades y centros de formación técnica estatales.

- ¿Cómo califica esta disposición del proyecto de ley?

- Nos parece una omisión insólita, increíble, que se nos excluya de participar en el apoyo y en las definiciones regionales de mejoramiento de la educación pública. Porque ocho de las nueve universidades del G9 impartimos formación de profesores a 15.700 estudiantes, con 94 programas y más de 70 años de experiencia en todo el país.

"HAY DESCONSIDERACIÓN"

- Las universidades del G9 se sienten maltratadas por esa y otras situaciones.

- Hasta el año 1981 había dos universidades estatales y seis tradicionales en el país. Somos fundadoras del sistema de educación superior y hemos tenido sin duda un rol muy importante. A partir del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se empezó a configurar en la política pública un trato preferente para las universidades del Estado, y fuimos perdiendo espacio y el rol histórico que habíamos tenido en la definición de ciertas políticas, y sobre todo en materia de financiamiento. Nosotros creemos que allí hubo despreocupación y falta de valoración de nuestro aporte. Piense que tres de las cinco universidades con nivel de excelencia y siete años de acreditación forman parte del G9. Desde el gobierno se dice que no hay un deseo de maltrato o discriminación, pero al observar resultados concretos, asignación de recursos y participación en determinadas políticas, sí hay despreocupación y desconsideración.

- Mencionó que las universidades públicas no estatales deben pagar IVA por sus servicios, a diferencia de las estatales. ¿Cómo las impacta?

- Un 19% adicional es una cantidad muy alta y nos deja fuera de competencia en muchos de los proyectos concursables. Nos parece que detrás de eso hay una injusticia y lo hemos planteado en distintos niveles, pero hasta la fecha no tenemos respuesta. No queremos privilegios, sino igualdad de trato para participar en las licitaciones públicas y privadas de asesorías, de colaboración con organismos públicos, con políticas públicas o con instituciones privadas.

- También que los gobiernos regionales sólo pueden entregar recursos a instituciones no estatales a través de concursos públicos, no por asignaciones directas.

- Durante décadas hemos colaborado fuertemente al desarrollo regional, pero hoy, si el gobierno regional quiere hacer un encargo directo, no lo puede hacer a una universidad tradicional como la nuestra o la Universidad Santa María. Y eso es paradojal, porque en nuestra región el 70% de la investigación, de la innovación con base científico tecnológica, lo realizamos estas dos instituciones. Esto surgió en su minuto en la Ley de Presupuestos, debido a las complicaciones generadas por los casos de las fundaciones. Pero para nosotros, que somos instituciones con alta credibilidad en la sociedad, esto es un verdadero menoscabo.

- ¿Estas disposiciones apuntan a una discriminación arbitraria hacia las universidades tradicionales? ¿A qué lo atribuye? ¿Es una opción ideológica?

- Esto comenzó en el gobierno de la Presidenta Bachelet, en que quisieron generar una política preferente para las universidades del Estado, argumentando que durante la dictadura fueron intervenidas y tuvieron un menoscabo muy importante. Pero las ocho universidades que existían fueron intervenidas, por lo tanto el daño afectó a todo el sistema de educación superior, y no se justifica esa situación. También como G9 hemos sido claros en sostener que estamos llanos a apoyar el planteamiento de las universidades estatales respecto de las restricciones con la Contraloría General, para que tengan las mismas características y condiciones que tenemos las universidades tradicionales, y esa visión se ha mantenido en el tiempo.

FINANCIAMIENTO

- En relación al CAE, usted ha señalado que las universidades no saben cómo está abordando el Ministerio de Educación ese tema.

- El Ministerio está elaborando un proyecto para modificar el financiamiento de la educación superior en Chile. No hemos tenido una información completa sobre el proyecto de ley, por lo tanto es muy difícil pronunciarse sobre esta materia, que requiere una política integral porque son muchos los recursos comprometidos, los aspectos y las aristas que debe contemplar.

- ¿Qué aspectos debería considerar el proyecto?

- Se debe resolver bien cómo se va a abordar el fondo de Crédito Solidario que es patrimonio de las universidades. Pero lo más importante es resolver la deuda de los jóvenes que tienen CAE. En mi opinión, sin conocer el proyecto, me parece sensato y serio separar la situación de las personas que tienen CAE del mecanismo a futuro. Debería haber un sistema que regule los aranceles universitarios, porque el Estado no siempre ha estado en condiciones de pagar el total de los costos de un programa. Por lo tanto, lo más probable es que haya una regulación de los aranceles de las carreras, como ocurre con la gratuidad, y parece sensato que así sea. Otra cosa es con los deudores.

- ¿Puede haber condonación universal?

-Todos los cálculos señalan que los recursos son muy cuantiosos y que el Estado no está en condiciones de realizarla. Creo que debería condonarse la deuda a quienes estudiaron y no pudieron titularse, situación muy distinta a la de quienes se titularon y tienen una remuneración producto de su esfuerzo y del apoyo del Estado. Ese segmento, que tiene una remuneración incluso alta, me parece justo que pague su crédito para que otros jóvenes estudien en el futuro. ¿Cuáles son los términos de pago? Es lo que hay que evaluar.

- ¿Se pueden seguir postergando las nuevas exigencias para entrar a pedagogía que algunos defienden a partir de la falta de profesores?

- La falta de profesores es real y en el futuro va a ser mucho más grave si no hacemos nada. El Consejo de Rectores creó una comisión, que me tocó presidir, que durante un año estudió el problema y planteó 24 recomendaciones para analizar integralmente el tema de la formación de profesores. Uno de los problemas que se observó fue el descenso sistemático del ingreso a pedagogía, pero no es sólo un tema de matrícula, sino mucho más global, y corresponde al Estado generar un programa para abordar por lo menos esas 24 recomendaciones. El problema de fondo de la calidad y el número de profesores no se resuelve sólo modificando los requisitos de ingreso a las pedagogías. Hay que abordar integralmente la situación a través de numerosas acciones, entre ellas el reclutamiento temprano de vocación de profesores y el fortalecimiento de las capacidades de los educadores para trabajar en distintos contextos escolares. Pero el gran tema que nos preocupa en este momento es que las modificaciones de la ley a la Nueva Educación Pública se quedan muy cortas ante el desafío que implica el mejoramiento del sistema. 2

En el proyecto no hay una palabra sobre el mejoramiento de los colegios emblemáticos de las regiones, que se han deteriorado fuertemente, ni tampoco sobre la educación técnico profesional".

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

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"es insólito que se nos excluya de participar en las definiciones de mejoramiento de la educación".