Casa de Vivanco fue allanada: jueza no había entregado todos sus dispositivos
DILIGENCIA. La diligencia pedida por la Fiscalía fue visada de manera verbal por el controvertido juez Daniel Urrutia, a quien la defensa de la magistrada buscará inhabilitar. Se recogieron un segundo teléfono y una tablet de la suspendida ministra.
La casa de la suspendida ministra de Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue allanada en las últimas horas en el marco de la investigación penal que enfrenta por la "trama bielorrusa", derivada del caso Audios-Hermosilla, por los presuntos delitos tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.
Entre otras acusaciones, la magistrada pudo favorecer a una empresa minera de capitales bielorrusos tras revertir un fallo que originalmente era a favor de Codelco, resolución tomada en tiempo récord por la Tercera Sala que ella encabezaba, lo que provocó que el máximo tribunal abriera un cuaderno de remoción en su contra, al que este lunes agregó más cargos.
Personal del OS7 de Carabineros llegó hasta el domicilio de Vivanco, en la comuna de Las Condes, con una orden dictada verbalmente por el polémico juez Daniel Urrutia Labreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras solicitud de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lleva la causa contra la ministra.
Cuestionamientos
La diligencia, que incluía la instrucción de descerrajar en caso de que la policía no pudiese ingresar, fue visada por este magistrado que también ha enfrentado variados cuestionamientos en su labor, como una sanción del Poder Judicial por autoasignarse un caso del estallido social y un sumario por permitir videollamadas de criminales en la Cárcel de Alta Seguridad.
La defensa de Vivanco, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, evalúa requerir la inhabilidad de Urrutia, puesto que éste, que es muy activo en redes sociales, a través de una serie de retuits en X ha deslizado una opinión favorable a la remoción de la ministra, en el marco del proceso disciplinario que desarrolla la Corte Suprema.
Manríquez expuso ayer que, "es bastante discutible que los Tribunales de Garantía puedan entregar órdenes verbales cuyos fundamentos no se conocen, por tanto, no quedan sujetos al control de sus fundamentos, de acuerdo con el artículo 36 del Código Procesal Penal; hay acciones de amparo que han corregido estas situaciones".
Además, el jurista apuntó que, "según los antecedentes, el señor Urrutia mantiene asuntos pendientes ante la Sala (de la Corte Suprema que integraba Vivanco), razón por la cual podría, eventualmente, ser razonable solicitar y declarar su inhabilidad para seguir resolviendo órdenes en este mismo sentido".
No entregó todo
El Ministerio Público explicó que el 11 de septiembre incautaron un teléfono de la ministra (iPhone 15) y un computador Sony, pero que "de información con fuente en tribunales se señala que ella maneja más de un celular. Al proceder a verificar dicha información con la revisión de la agenda del teléfono entregado por Ángela Vivanco, se pudo constatar que efectivamente mantiene otro teléfono celular. Además, el computador Sony aparece de antigua data, ya que desde el año 2014 que Sony dejó de fabricar computadores".
También sostiene que "la entrega voluntaria antes señalada, seleccionando a su conveniencia dispositivos e información para entregar a la investigación, en concepto de la Fiscalía, aparece como una maniobra para evitar una diligencia intrusiva y sus consecuentes resultados exitosos, no obstante, al aparecer la existencia de otros teléfonos celulares es de presumir ocultamiento de información".
En la solicitud de la diligencia se plantea que en el marco de su declaración, la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, "expresó que el 17 de septiembre de 2024 tenía junto a doña Ángela Vivanco un viaje fuera del país, a destino lejano, no entregando información de cuál era el país de destino, por lo que se hace necesario la diligencias en la forma pedida". Sin perjuicio de ello, cercanos a la pareja indican que el viaje no se concretó.