Redacción

A dos semanas de que se produzca la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez (el 1 de octubre), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, remarcó ayer en radio Cooperativa que el criterio del Gobierno ha sido "muy claro": si una autoridad es imputada, "tiene que dejar el cargo".

El alto oficial está acusado por su supuesta responsabilidad de mando y omisión en abusos policiales cometidos durante el estallido social de octubre de 2019. Y la audiencia estaba fijada originalmente para el 7 de mayo pasado, pero el crimen de tres carabineros en Cañete, que se produjo el 28 de abril, impulsó a la Fiscalía a pedir un aplazamiento, que fue concedido por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, atendida la conmoción generada en la institución policial en ese momento.

Hace apenas un par de semanas, a fines de agosto, en entrevista con radio Cooperativa, la máxima autoridad de la policía uniformada declaró que trabajará "hasta el último segundo, del último minuto, de la última hora y del último día que esté en el cargo". Oficialmente su periodo termina el próximo 9 de noviembre, pero las disposiciones del Gobierno en estos casos podría adelantar su salida.

El subsecretario Monsalve se refirió a esta situación ayer en la misma emisora y aseguró que "el criterio del Gobierno es muy claro, ha sido muy nítido desde el principio en esta materia", y es que "si eventualmente una persona que cumple funciones importantes en el Gobierno o en la institución del Estado es formalizada, tiene que dejar el cargo".

La autoridad añadió que "el Gobierno no considera conveniente, en ninguna condición, en ninguna institución, bajo ninguna persona, que una persona que cumple funciones importantes en una institución sea formalizada en el cumplimiento de esas funciones".

Por ello, "si es que se mantiene la fecha de formalización, el criterio del Gobierno es muy claro y eso no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el proceso judicial, no tiene que ver con la presunción de inocencia; tiene que ver con la necesidad de que las instituciones del Estado funcionen para los fines que están establecidos".

Monsalve insistió en que este "es un criterio parejo", y pese a que el Presidente Boric "tiene facultades eventualmente para pedir el cargo a un general director de Carabineros, no lo ha hecho porque el trabajo con Carabineros es un buen trabajo, tenemos buenos niveles de coordinación. Esto no tiene que ver con el trabajo con Carabineros; tiene que ver con un principio que el Presidente ha fijado para todas las instituciones del Estado".

Andrés Chadwick posee una carrera que se confunde con las últimas décadas de la esfera pública. Participó en la fundación de la UDI, fue uno de quienes integró, más tarde, la firme conducción de ese partido, y finalmente culminó su carrera política (también la concluyó) con el Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Nada muy distinto a la trayectoria de cualquier político profesional en las últimas décadas.

Hasta que se supo de la compleja trama -sería mejor decir enredo- de que da cuenta el celular de Luis Hermosilla.

En esas conversaciones aparece Chadwick mencionado múltiples veces en la red de relaciones que Hermosilla manejaba como si fuera parte de su activo profesional. Más tarde se han revelado gestiones que el propio Chadwick hizo ante la Comisión del Mercado Financiero.

La pregunta que entonces aparece es si acaso Chadwick fue un ingenuo cuyo nombre y amistad era empleada por su amigo Hermosilla o si, en cambio, él sabía o debía saber de qué se trataba el tipo de abogacía, por llamarla así, que llevaba adelante Hermosilla o si, lo que sería peor, él participó de alguna forma de ella, sustituyendo los servicios legales por la simple gestión de influencias.

La respuesta a la pregunta anterior -y en eso lleva toda la razón la ministra del Interior cuando subraya que esta es, en parte, una cuestión institucional- no atinge sólo a Chadwick y la suerte legal o forense que le espera. Se trata de una respuesta que, para bien o para mal, compromete al partido que casi se confunde con su propia trayectoria y al gobierno del que formó parte. Resulta absurdo que el partido y las fuerzas políticas con las que la peripecia vital de Chadwick ha estado atada por décadas, pretendan que los actos de este último y los de quien fue asesor suyo mientras estuvo en el gobierno, les son ajenos, como si se tratara de actos de cualquier hijo de vecino, actos que es posible mirar a lo lejos. No se requiere saber sociología para advertir que el activo profesional de Andrés Chadwick se compuso entre otras virtudes (algunas de ellas tímidas y ocultas) de las redes, los contactos y el prestigio que llegó a adquirir durante su trayectoria pública como político desde la dictadura en adelante y las décadas que han transcurrido desde entonces. La personalidad de Andrés Chadwick se talló al compás de la UDI y la trayectoria de la derecha y, por lo mismo, ambas están indisolublemente ligadas.

Lo anterior es particularmente acusado en una sociedad tan endogámica como la chilena, donde las redes y las lealtades casi se confunden con las habilidades y las virtudes, casi siempre supuestas, de que se hace gala en la vida profesional y que van desde las amistades provenientes del colegio, la comensalidad de la que se participa y la vida política, todo lo cual concurre en este caso, especialmente si las virtudes que se tienen no son las propias del foro legal, sino las de la vida política hechas de contactos, llamadas, lealtades mudas, juegos de toma y daca.

Un político (y Chadwick lo ha sido toda su vida, al extremo que no es en rigor abogado ni nada semejante, sino lo que Weber llamaría un político de profesión) tiene múltiples deberes y entre ellos se encuentra el de respetar las reglas y las instituciones, evitar que su activo político se transforme en activo profesional, transitando, sin más, desde el Estado al quehacer privado menos en la forma que ahora se le reprocha. Y que esos deberes, que no son puramente legales, se cumplan de manera escrupulosa sin pretender -ahora que las cosas parecen grises o se oscurecen- que se trata de asuntos privados es quizá lo que las fuerzas políticas deben recordar a la ciudadanía y, sobre todo, recordarse a sí mismas y a quienes las integran.

Al menos 29 personas habían fallecido hasta el cierre de esta edición en accidentes de tránsito, en medio de masivos viajes por el país previo a las celebraciones de Fiestas Patrias, que este año contarán con cinco días consecutivos de asueto.

Según Carabineros, desde las 14.00 horas del viernes 13 de septiembre hasta las 23.59 del lunes se habían registrado 28 muertes producto de accidentes de tránsito, a quienes ayer se sumó un menor de edad.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló en radio Cooperativa que 10 fallecieron producto de atropellos y 17 por choques de vehículos. A su vez informó que hay 321 lesionados, 61 de ellos graves.

En la mañana de ayer se confirmó la muerte en un accidente de tránsito de un niño de 12 años, por lo que la cifra de fallecidos llegó a 29. Con ello, van cuatro decesos más que en los tres días de Fiestas Patrias de 2023, cuando murieron 25 personas en siniestros viales.

Este accidente ocurrió en el kilómetro 77,5 de la Ruta 78 camino a San Antonio, tras el impacto por alcance de un camión con frutillas con otro de mayor dimensión. Por el hecho resultaron lesionadas dos personas.