Reacciones que transitan entre el emplazamiento condenatorio y la cautela por la observación de un proceso aún sin resultados concretos provocaron los dichos del fiscal Jorge Moya, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de Valparaíso, sobre una posible conexión entre el consejero regional Manuel Murillo y una banda de narcotráfico integrada por tres de sus sobrinos. Si bien el reportaje emitido por Canal 13 la noche del domingo no mostró ninguna evidencia directa de un vínculo entre el core y los condenados por tráfico y robo de vehículos, el persecutor reconoció en cámara que el Ministerio Público iniciará un profundo análisis de las evidencias y testimonios obtenidos durante el juicio realizado este año. La frase exacta de Moya fue que todos estos elementos están bajo análisis para "ver si corresponde una apertura de causa penal" contra Murillo. Es injusto condenar al consejero regional por Valparaíso sin mayor evidencia, pero es posible evaluar la reacción del mundo político ante este caso, el primero que amenaza con vincular el poder disolvente del narcotráfico con una institución tan relevante como el Consejo Regional de Valparaíso. La reacción del PPD, que suspendió la militancia de Murillo hasta que se resuelva el tema, y el tono prudente que emitieron varios consejeros regionales parecen ser las reacciones razonables por el nivel de evidencia, pero no deben escatimarse los esfuerzos para que exista total claridad sobre la duda planteada por la propia Fiscalía al hacer pública la eventual vinculación entre una autoridad electa y una agrupación ilícita. La lucha contra el narcotráfico es una de las tareas más importantes que tiene el Estado. Y dada la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrar las instituciones con el fin de obtener el mayor provecho posible, el esfuerzo debe ser capaz de alinear a policías, fiscalías y todos los entes que están llamados a colaborar en esta tarea en un mismo camino de compromiso con la probidad.

De seguro, este 18 de septiembre, en un país adornado de banderas patrias y engalanado con fondas y ramadas; imbuidos de fervor patrio y entre cuecas, tonadas y aires de nuestra tierra, estaremos conmemorando la independencia de Chile. No puede ser de otra manera, ya que la tradición, el patriotismo y el deseo de fiesta y de parranda nos impulsan a celebrar sin pensar lo que, efectivamente, ocurrió la mañana de ese día de 1810, en la sesión del Cabildo Abierto de Santiago.

Pero, la verdad en su lugar, aquel día el Cabildo sesionó para "consultar y decidir los medios más oportunos para la defensa del Reino y pública tranquilidad", según rezaba la esquela, que en número de 400 y como invitación se repartió entre los notables de Santiago, dada la dramática situación y noticias venidas desde España -Napoleón había invadido la península y el rey Fernando estaba desterrado- y la situación de intranquilidad que invadía la capital -que incluía la existencia de grupos armados de dudosa procedencia-. Y si bien la idea subyacía, ni los más entusiastas "criollos" ni lo más recalcitrantes "realistas" esperaban que la sesión derivara, en su resultado, en una declaración independentista, como desde luego no ocurrió. Lo que sí, y obviamente, los sectores más radicalizados esperaban aprovechar la oportunidad para exigir y lograr la instalación de una Junta de Gobierno.

En su desarrollo, según consigna el acta de la sesión, José Miquel Infante -prohombre de la época y procurador del Cabildo- "con la mayor energía expuso las decisiones legales y que a este pueblo asistían las mismas prerrogativas y derechos que a los de España para fijar un Gobierno igual". Claro, en España se habían constituido juntas de gobierno para enfrentar al invasor y resguardar los derechos de Fernando VII. A la recia y fundada argumentación legal de Infante se agregó la exhibición de documentos provenientes desde Cádiz (Junta de Cádiz, constituida en Consejo de Regencia dada la invasión napoleónica) en que sus autoridades instaban a establecer en América juntas de gobierno señalando que su propia acta de constitución "podrá servir de modelo a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo". Estas argumentaciones, sin duda, tienen que haber pesado en el ánimo de don Mateo de Toro y Zambrano, anciano de 82 años y al momento gobernador de Chile, para poner su cargo a disposición del pueblo representado por el Cabildo Abierto en desarrollo.

El acta de la sesión no consigna, claro está, que algunos realistas que trataron de oponerse a todo cambio apenas pudieron expresarse, pero sí que "todos los prelados, jefes y vecinos… aclamaron con la mayor efusión de su alegría y armoniosa uniformidad que se estableciera una Junta", la cual quedó presidida por el propio Conde de la Conquista en "manifestación de la gratitud que merecía a este generoso pueblo".

Nació así la Primera Junta de Gobierno de Chile. Y aunque esta no declarara nuestra independencia y si se declarara "conservadora de los derechos del rey durante su cautiverio", al final qué más da: sigamos este dieciocho, como siempre, cantando, bailando, comiendo y tomando para celebrar la independencia de Chile.