Gian Franco Giovines D.

Para Michel Figueroa, director del capítulo chileno en Transparencia Internacional, los diez meses de escándalos del Caso Audios, hoy agudizados por los chats que comprometen a fiscales, exdirectores de la PDI y ministros de la Corte Suprema, suponen el mayor escándalo de corrupción desde el retorno a la democracia. En diálogo con El Mercurio de Valparaíso, el administrador público Universidad de de Concepción y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la U. de Chile, advierte que "desde los años 90, no habíamos tenido ese nivel de actividad delictual en todos los poderes del Estado".

-De acuerdo a los hechos revelados, la ministra Vivanco y el abogado Hermosilla intercambiaban favores y se concertaban para impulsar candidaturas en la Corte Suprema y boicotear otras. También hay chats que comprometen a los ministros Matus, Muñoz y Carroza. ¿Qué análisis se hace de esta crisis del Poder Judicial?

-Lo que observamos es que es un caso de corrupción política, donde lo que vemos es cómo una persona que está fuera del poder estatal, que no ocupa ningún cargo público, es capaz de determinar las decisiones que un poder del Estado, y desde ahí encontrar un beneficio particular, que en este caso lo que hemos visto es que no sólo él (Hermosilla) buscaba ganancias económicas, sino que también obtiene beneficios a través de las decisiones del Poder Judicial, donde gente que requirió ser condenada por un delito, quedaba fuera del cumplimiento estas obligaciones y terminaba, además, devolviendo favores a través de otros cargos en el Poder Judicial, que le permitían mantener el control de todos los organismos de la Justicia, como los notarios, los conservadores, o incluso quienes integraban la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

-¿Es esta la crisis más grande que ha afectado al Poder Judicial?

-Al menos en nuestra historia democrática, no sólo es la más grande que ha afectado al Poder Judicial, sino también podría llegar a ser el caso de corrupción más grande que conocemos desde los años 90. Porque si miramos hacia atrás, no tenemos antecedentes de casos de corrupción -por ejemplo, el caso de Codelco, SQM, o el Chiledeportes- que tenga ribetes en los tres poderes del Estado. En este caso, estamos viendo cómo exministros de Interior y de otras carteras de gobiernos pasados, cómo algunos diputados y senadores, tenían conversaciones con esta persona y cómo el Poder Judicial había sido penetrado.

-¿Cómo afecta este caso a la percepción de los ciudadanos respecto del sistema judicial?

-Lo que tiende a pasar con este tipo de casos es que las personas comienzan a desconfiar completamente de cómo se toman las decisiones, de qué intereses realmente se defienden en este tipo de espacios e, incluso, podríamos llegar a la percepción de incluso querer desobedecer decisiones tomadas por los tribunales, porque vamos a ilegitimar la forma en que estas fueron tomadas. Por tanto, nos pone en una grave crisis institucional.

-En las conversaciones entre Vivanco y Hermosilla, ¿qué delitos se podrían configurar?

-Dependiendo de los hechos que se logren acreditar luego de las investigaciones, lo que podríamos estar viendo es la posibilidad de cohecho, porque lo que vemos es que la señora Vivanco debería haber recibido algún tipo de beneficio por modificar decisiones de interferir en este tipo de acciones, y en los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, e incluso en relación de guardar el secreto y los antecedentes que esta persona conoce bajo el puesto que ocupa en el Poder Judicial.

-La Corte Suprema suspendió a Vivanco y anunció la apertura de un cuaderno de remoción. ¿Considera que la ministra puede seguir ejerciendo en el Poder Judicial?

-En primer lugar, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y lo que se está haciendo, justamente, es iniciar un proceso de disciplina interno del Poder Judicial, que lo que busca es evaluar si los antecedentes que se tienen a la vista son constitutivos de un asalto a las obligaciones que tienen los miembros de la Corte Suprema. Si se logran acreditar los hechos que hemos conocido a través de las investigaciones periodísticas son reales, ella efectivamente debiese ser removida del Poder Judicial, y quedará inhabilitada para poder ejercer cualquier cargo público. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque hay otros ministros de la Corte que han aparecido en las conversaciones del señor Hermosilla y que, por tanto, también hay que ver cuál es la probabilidad de que esas investigaciones luego se formalicen.

-Hoy el sistema de nombramientos de ministros depende de la misma Corte, el Presidente y el Senado, que vota los nombres. ¿Debe ser reformado el sistema de designación de ministros?

-Desde el punto de vista internacional, los mejores sistemas son aquellos que combinan distintos poderes del Estado. El problema no está en la figura del Presidente y de la Corte Suprema, sino aquello que pasa detrás y que no podemos ver. En ese espacio de opacidad, es donde la corrupción empieza a aparecer. Por tanto, tenemos que ser capaces de promover sistemas de nombramiento que en todas las etapas del proceso sean abiertos y transparentes a la ciudadanía, de tal forma que evitemos cualquier espacio de opacidad que le dé cabida a personas corruptas.

-El Poder Judicial y el Poder Legislativo hoy no cuentan con una fiscalización externa. ¿Debiera plantearse la creación de algún organismo con estas atribuciones?

-Hoy justamente existen dos poderes del Estado autotutelados, con sanciones que se establecen a través de comisiones de ética, integradas por ellos mismos, lo que hace que no haya un incentivo para que la sanción funcione de buena forma. Por tanto, necesitamos darle autonomía a un organismo, que sea integrado por agentes externos al Poder, que sea capaz de revisar este tipo de situaciones. Esas facultades hoy en día están restringidas en la Contraloría. Por eso es que tenemos que pensar en una figura similar a esa, pero que tenga un control en cada uno de los poderes del Estado.

-¿Es suficiente el "caiga quién caiga" del mundo político?

-Creo que aquí nos falta una respuesta más institucional del mundo político. Hay que recordar que en todos estos procesos de nombramiento, de remoción, la política no es indiferente, y aquí hemos observado un gran silencio generalizado de los distintos sectores políticos, de buscar una respuesta más profunda a este tipo de problemas que están enraizados en nuestra sociedad, más allá de los discursos del caiga quien caiga.

-Hablemos de la corrupción en los municipios. En los últimos años, se han iniciado investigaciones por presunta malversación de fondos municipales en Viña del Mar, Algarrobo, San Antonio, Rinconada, Nogales y Quilpué, entre otras. ¿La Región de Valparaíso es una zona roja en términos de corrupción, o responde a una situación país?

-Lo que estamos observando, particularmente en la región, es que en un gran porcentaje de los municipios han sido detectados casos de corrupción. Hay que entender que los municipios tienen muchas funciones y pasa mucha plata por sus manos, por lo que el riesgo de tentarse o de querer hacer las cosas mal, es muy alto. A eso, le sumamos que los concejos municipales son muy débiles y no cumplen la labor de fiscalización, y que existen pocos mecanismos de control externos. Hoy tenemos una Contraloría que si bien puede investigar lo que ocurre en los municipios, no tiene dientes ni garras para aplicar sanciones. Al final, le estamos dejando la puerta abierta a que puedan se puedan cometer irregularidades que nadie detecta. Todo esto, levanta una particular alerta de lo que está pasando en la Región.

" "Aquí falta una respuesta más institucional del mundo político. Hemos observado un gran silencio generalizado de los distintos sectores, de buscar una respuesta más profunda a este tipo de problemas que están enraizados en nuestra sociedad, más allá de los discursos del caiga quién caiga".

"Lo que estamos observando, particularmente en la Región, es que en un gran porcentaje de los municipios han sido detectados casos de corrupción. Esto levanta una particular alerta".