Un desafío de la próxima discusión presupuestaria que se iniciará a fines de este mes, cuando el Gobierno presente su propuesta de aumento para el año 2025, será mejorar la eficiencia del gasto público en todos los organismos del Estado. Aunque existe consenso académico y político sobre la necesidad de iniciar cuanto antes un proceso que incluya profesionalizar muchas áreas críticas de las reparticiones públicas y aplicar mayor equilibrio entre el indispensable control del gasto y el uso pertinente en tiempo y magnitud de dichos recursos, la tarea no ha sido priorizada por ningún Gobierno y los tímidos avances realizados hasta ahora han quedado sepultados bajo las sucesivas contingencias y medidas de emergencia que ha debido aplicar cada administración. La modernización del Estado tiene muchas áreas pendientes, pero su imperativo se siente con particular urgencia a nivel regional. Un caso de ello es que los gobernadores regionales apuestan permanentemente a que el Fisco aumente sus recursos cada año, pero siempre tienen problemas para garantizar el gasto del 100% de las partidas que les entregan. A poco de terminar el noveno mes del año, por ejemplo, el Gobierno Regional de Valparaíso ha gastado alrededor del 50% de los recursos disponibles; pese a ello, la autoridad busca aumentar la disponibilidad de fondos para inversión el 2025. El gobernador Rodrigo Mundaca atribuye dichas dificultades a las características de la Ley de Presupuestos 2024, que incluyó más condiciones y exigencias como demostración de probidad tras los coletazos del caso "Democracia Viva". Mayor eficiencia en las instituciones y mejor productividad en las empresas del Estado y el sector privado son condiciones vinculantes para que nuestro país dé un salto en su desarrollo y deben ser criterios rectores de las decisiones que tomen las autoridades y del diálogo que sostengan con los gremios empresariales y espacios académicos. Mientras antes partan, mejor.

Seis de cada diez comunas están modificando sus planes reguladores, carta de navegación que tienen en cuanto al uso adecuado y consensuado de sus territorios. Pese a que las modificaciones en curso son vistas a veces como un problema que genera incertidumbre, se trata de una herramienta necesaria y valiosa con la que cuentan las instituciones y comunidades organizadas para consensuar nuevos y mejores usos de suelo.

Así, los municipios de la capital y regiones están deliberando nuevos planes, los que determinarán usos del territorio, identificar zonas de riesgo o protegidas, señalar usos compatibles, espacios públicos, definir vialidades, densidades y alturas.

Sin embargo, hay elementos pendientes que pueden -y deben- complementar a este instrumento. Primero, existe consenso en que una comuna requiere de un buen plan, lo que lamentablemente no evita que puedan implementarse proyectos que generen impactos. O bien al revés: muy buenas iniciativas emplazadas donde no existe regulación o tienen instrumentos antiguos. Entonces, más allá del plan, la calidad del diseño de los proyectos es clave y debe resguardarse a través de equipos idóneos, una coordinación intersectorial y más concursos públicos.

Segundo, la hiperdensidad -con la postal de los denominados guetos verticales de Estación Central-, sigue siendo un problema no resuelto, lo que en muchas ciudades ha causado reacciones ciudadanas con alturas mínimas. Al mismo tiempo, estamos en una emergencia habitacional que requiere de todo tipo de soluciones, obligando la pregunta: ¿cuál es la altura y densidad que nos da una solución?

Diversos análisis sobre densidad armónica o equilibrada han intentado resolver la pregunta, especialmente en entornos de corredores de transporte público, inversiones públicas que intentan beneficiar a la mayor población posible. O, también, saber que un edificio de más de 20 pisos disminuye la capacidad y tiempo de evacuación segura en emergencias.

A esto podemos sumar que se han publicado estudios que indican que es deseable que se densifiquen los entornos de las nuevas líneas de metro en Santiago (la 7 en construcción y en planificación y en estudios la 8 y 9), para aprovechar estas favorables condiciones. Por el contrario, podría haber comercio, equipamientos y servicios bien ubicados y menores tiempos para sus traslados.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT), que trabaja en su actualización tratando sobre lo urbano y lo rural, puede volver a pronunciarse y proponer una salida legislativa para resolver la controversia de las alturas, en medio de un debate que empuja a limitar el crecimiento. Además de contar con la visión y estudios técnicos de esa entidad, resulta útil conocer qué mirada existe hoy desde el Estado sobre los diferentes tipos de desarrollo.

Todo esto es un desafío para las nuevas autoridades, como alcaldes y concejales, que serán electas para encabezar la planificación. En ese sentido, el Estado, la academia y los privados juegan roles clave en esas discusiones, todo para llegar al objetivo común de la mejor ciudad.