¿Cuántas veces tendremos una oportunidad tan manifiesta de cambiar el futuro de la Región de Valparaíso como la que asoma, acaso tímida pero real, el próximo sábado 26 y el domingo 27 de octubre? Para empezar, podremos decidir quién dirigirá nuestras comunas. Si usted cree que la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, es un sueño hecho realidad, que el empleo está boyante, que las calles brillan de tan limpias que las deja la hidrolavadora del alcalde Sharp, que las empresas se pelean por instalarse en el Plan, que sus concejales son sumamente capaces y se desloman trabajando, y que, junto con Bruselas, debe ser una de las ciudades más seguras del mundo, por lo que lo más justo es que nos den la sede del BBNJ, que muy pronto se concrete el Acuerdo por Valparaíso y nos construyan un maravilloso terminal para pasajeros de cruceros que quieren dejar sus dólares en los cerros desoyendo las advertencias de la Embajada de Estados Unidos de ni acercarse a la ciudad, ya sabe que debe votar por el continuismo. No se complique.

El problema, con todo, no es Carla Meyer, quien siendo justos parece estar mejor preparada intelectualmente que varios de sus rivales. El problema ni siquiera es Jorge Sharp, quien tampoco se cree mayormente el cuento. El problema es la cáfila de sharpistas que se fueron multiplicando, muchos de los cuales quedarán enquistados quién sabe hasta cuándo en la ciudad sin haber realizado una sola obra o germinado una pinche idea que valiera la pena. Son los y las tristes sharplovers o groupies.

Hace algunos días, en una conversación con un líder gremial de la Región, éste aplaudía candorosamente la labor de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial-Área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, sin darse cuenta de que máquinas de la estulticia y la ignorancia como ésas son precisamente las que tienen a la ciudad en el suelo. Lo mismo corre para toda esa generación de arquitectos tan guapos e inteligentes que, apoyados en el lejano y trasnochado ejemplo de Sergio Fajardo en Medellín, nos iban a explicar cómo reconstruirían Valparaíso para crear una nueva sociedad tan justa, bella y ondera. Envejecieron tanto o peor que sus ideas, su arrogancia y su esnobismo de fines de 2016. Lo peor de todo es que muchos aún se encantan con la idea.

Las universidades estatales, entre ellas la Universidad de Playa Ancha, estamos viviendo un momento histórico que debemos enfatizar y valorar debidamente. Es la culminación de dos procesos de signo opuesto, iniciados en 1918 y 1973: el "Grito de Córdoba", que desató reformas universitarias democráticas en todo el continente, y el golpe cívico militar que revirtió estas reformas en Chile.

Recién en diciembre pasado pudimos aplaudir que el Presidente de la República firmara la aprobación de nuevos estatutos orgánicos para las universidades estatales. Así, las propias instituciones podían darse el ordenamiento interno que decidieran autónomamente. El estatuto de la Universidad de Playa Ancha se publicó finalmente el 3 de julio pasado en el Diario Oficial, estableciendo un nuevo marco jurídico que permitió el primer gran hito de su implementación: la elección triestamental del nuevo Senado Universitario, que formalmente se constituyó esta semana.

Este Senado es un claro ejemplo de mayor democracia y participación en la nueva etapa. Es un órgano colegiado que representa a toda la comunidad universitaria, pues cuenta con 22 académicos y académicas, 6 estudiantes y 4 funcionarios y funcionarias, todos elegidos democráticamente por sus propios pares. Desde ahora estará encargado principalmente de ejercer funciones resolutivas en importantes materias académicas e institucionales; entre ellas, elaborar periódicamente el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad.

El nuevo estatuto orgánico dispone la creación de otro órgano colegiado: el Consejo Superior, que asumirá la definición de la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando además por su cumplimiento.

Su constitución será el próximo hito histórico. Una vez más estarán representados los tres estamentos universitarios, a través de cuatro integrantes nombrados por el Senado. En este cuerpo la representatividad es de otro tipo, ya que también lo integrarán tres representantes del Presidente de la República y una persona titulada de la UPLA con trayectoria destacada y reconocido vínculo profesional con la región. A esta última también la nombra el Senado Universitario, a partir de una terna propuesta por el Gobierno Regional.

Como puede notarse, la triestamentalidad es central en este proceso. Estudiantes, docentes y personal administrativo participan por igual, cada uno de sus representantes con derecho a voz y voto. Creo que no se ha dimensionado en todo su alcance la maravilla de tener órganos colectivos de gobierno que abarquen a estos tres mundos, sustantivos para la existencia de una universidad.

¿Estamos contentos? Por supuesto, ya que hemos dado pasos gigantescos en la dirección democratizadora que nos marcó el "Grito de Córdoba". ¿Vamos a seguir construyendo en esa dirección? Claro que sí. Todavía tenemos que optimizar lo que hemos logrado. En algún momento debiéramos hacer una modificación trascendental para que la participación sea mayor. Es posible. El Senado Universitario y el Consejo Superior tendrán mucho que decir en este sentido.

El cambio climático ha alterado profundamente en cómo se desarrolla y opera la infraestructura en el mundo. En Chile, los impactos del calentamiento global se han vuelto cada vez más evidentes, como las sequías prolongadas, las precipitaciones intensas, las marejadas y fuertes vientos que producen daños de diversa consideración. Resulta evidente que estos eventos extremos exigen una revisión de la manera en que diseñamos, construimos y mantenemos nuestras obras, especialmente, en sectores críticos, como el transporte y las áreas urbanas.

Hasta ahora, los proyectos se han diseñado basándose en registros históricos y aislados de eventos como lluvias, vientos, sismos, nieve y nivel freático, entre otros. Sin embargo, este enfoque ya no es suficiente: los cambios en los patrones están alterando el funcionamiento de las infraestructuras. Por ejemplo, las proyecciones indican que las sequías en la zona centro-sur del país serán más prolongadas, mientras que las lluvias seguirán ocurriendo de forma repentina y concentrada, generando riesgos de inundaciones, deslizamientos y erosión.

Ante este contexto, se deben revisar los estándares de diseño para incluir mayores niveles de seguridad dependiendo de los niveles de riesgos, vida útil, mejorando además los mecanismos de fiscalización y control de calidad, como también diferenciar zonas geográficas y tipos de suelos para los sistemas de drenaje y obras subterráneas, además de promover el uso de materiales sostenibles que ofrezcan mayor resistencia y durabilidad.

Por otro lado, los sistemas de monitoreo en tiempo real y la digitalización de la infraestructura permiten identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en emergencias, facilitando una gestión más eficiente y proactiva ante escenarios críticos.

Al mismo tiempo, las soluciones basadas en la naturaleza han surgido como enfoques eficaces y sostenibles. La creación de espacios verdes inundables y zonas de almacenamiento ayuda a absorber y canalizar el exceso de aguas lluvia, mitigar el calor en las ciudades y mejorar la calidad del aire. La planificación en los territorios también juega un papel clave en las primeras etapas, priorizando la ubicación de obras en zonas menos vulnerables.

Chile enfrenta una encrucijada, pues adaptarse al cambio climático es esencial para garantizar la funcionalidad a largo plazo de las obras y proteger a las personas y a las comunidades que dependen de ellas hoy. Actuar ahora es la única manera de asegurar que nuestra infraestructura pueda resistir los desafíos climáticos actuales y futuros, y seguir contribuyendo al desarrollo sostenible del país.