Sebastián Mejías O.

A casi dos años de la denuncia por notable abandono de deberes que cinco concejales de Quilpué presentaron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) contra el exalcalde Mauricio Viñambres, por supuestas irregularidades en los contratos de los trabajadores del zoológico municipal, finalmente llegó el fallo que descartó las imputaciones que se hicieron, así como la inhabilitación para poder ejercer cargos públicos por cinco años.

En definitiva, el TER estimó que "el hecho denunciado, acreditado y acogido, no reviste los caracteres ni la entidad suficiente para estimar configurado el notable abandono de deberes". El fallo fue contundente, ya que de manera unánime el tribunal descartó que el exalcalde Viñambres haya incurrido en un notable abandono de deberes o en faltas a la probidad administrativa.

Es más, el abogado de Viñambres, Andrés Silva, precisó que en "su lectura detallada del fallo queda en evidencia que el exalcalde, antes de terminar su periodo, resolvió la situación de dichos trabajadores sin causar ningún perjuicio al patrimonio municipal". Agregó que "lo importante de este fallo es que, además, demuestra que las acusaciones que se hicieron en contra del exalcalde Viñambres no tenían sustento para configurar abandono de deberes e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por cinco años, como algunos pretendían, motivados más bien por mezquinas razones electorales y políticas y no en antecedentes serios que justificaran la acusación que realizaron".

"Uno esperaría ahora, al menos, un reconocimiento público de quienes acusaron al exalcalde, en el sentido que se equivocaron rotundamente al promover este requerimiento sin fundamentos", señaló el abogado.

Persecución política

El exalcalde Viñambres dijo que "nunca hubo un problema con los trabajadores hasta que la Contraloría nos dijo que no debíamos tenerlos por el Código del Trabajo, pero no teníamos ni los recursos ni la infraestructura para sumarlos a la planta". Al final, señala, "fueron integrados el 2020 en su totalidad, excepto dos, por un problema con antecedentes de uno y porque la planta no contemplaba veterinarios".

Pese a ello, y justo al final de su gestión, lamentó que el informe de Contraloría quedara con cuestionamientos, siendo aprovechado por cinco concejales que, según Viñambres, son cercanos al Frente Amplio y apoyaron a la alcaldesa Valeria Melipillán.

A dos años de la denuncia, valoró la decisión del TER, aunque los concejales todavía tienen tiempo para apelar al fallo ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Lo que hubo acá, según Viñambres, "fue una persecución política por parte del Frente Amplio", valorando, de paso, "el apoyo que recibió de los ediles Mónica Neira, Renzo Aranda y Paola Olguín, que conocieron mi gestión y sabían que no era posible todo lo que se me imputaba".

Con el fallo del TER, Viñambres destaca que "nuevamente se demuestra que las mentiras e injurias políticas no aportan en nada a la gestión de la ciudad".

"golpe a fiscalización"

Una de las denunciantes, la edil independiente pro Frente Amplio, Paula Castro, comentó que "las resoluciones que emiten los tribunales no son cuestionables, más allá de que podamos estar de acuerdo o no con la sentencia". Aun así, y como lección, cree que "se deben fortalecer las metodologías que tiene el Concejo como ente fiscalizador, para garantizar a tiempo el cumplimiento de los dictámenes de Contraloría, que en este caso pidió regularizar la situación de los funcionarios del zoológico".

De si apelarán en el Tricel, indicó que "aún no se ha conversado", advirtiendo que "el problema es el desincentivo a fiscalizar este tipo de situaciones, ya que las costas de estos juicios corren a cuenta de los concejales".

Por su parte, la concejala Carolina Contreras criticó el fallo del TER, considerando "muy lamentable la sentencia, así como un desincentivo para que las autoridades puedan ejercer un rol fiscalizador en el ejercicio de sus funciones y perseguir este tipo de faltas a la probidad administrativa, como las que incurrió el exalcalde, Mauricio Viñambres".

La candidata a consejera regional del Frente Amplio (FA) por Valparaíso, Casablanca y Juan Fernández, Jocelyn Venegas, apuesta por un mayor protagonismo del Gore en la planificación de obras de infraestructura y en la toma de decisiones fiscales, todo con el objetivo de proyectar un desarrollo autónomo de la región.

- ¿Qué cambiaría del manejo del Gore y el Core?

- Hoy, el Gobierno Regional debe profundizar y avanzar en mayor descentralización, y eso implica un diálogo permanente con el Gobierno central. Creo que las regiones deben tener más autonomía para poder definir su inversión y su estrategia de desarrollo, no conformarse con el financiamiento en base a la demanda, sino que ser un actor clave en el diagnóstico y las propuestas.

- En términos de priorizar la inversión, ¿cómo se debe proceder?

- Es muy importante que en la región tengamos más obras relevantes, fue hace muchos años el túnel La Pólvora, o la urgencia de avanzar hoy con el nuevo Hospital Carlos van Buren y la costosa habilitación que implicará su instalación, debate en el que el Gobierno Regional debe manifestarse. Es importante que se pueda proyectar la región con macroobras, con inversión presupuestaria del Gobierno regional y también de las diversas carteras, planificando la región que queremos.

- ¿Cree que se ha hecho lo suficiente por el territorio que busca representar?

- El Gobierno Regional ha cumplido un rol fundamental para poder aportar al bienestar y el desarrollo de las comunas de Valparaíso, Casablanca y Juan Fernández en un sinnúmero de proyectos de infraestructura, como también en adquisiciones de insumos para las mejoras de la calidad de vida de las personas, pero hay que avanzar en la calidad del Patrimonio de la Humanidad en Valparaíso. No hay inversión presupuestaria para poder mejorar los ascensores o los edificios que hoy están deshabitados.

- ¿Cree que deben aumentar las competencias del Gore y el Core?

- Es imperioso aumentar las competencias del Gobierno Regional, pero sin inventar la rueda. No es necesario pensar nuevos mecanismos o proyectos de ley que intenten que el Consejo Regional sea un órgano legislativo o algo parecido, cuando el ordenamiento jurídico de Chile no lo permite. Lo que hay que hacer es profundizar el proceso de descentralización delimitado en la misma ley que dio el paso a la elección de los gobernadores regionales. Es necesario avanzar en el traspaso de competencias en materia fiscal, ya que aquello nos permitirá tener más autonomía para decidir sobre los recursos que nuestra región produce y genera, los que en su mayoría se van a arcas nacionales.