Una discusión no menor instaló el arquitecto y candidato a la alcaldía de Viña, Iván Poduje, al quejarse -en referencia a la carta de Chile Vamos para el Gobierno Regional, María José Hoffmann- de que "hay candidatos que sólo hablan de la seguridad, la seguridad, la seguridad".

Es cierto. Si bien la situación regional en términos de seguridad es desastrosa por varios motivos, entre los cuales se pueden contar la baja dotación de Carabineros y PDI, la decepcionante gestión al respecto por parte de la Delegación Presidencial Regional, la displicencia inicial de las alcaldías del Frente Amplio y, mayoritariamente, del alcalde de Valparaíso con el comercio ambulante, el bajo desempeño del Ministerio Público en términos de calidad probatoria y el abierto garantismo de la Justicia, sí hay otros temas que atender. Prueba de ello es la profunda crisis estructural que vive la Salud -expresada últimamente en el cierre de pabellones del Hospital Van Buren- y la postergación por un año de la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de Costa Central (Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví) y Marga Marga (Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana), en tanto el SLEP ya implementado en Valparaíso y Juan Fernández pasa por su peor momento.

El aumento y priorización del Presupuesto 2025 por parte del Presidente Boric, con un incremento de recursos respecto del presente año por el 2,7% con focos en Seguridad, Salud, Vivienda y Educación, pese a que el Consejo Fiscal Autónomo había recomendado no sobrepasar el 1,6% para poder cumplir con la regla fiscal impuesta por el propio Gobierno, bien puede leerse como un genuino intento por corregir las inequidades o también como un simple ofertón de año electoral.

La diferencia a hacer, y eso es algo que tampoco ha entendido el gobernador Rodrigo Mundaca, radica en que no basta con el mero traspaso de recursos, sino que necesariamente se debe apuntalar la gestión. De otra manera, siempre podremos contar con dinero para ambulancias, pero no las tendremos si al director del SSVSA se le olvida firmar los papeles para dar curso a su adquisición, cosa que ocurrió para las últimas Fiestas Patrias con las del SAMU del Van Buren.

A partir de este 1 de octubre de 2024, los hogares chilenos enfrentarán una nueva alza en las tarifas eléctricas, con un incremento del 23%, según lo anunciado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este ajuste, proceso derivado del descongelamiento de las tarifas iniciado en julio, ha generado preocupación en un contexto donde las familias y las empresas ya enfrentan presiones económicas por la inflación y los altos costos de vida. Por tanto, este tema requiere una reflexión sobre su origen, sus consecuencias y las alternativas que tenemos como país para mitigar estos efectos.

El origen del alza se debe al cese de las medidas de congelamiento tarifario implementadas en los últimos años, que surgieron como respuesta a la pandemia y su impacto en los hogares. Si bien esta decisión logró contener temporalmente los costos energéticos, hoy el mercado eléctrico se enfrenta a la necesidad de ajustar las tarifas a niveles más acordes con los costos de generación y distribución. Estos costos, además, se han visto presionados por una combinación de factores, incluidos los precios internacionales de los combustibles, el tipo de cambio y los desafíos asociados a la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Para los hogares, este ajuste en las tarifas se produce en un momento especialmente complicado. Los datos recientes muestran que muchas familias están dedicando una proporción creciente de sus ingresos a gastos esenciales, como alimentos y transporte. El aumento de las tarifas eléctricas podría profundizar las desigualdades económicas, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Aquí es donde el rol del Estado se vuelve crucial: es necesario considerar políticas de apoyo directo, como subsidios o mecanismos de tarifa social, para mitigar el impacto en los más afectados.

Finalmente, no podemos ignorar el desafío estructural que representa la dependencia de las energías tradicionales en la matriz energética chilena. A pesar de los avances en energía solar y eólica, la transición hacia una matriz completamente sustentable ha sido lenta.

La volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles y la creciente demanda energética plantean interrogantes sobre la resiliencia del sistema eléctrico chileno. En ese sentido, se hace urgente acelerar los proyectos de inversión en energías limpias no sólo como una respuesta al cambio climático, sino también como una estrategia para garantizar la estabilidad de los precios a largo plazo.