Cristián Rojas M.

En redes sociales comenzó a circular un video e imágenes de quien sería el presunto autor de la matanza de aves ocurrida en la playa de Ritoque el pasado viernes 27, conduciendo una camioneta roja. Se trataría de Cristóbal Verschae, dueño de la empresa de arriendo de vehículos Verschae Rental.

Al respecto, el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, recordó que abrieron una investigación de oficio "por diversos delitos, en este caso el delito de maltrato animal causando muerte, que agrava la figura, además de un delito de conducción con placa patente correspondiente a otro vehículo. Esos son, al menos, los principales delitos base, más alguna figura medioambiental que también puede ser aplicable en esta causa".

El persecutor precisó que "se está trabajando recopilando toda la información disponible, con la Policía de Investigaciones de Quintero, quienes están llevando a cabo diversas diligencias, tomando declaraciones a testigos presenciales, especialmente a las personas que efectuaron la búsqueda de esta persona, lo grabaron y son testigos presenciales del hecho".

Bravo hizo presente que "el objetivo es obtener todos los antecedentes de imputación para poder formalizar la investigación en contra de esta persona producto de esos delitos".

Declaración pública

Por su parte, el gerente general del Grupo Verschae, Matías Verschae González, emitió una declaración pública en la que señala que "en relación a los lamentables sucesos protagonizados por el señor Cristóbal Verschae González en la playa de Ritoque, los cuales repudiamos, lamentamos, condenamos y denunciamos, queremos comunicar públicamente que dicha persona no mantiene ningún tipo de relación con las actividades que refieren al grupo de empresas Verschae. Cabe señalar que Verschae Rental, empresa relacionada al señor Cristóbal Verschae, no tiene relación alguna con las empresas del holding".

Agrega que "nos ponemos a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación con los antecedentes que podamos aportar".

A raíz del deleznable ataque que dañó gravemente la flora y fauna del sector, provocando la muerte de aves, autoridades llegaron hasta la playa de Ritoque para hacer un llamado a concientizar sobre la fragilidad de este ecosistema y las acciones en curso frente a los hechos ocurridos.

En la ocasión, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, recordó que "existe la orden ministerial número 2 del Ministerio de Defensa que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados actualmente, y que la autoridad marítima controla mediante multas".

La autoridad puntualizó que "también interpusimos una denuncia ante Fiscalía por las responsabilidades penales que puedan caber respecto a maltrato animal. Esto está reglado en el artículo 291 bis del Código Penal y, por lo tanto, pueden corresponder en este caso, además de maltrato, y con ocasión de muerte o que también ocasionan menoscabo físico a la especie, la responsabilidad penal que puede caber es en grado de consumado y, por lo tanto, de presidio menor en un grado medio".

Remarcó que el objetivo es "también dar una señal a la ciudadanía, (...) el comportamiento de todas y todos es muy importante y también hay responsabilidades".

Fortalecer la normativa

Por otro lado, Proaño hizo hincapié en que "fortalecer la regulación es muy importante, por eso se está tramitando actualmente -ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente está en el Senado- un proyecto de ley para aumentar las multas, prohibir el ingreso de automóviles motorizados a playas, dunas y humedales urbanos, eso también es algo que se agregó durante la tramitación, (...) y en la reincidencia, duplicar la multa que se establece para estos casos".

Actualmente la multa "es menor a 5 UTM, y ahora es de 5 UTM hacia arriba, se duplica por reincidencia, pero además establece la suspensión de la licencia o de renovación de licencia en casos de reincidencia. Pero aquí es importante destacar que en el caso de maltrato animal, lo que establece el Código Penal, aparte de las responsabilidades penales, que son de presidio menor en un grado medio, también se establecen multas de 20 a 30 UTM, en el caso, por ejemplo, de la denuncia que interpusimos ante Fiscalía".

Consultado sobre si, en caso de que Cristóbal Verschae sea formalizado, el Ministerio del Medio Ambiente se haría parte, Proaño indicó que "en la medida que se cuente con mayores antecedentes, nosotros podríamos, eventualmente, ser partícipes también de una querella, y ya no sólo la denuncia".

"El objetivo es obtener todos los antecedentes de imputación para poder formalizar la investigación en contra de esta persona".

Pablo Bravo, Fiscal jefe de Quintero

En el Día Nacional del Medio Ambiente, el subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño, anunció in situ la publicación en el Diario Oficial de las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero-Puchuncaví, medida que es parte de las que ordenó la Corte Suprema y es la primera en implementarse en el país.

El instrumento, que busca proteger y conservar este ecosistema de la Región de Valparaíso, fue valorado por el subsecretario Proaño, quien recorrió junto a autoridades de la Armada y municipalidades, el área que será normada. "Este es un gran hito para el país y, especialmente, para las personas de la zona, ya que es una de las 40 medidas que como Gobierno estamos impulsando para descontaminar Quintero y Puchuncaví", señaló la autoridad, profundizando en que "estas normas permitirán cuidar de una manera efectiva la valiosa naturaleza de esta zona mediante la mantención y mejoramiento de la calidad de las aguas, tanto continentales como marinas".

La Superintendencia del Medio Ambiente es el servicio público que deberá monitorear que los índices impuestos cumplan con las nuevas normas.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó ayer veredicto condenatorio en contra de seis acusados por el homicidio de la suboficial mayor de Carabineros Rita Olivares Raio, perpetrado la madrugada del 26 de marzo de 2023 en El Belloto, comuna de Quilpué, en medio de un procedimiento policial que se inició por la denuncia de un robo con violencia a un domicilio del sector.

La resolución fue adoptada por los magistrados Fernán Rioseco (presidente del cuerpo colegiado), Claudio Correa y Claudia Parra (jueza redactora) y pesa sobre los hermanos Edward y Maximiliano Alexander Fuenzalida Leiva, Matías Ignacio Peralta Parra, Luis Vicente Martínez Conde Riesco, Miguel Axel Acevedo Tauda y Cristián Alejandro Rodríguez Figueroa, quienes arriesgan una pena de presidio perpetuo calificado.

Junto a ellos también fue condenada Elizabeth Alejandra Soto Soto, en calidad de encubridora de los ilícitos cometidos ese fatídico día.

Robo con intimidación

A su vez, y producto de los hechos acaecidos ese 26 de marzo, el tribunal condenó a los seis involucrados en el asesinato de la funcionaria de Carabineros como autores del delito de robo con intimidación y violencia en perjuicio de Esteban Ríos Presmita, a cuyo domicilio ingresaron para sustraer dinero y especies, atraco que fue denunciado y que derivó en el fatal desenlace.

A raíz de ese procedimiento, los acusados también fueron condenados por el delito de homicidio en grado de desarrollo tentado en contra del sargento primero José Luis Quezada Flores y el sargento segundo Ronald Aros Rivera López.

Fatal portonazo

En este juicio oral, que se inició el 6 de agosto, cinco integrantes de esta banda fueron procesados y condenados por el delito de robo con violencia que perpetraron el 16 de marzo en la calle Los Quillayes de Belloto Norte, en Quilpué, lugar donde procedieron a sustraer el vehículo de Claudio Molina Carvajal.

Además, tres fueron hallados culpables del homicidio del ingeniero Stephano Hernández Urízar (28), quien fue víctima de un portonazo el 18 de marzo a las afueras de su domicilio, ubicado en la Población Teniente Serrano de Quilpué. Al resistirse al asalto, el profesional recibió un disparo en el cráneo que acabó con su vida dos días después.

A estos ilícitos también se sumaron condenas por porte ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones y tráfico de estupefacientes.

La lectura de la sentencia se llevará a cabo el 25 de octubre, a las 13.00 horas, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.